La Veeduría Vial del Meta realizó una serie de estudios e investigaciones que evidencian 174 puntos importantes de los cuales 21 requieren de una intervención inmediata o de lo contrario la vía colapsaría dentro de muy poco tiempo, esto teniendo en cuenta que el segundo trimestre del año es uno de los más lluviosos, situación que agudiza el estado de riesgo de la carretera.
Los puntos críticos de la vía corresponden a los tramos de Bogotá-Cáqueza, Cáqueza-Chirajara y Chirajara-Villavicencio. Ante la situación, la Veeduría alertó a los gobernantes y a las empresas que tienen la concesión en la vía para que tomen medidas de mitigación temprana y así mismo trabajen en soluciones para evitar el cierre total del corredor vial, tal como sucedió en el año 2019.
Para ese entonces, según reportó la Asociación Nacional de Industriales – ANDI, debido al cierre, a diario se perdían cuatro mil millones de pesos, un fuerte impacto en la economía regional del cual aún se sentirían los rezagos. En diálogos con las y los habitantes del municipio de Guayabetal, quienes vivieron con mayor intensidad los cierres para ese año, aseguraron que el costo de vida allí se incrementó y que además muchas familias sufrieron escasez de alimentos, no solo porque no entraban los transportadores, sino porque los trabajos de los cuales dependían, no podían funcionar, ya que eran sostenidos solamente por el comercio ligado a la carretera.
Tal fue el caso de Ana y Mariela, dos mujeres cabeza de familia, quienes explicaron a este medio que la emergencia tardó cerca de cuatro meses, tiempo en cual estuvieron sin trabajo y sin posibilidad de movilizarse en caso de una necesidad médica. Aseguraron que, los locales en los que trabajaban se vieron afectados, al igual que ellas como trabajadoras, y que este mismo caso fue el de aproximadamente 50 mujeres que trabajan y viven de los puestos de ventas de arepas y demás suvenires que quedan sobre la vía.
Guayabetal está ubicado entre montañas y nacimientos de agua y tiene una gran área rural en la que también los cierres causaron grandes impactos, tal fue el caso de quienes están ubicados en la vereda Mesa Grande, lugar que fue epicentro del derrumbe. Según relató Jaidy Rey, para ese entonces el derrumbe dejó a la vereda exiliada del casco urbano y de las dos capitales, Bogotá y Villavicencio, dificultando el acceso de alimentos, salud y educación, entre otros derechos básicos. En ese momento, para poder salir de la vereda, las y los habitantes debían pagar la suma de 35 mil pesos y exponerse a dos horas de trayecto en vehículos particulares y motocicletas -antes solo tardaban 30 minutos-, por vías que no contaban con la pavimentación y señalización adecuada. Las personas con las que El Cuarto Mosquetero pudo hablar, aseguraron que un nuevo cierre implicaría una crisis humanitaria difícil de superar, una situación que vivieron en el 2019 y que no están dispuestas a repetir.
Frente a los hallazgos de la Veeduría, el gremio hotelero expresó su angustia; la Asociación Hotelera y Turística de Colombia – Cotelco capítulo Meta, reiteró la importancia que tiene el correcto funcionamiento de la vía para mantenerse a flote, en este sentido reiteraron la importancia que el Gobierno Nacional mire hacía este costado del país y tome medidas junto con las concesionarias, pues aseguran que no quieren tener que llegar a despedir más del 60% de la planta de empleados, como sucedió en la anterior emergencia.
Además, Sandra Celis, presidenta de la Veeduría Ciudadana Vial del Meta expresó que, una de las mayores angustias por el estado de la vía se debe al tiempo de lluvias “La preocupación es que se viene el invierno y en puntos como el kilómetro 46 donde se está socavando del río Negro perdimos casi que todo un paso total (…) esto hace pensar que el panorama no es grato y menos con la ola invernal que ya se vino”.
Frente a esto, Coviandina especificó que está realizando el manejo de los planes de operación y de atención de caída de derrumbes y están a disposición las 24 horas de lunes a domingo, tanto con personal como con maquinaria, para afrontar las diferentes emergencias, pero que, la temporada invernal de este año no ha afectado la operación del corredor vial.
La presidenta de la veeduría, también mencionó que “el kilómetro 46 y 64 son temas de Invias”, ya que, Coviandina le aclaró a la veeduría que su contrato corresponde únicamente al mantenimiento y operación de la carretera. Sin embargo, la concesionaria le explicó a El Cuarto Mosquetero que los sitios inestables reportados por la veeduría están inventariados, y, pese a que el contrato especifica sus funciones contractuales, Coviandina ha estado en contacto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) haciendo recorridos periódicos en aras de priorizar las intervenciones. Aseguran que la ANI firmó un convenio interadministrativo con Invías y le trasladó $30.000 millones para atender los sitios del km 20 al km 48, abordando el kilómetro 46, en donde se tiene planeada la reparación del puente de la quebrada Estaquecá.
No obstante, los meses siguen avanzando y por ello la veeduría insiste en que se requiere que se ejecuten los trabajos en la vía de inmediato, para no tener riesgo de perder el corredor como hace cuatro años. Finalmente, la ciudadanía también hizo un llamado al Gobierno Nacional de intervenir y dejar plasmado en el Plan de Desarrollo lo que van a hacer en materia vial en la puerta de oro del Llano.
Escrito: Jérrika Aguilar
