En Miraflores, Guaviare se inauguró una central híbrida que genera electricidad mediante paneles solares y diésel, pero trámites burocráticos y ataques de actores armados ponen de manifiesto los retos de generar energías limpias en este tipo de comunidades.
Miraflores es un municipio en medio de la selva Amazónica, al sur del Guaviare, Colombia, donde viven alrededor de 8.000 habitantes. Es un territorio considerado de sexta categoría que, además, se encuentra en zona de reserva forestal. Hace más de 60 años que empezaron a habitar allí las primeras familias. Vivían del caucho.
Luego llegó la bonanza cocalera que, sin embargo, hace unos años fue decayendo cuando los actores que compraban la pasta base de coca encontraron otras zonas más rentables. Esto, junto a políticas gubernamentales, llevó a que muchas familias migraran a cultivos de pancoger y ganadería, no sin antes vivir una gran crisis de la que muchas personas no se sienten aún recuperados.
“Era un municipio pujante y una tierra cocalera, pero eso al día de hoy ya es historia, no quedan sino los recuerdos y el sufrimiento de las personas porque desafortunadamente sí, acá hubo mucha plata y se movió mucho dinero, hubo mucha gente de todo el territorio colombiano, pero a la fecha los que existimos acá –como decimos a ratos– somos los resignados”, recuerda Fidel Rojas, presidente de Asojuntas, que es la asociación municipal que organiza y agrupa a las Juntas de Acción Comunal de cada barrio o vereda.
El casco urbano de este municipio es pequeño y un gran número de habitantes se encuentran en pequeñas poblaciones rurales dispersas. En Miraflores no solo han sufrido por los cambios en sus economías y la presencia de actores armados, sino también por la estigmatización. Vivir en zonas de conflicto armado, muchas veces conlleva a que sus habitantes sean acusados de tener nexos con las guerrillas y mucho más si han vivido o aún subsisten de los cultivos de hoja de coca.
No obstante, también el que se encuentren en la selva, que es un área protegida, conlleva a que sean tildados de deforestadores debido a que varias de las principales actividades económicas que se realizan allí implican la tala de árboles. Según el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), la deforestación en Miraflores está relacionada con los cultivos de coca, ganadería y agricultura de productos como chontaduro, plátano y otros. A esto se suma la construcción de una carretera –que el Gobierno Nacional considera ilegal– que conecta a Miraflores con Calamar, que favorece a este tipo de economías.
Lo cierto es que allí hay 38 Juntas de Acción Comunal conformadas hace más de 25 años, 14 resguardos indígenas, cinco consejos comunitarios de pueblos afrocolombianos y toda una comunidad que exige su derecho a poder acceder a servicios básicos, como el de la energía eléctrica.
El hecho de que no tengan una vía legal que los comunique con el resto del país, y que dependan del transporte fluvial –que no funciona en época de verano– o de las avionetas que no salen todos los días, hace que todos los víveres de primera necesidad sean costosos, incluyendo el diésel, combustible fósil contaminante que ha sido usado durante más de 20 años por las familias, especialmente del casco urbano, para tener electricidad en algunas horas del día.
Tener servicio de energía allí significa contar con señal de celular y por ende con internet.Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en algunas zonas rurales el acceso a internet oscila entre el 2 al 8% del total de la población; sin embargo, en el Guaviare no alcanza a ser ni el 1%.
“El servicio eléctrico garantiza el acceso al servicio de agua –a través de motobombas– y garantiza la conectividad, eso significa que en el momento en que la planta dejaba de funcionar, aquí ya no había datos, redes de telefonía celular, nada, muere todo, porque la luz prende las antenas, y quedamos como hace 20 años”, recuerda con preocupación Ruby Lemus, secretaria de Planeación de la Alcaldía de Miraflores. Ella es quien ha estado al frente del funcionamiento de la Central Híbrida que por primera vez en la corta historia de este municipio, ha representado que tengan servicio de electricidad las 24 horas del día.
Los claroscuros de un proceso burocrático inacabado
La Central Híbrida de Miraflores terminó su proceso de construcción el 27 de febrero de 2024, según el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE). “Construimos con éxito esta solución energética que cuenta con un sistema inteligente y baterías de alta tecnología. Son 1.323 paneles que garantizan el suministro de energía eléctrica las 24 horas del día con una potencia de 701KWp, trazando así un hito para este territorio de paz que no contaba continuamente con este servicio vital para su progreso”, aseguró a principio de año Danny Ramírez, director de esta entidad, recordando que así se beneficiarían 710 familias de las veredas Buenos Aires, La Esperanza, La Guarapa, La Hacienda, La Milagrosa, La Ye, Mateguadua Alto y el sector urbano.
La inversión para la construcción de la Central Híbrida, que se inauguró el 18 de marzo de 2024, fue de más de 16.500 millones de pesos (cerca de 3.8 millones de dólares). Según Visión Amazonía, programa del gobierno colombiano que busca proteger ese territorio, y de Findeter, quienes junto al municipio iniciaron en septiembre del 2018 la fase de estudios; solo tomaría un año el que esta planta empezara a funcionar, es decir, en el 2019. Sin embargo, este proceso requirió seis años más para que “oficialmente” fuera entregada para su funcionamiento.
Pero es aquí donde se prolonga el viacrucis de esta comunidad. El municipio había tenido alrededor de tres plantas de diésel que dejaron de servir. La primera dejó de funcionar en el año 2004, la segunda en 2014, y la tercera se paró en enero de 2024. Ese fue el principal motivante para la construcción de la central.
Energuaviare, la empresa que suministra la energía a San José del Guaviare, fue la contratante y el Consorcio Guaviare Sostenible fue el contratista que debía operar la central.
Según la Alcaldía de Miraflores, la central funciona con tres componentes: un parque solar que consta de 1.323 paneles, baterías y es complementado por plantas diésel. Todo está enlazado y sincronizado con un software que está parametrizado y controlado desde Alemania. Esta fábrica y sus profesionales dejaron todo listo para que funcionara de manera automática.
Los paneles generan 701 kWp, pero como el consumo no siempre es igual al generado, la diferencia se acumula. Cerca del mediodía la carga ya está en los pares de baterías, duran dos horas funcionando aproximadamente, y luego empieza la energía a base de diésel, sin fluctuaciones. Todo depende de lo que se recoja y de lo soleado que esté el día.
Pese a que quizá el personal de Miraflores, que consta de tres técnicos, no está lo suficientemente capacitado como lo requiere este tipo de tecnologías, ellos se vienen capacitando con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y también han recibido asesorías de la empresa contratista. Ejemplo de ello es Arizaldo Capote, técnico en energía solar, líder comunitario y, además, integrante de la emisora Dignidad Estéreo, quien con paciencia describe cada aparato, haciendo uso de su buena memoria, para explicarle a la comunidad, a los escasos periodistas curiosos que llegan allá y a quienes están interesados, cómo funciona la planta.
“Cuando el parque solar va a entrar, lo que hace es descargar la red, toma el mando y funciona la energía solar. La energía solar es como el máster, la cabeza, y el diésel pasa a ser el subordinado, pero cuando ya no hay energía solar, pasa a ser el patrón el diésel, es una sincronía tan perfecta, que en solo segundos uno no alcanza a darse cuenta en qué momento está funcionando cuál”, afirma este hombre de alrededor de 40 años.
Pero, aunque Ruby sabe que no tienen todos los conocimientos necesarios para este tipo de tecnologías, también advierte que no hay una capacidad profesional muy amplia en el país para ello. “Nuestra debilidad no es exclusiva del municipio, sino que es un proceso muy nuevo y para el que tienen que prepararnos, capacitarnos y dejar una capacidad instalada. No pueden decirnos ‘usted no puede, venga lo hago yo, no sea que usted lo dañe’. Yo tengo que garantizar la sostenibilidad en el territorio y eso se logra con los actores en el territorio”, expone de manera apasionada la funcionaria.
También recuerda que hace años, cuando se instaló la primera planta de diésel, no tenían ni idea de su funcionamiento, pero la gente se preparó. Por lo cual ahora están, según dice, “peleando nuestro derecho legal, social y natural de poder operar nuestro proyecto”.
En marzo de 2024 la Alcaldía de Miraflores recibió la planta sin ningún tipo de convenio, lo que impide que puedan generar inversión o reaccionar ante imprevistos, pues además de capacitarse, lo que más les gustaría hacer es poder seguir extendiendo el servicio a las demás veredas que quedaron fuera del proyecto.
De marzo a julio la planta funcionó de manera ininterrumpida. El último informe que subió la IPSE en su página web, fue de abril, donde muestran, según telemetría, que en Miraflores hubo un consumo de 111.542 kWh, y a diferencia de otros territorios a nivel nacional, sí se prestó el servicio 24 horas, con un consumo energético diario de 3.718 kWh.
Sin embargo, la alcaldía aún no cuenta con las condiciones jurídicas para controlar la central. La exigencia de la comunidad de poder operar su propio proyecto y no depender de terceros, encuentra eco con voces de expertas como Paula Hernández, antropóloga que se ha dedicado a investigar cómo se usan los bienes comunes, especialmente en la Amazonía. “Las energías renovables, en este caso solares, permiten que los únicos propietarios no sean solo las empresas, sino también que haya una apropiación de la gente, y no solo una apropiación social sino también económica y política de estas tecnologías dentro de la estrategia de comunidades energéticas de este gobierno se busca que la gente también sepa que puede ser dueña de la energía”, concluye.
Este tipo de tecnologías, tan costosas, requieren de estrategias de sostenibilidad para que realmente puedan tener un impacto a largo plazo en ecosistemas tan importantes como la Amazonía colombiana.
“Las comunidades energéticas tienen una realidad muy difícil, se asocian en torno a una actividad de generación, se reparten tareas y deberes, esa es la filosofía, pero en la realidad cambia, y es ¿Qué tareas puede hacer la comunidad? Porque esos sistemas de generación requieren de unas capacidades instaladas para que el sistema perdure en el tiempo, por ello se extrae esa responsabilidad de la comunidad y se le asigna a una empresa. Y en ocasiones depende de las regiones, porque hay territorios donde las comunidades sí están muy interesadas en sus procesos energéticos y en asumir estas responsabilidades y en otros territorios no todas las comunidades lo van a poder lograr”, explica Nessim Assad, del centro de pensamiento Polen – Transiciones Justas.
Pero el 10 de agosto un cilindro bomba, probablemente proveniente de uno de los actores armados ilegales que operan en el territorio, explotó en las inmediaciones de la planta solar, y aunque no tenía metralleta, el lodo y la onda expansiva alcanzó a algunos de los paneles, que estiman podrían ser alrededor de 60 esparcidos en los tres sistemas de la Central Híbrida.
A partir de ello, la planta, aunque sigue funcionando las 24 horas, lo hace con el combustible fósil que debería ser usado como sustituto de los paneles solares. Aún la comunidad no ha recibido solución por parte del IPSE y la empresa contratista advierte que no puede intervenir sin saber quién asumiría los costos.
Aunque de manera no oficial les han dicho que los arreglos podrían costar alrededor de 60 millones de pesos (cerca de 14 mil dólares), el municipio no tiene forma de determinar qué tan grave es. Según Ruby, si la alcaldía pudiera, pagaría el arreglo, pero no tiene potestad. Sin embargo, sí han gastado en los últimos meses alrededor de 150 millones de pesos (cerca de 34 mil dólares) en diésel, para lo que requieren estar abriendo licitaciones de mínimas cuantías, para poder abastecerse de este fósil.
Por su parte la IPSE manifestó a El Cuarto Mosquetero que está adelantando los trámites para la entrega de los activos a la administración municipal, que el retraso se ha debido a que no se contaba con una resolución de la CREG para establecer el costo unitario de prestación del servicio, la cual fue expedida recientemente (Resolución 101064) y que ya es de su conocimiento que hay 30 paneles afectados, por lo cual están trabajando en el presupuesto -serían alrededor de 85 millones de pesos- y gestión para recuperar dicha infraestructura a través de una contratación que esperan “sea uno de los primeros contratos suscritos” para el 2025.
Los retos de generar electricidad con el sol en una comunidad no interconectada
Para Juan Pablo Soler, de Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías (SETAA), la decisión de desconectar los paneles estuvo bien, para no dañar todo el sistema, pero no haberlo atendido de manera rápida da cuenta de cómo el IPSE no dejó una capacidad instalada a nivel local.
Considera que las organizaciones sociales del territorio también requieren formación en este tipo de iniciativas, pues con más de 10 años de experiencia, es consciente que la energía fotovoltaica precisamente ha sido la más difícil de digerir, porque su tecnología es compleja y para ello es clave que las comunidades estén organizadas. Según él, parte de lo que debería tener en cuenta cada proyecto es crear un comité de la energía para que todas y todos puedan hacer seguimiento y promover el correcto funcionamiento de esta, así también se motiva a la institucionalidad.
Con lo que coincide Giovanny Pabón, director de energía de Transforma, centro de pensamiento y acción dedicado a promover la acción climática. “Lo peor que le puede pasar a los paneles solares en zonas no interconectadas, es que no puedan continuar con el servicio, por la falta de conocimientos. Están poniendo 16 mil millones en una zona no interconectada. O sea, lo que suele costar cuatro mil millones, allá es mucho más y por ende debería haber una capacitación al personal que va a tener el funcionamiento porque imagínese donde se queme un cable o en este caso el cilindro, es un llamado de alerta a todos los actores, porque este tipo de obras deberían tener un contrato de mantenimiento a largo plazo incluido”, resalta.
Pese a los retos que representa este tipo de proyectos y los costos elevados, las personas expertas están de acuerdo en que son una gran opción, porque si bien tienen que mirarse con lupa los usos y tenencias de la tierra, especialmente en territorios ancestrales; los paneles solares no requieren de tanta extensión de tierra, a menos que sean parques solares. Y aun así, como en el caso de Miraflores, en donde el parque solar no tiene más de dos hectáreas y hay terrenos acondicionados para su uso, la selva suele tener espacios que se adaptan para este tipo de tecnologías.
Según el experto de Transforma, en el caso de Colombia, desde el 2019 se vienen implementando políticas de alto impacto. En los últimos dos años varios de esos proyectos empezaron a producir energía y hoy en día el 4% o 5% corresponde a energía limpia, sin contar que hace poco entraron a funcionar dos parques muy grandes, especialmente de energía solar que es lo que más se ha implementado en el país.
Por ello urge que se deje de dilatar el darle de manera legal la potestad al municipio de intervenir, ya que, como lo advierte Ruby, cuando un centro poblado subsiste de una planta a base de diésel, les puede salir cinco veces más caro que lo que paga la gente por el servicio en ciudades como Bogotá, la capital del país.
Las personas en Miraflores casi no tienen electrodomésticos, por lo que tampoco representa un proceso justo que deban pagar altas cantidades solo para tener servicio de electricidad las 24 horas. “En cinco meses se ha transformado la energía local, ya están teniendo refrigeradores, porque antes no se podía porque quita y ponga la energía, y especialmente si a medianoche se suspendía el servicio, pues se comprometía el que siguieran funcionando los electrodomésticos”, comenta Ruby.
Así, mujeres como Ana Eida Salgado, quien llegó a Miraflores en la década del 70 y tiene una heladería-cafetería, puede seguir con su actividad económica sin miedo a que los cortes de luz le arruinen su mercancía y así mismo que todo el municipio pueda despertarse y dormirse escuchando la única emisora comunitaria del territorio, Dignidad Estéreo, que antes de la construcción de la Central Híbrida, no se había imaginado el poder funcionar durante 24 horas.
Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina
Investigación: Lina Álvarez, Mario Toro, Simón Zapata y equipo de El Cuarto Mosquetero.
Fotos: Mario Toro.
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