Voces indígenas y ciudadanas de Puerto López, Meta, exigen participación en Catastro Multipropósito

En Puerto López, Meta, los pueblos indígenas enfrentan desafíos significativos en términos de reconocimiento territorial y seguridad jurídica sobre sus tierras. A pesar de su arraigo en la región, esta situación les expone de manera particular frente a proyectos de expansión agroindustrial y presiones externas.

El Catastro Multipropósito-CMP surge como una oportunidad clave para estos pueblos, ya que busca actualizar y formalizar la información sobre la propiedad de la tierra, garantizando seguridad jurídica y acceso a derechos territoriales. Esta herramienta no solo permitiría clarificar la extensión y límites de sus territorios, sino que también abriría la puerta a proyectos sostenibles adaptados a sus necesidades y tradiciones.

Sin embargo, la implementación de esta operación catastral debe hacerse con un enfoque diferencial que respete las formas tradicionales de gobernanza indígena y reconozca sus derechos históricos. Es fundamental que las comunidades sean consultadas y participen activamente en el proceso, asegurando que sus territorios no sean fragmentados ni entregados a terceros sin su consentimiento.

En este contexto, la articulación entre el Estado y los pueblos indígenas resulta esencial para garantizar que el CMP se convierta en una herramienta de empoderamiento y protección, en lugar de una amenaza para sus formas de vida.

A pesar de los beneficios que el Catastro Multipropósito promete, su implementación en Puerto López ha generado preocupaciones entre distintos sectores de la población. En la zona urbana, varios habitantes han expresado su inconformidad debido a que consideran que el proceso no está abordando de manera integral los aspectos sociales, económicos y jurídicos de los predios. “Sólo se tiene en cuenta lo físico, ni siquiera entran a las casas a ver cómo son las condiciones en las que uno vive y si uno no está le toman una foto a la propiedad por fuera y listo”, expresó uno de los habitantes del municipio.

Esto ha derivado en incertidumbre sobre la regularización de propiedades y el impacto que esto pueda tener en el cobro del impuesto predial y otros trámites administrativos. Además, se ha señalado que el levantamiento catastral no está tomando en cuenta de manera suficiente la diversidad de usos de la tierra ni las condiciones de los pobladores. Para los y las indígenas, esto representa un riesgo, ya que una actualización inadecuada de la información podría generar nuevos conflictos territoriales o desconocer los acuerdos comunitarios existentes sobre la distribución de la tierra. Es fundamental que el proceso catastral incorpore un enfoque participativo que garantice la voz de las comunidades y respete sus derechos colectivos.

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Escuelas itinerantes de comunicación para la paz

En este contexto, El Cuarto Mosquetero realizó dos espacios de formación, uno en la zona rural y otro en la zona urbana del municipio. Se abordaron temas como la desmitificación del CMP, su verdadera labor e importancia, el trabajo de las instituciones presentes en la operación catastral y las herramientas que tiene a la mano la ciudadanía para participar y exigir una correcta operación catastral.

Quienes asistieron a ambas escuelas de formación insistieron en la necesidad de que el catastro multipropósito en Puerto López sea implementado con un enfoque de diálogo y concertación. Esto implica no solo visitas técnicas y levantamientos topográficos, sino también procesos de socialización efectivos que permitan aclarar las implicaciones de la actualización catastral y atender las inquietudes de la población. Un proceso inclusivo podría contribuir no solo a la seguridad jurídica de la tierra, sino también al fortalecimiento del tejido social.

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El caso de la población indígena pijao

En los límites entre Puerto López y Villavicencio, en la frontera que divide ambos municipios, se encuentra el Cabildo Indígena Pijao Asoyawari. Este pueblo, originario del sur del Tolima, proviene de territorios históricos como Coyaima, Natagaima, Ortega, Chaparral y San Antonio. Sus ancestros y ancestras formaban parte de la Gran Nación Pijao, que abarcó vastas regiones y estuvo ligada al imperio incaico.

El pueblo Pijao, reconocido por su relación armónica con la naturaleza, ha enfrentado una larga historia de despojo territorial. El censo de 2005 del DANE reportó que 58.810 personas se autorreconocieron como Pijao, aunque la gran mayoría permanece en el Tolima, un porcentaje significativo ha migrado a regiones como el Meta, buscando mejores condiciones de vida.

Uno de los principales retos que enfrentan las comunidades Pijao en el Meta es el acceso a la tierra. Actualmente, el Cabildo Asoyawari está ubicado en el predio Yahuazo, en la vereda Indostán. Se trata de un terreno de 252 hectáreas que arriendan y que está en proceso de extinción de dominio bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales -SAE-. Además, su condición geográfica lo hace vulnerable: es una sabana inundable, seca en verano y afectada por inundaciones en invierno.

Desde 2022, el cabildo ha enfrentado intentos de ocupación posesión, lo que ha derivado en enfrentamientos y amenazas. Según Carlos Lozano, gobernador del cabildo, también han recibido intimidaciones de presuntos propietarios ligados al narcotráfico. «Las amenazas continuaron, nos vigilaban con drones, avionetas, a caballo y en motocross. Hay quienes creen que los indígenas somos ladrones, pero somos agricultores y trabajamos para nuestra subsistencia», señala Lozano.

Ante esta situación, la comunidad cuenta con una medida de protección de la UNP y vigilancia policial constante. Además, enfrentan amenazas de grupos de «tierreros» que buscan apropiarse del predio. A pesar de las dificultades, el cabildo mantiene su vocación agrícola y actualmente desarrolla un proyecto de reforestación en 56 hectáreas para recuperar fuentes hídricas. No obstante, la falta de acceso formal a la tierra limita su capacidad de recibir proyectos productivos adecuados a sus necesidades. «Necesitamos un diagnóstico real de nuestros suelos para acceder a proyectos productivos viables», exigen.

En este contexto, la metodología del catastro multipropósito se ha convertido en una herramienta clave para fortalecer la lucha del cabildo por el reconocimiento de su territorio. Mediante un ejercicio pedagógico que relaciona el cuerpo con el territorio, los participantes comprendieron que el catastro multipropósito estudia aspectos físicos, económicos, jurídicos y sociales de los predios. Este enfoque resalta que el territorio es un espacio de relación y resistencia para las comunidades indígenas.

El Cabildo Indígena Pijao Asoyawari sigue exigiendo que se les otorgue el reconocimiento oficial de la tierra que habitan y el acceso a proyectos acorde a su realidad. «No queremos ser ignorados más tiempo. Nuestras tierras deben ser reconocidas a nivel nacional, y nuestras voces deben ser escuchadas», concluyen.