La transición energética busca fuentes de generación de energías renovables, pero proyectos hidroeléctricos han afectado a comunidades locales. Es esencial que este proceso sea justo, participativo y sostenible, mucho más en tiempos de crisis climática.
Desde el momento en que despertamos hasta que nos dormimos, dependemos de la energía en sus diversas formas. Para cargar nuestros celulares y computadores con los que trabajamos y nos comunicamos, alumbrar las calles en las noches, ver las noticias en un televisor, prender las luces de las casas o escuchar la radio en las mañanas.
La energía está intrínsecamente entrelazada con nuestras rutinas y necesidades básicas. En este contexto, la forma en que la obtenemos y utilizamos no solo influye en la comodidad y conveniencia, sino que también tiene un impacto significativo en el ambiente, la economía y la sociedad.
La transición energética es un proceso mediante el cual se busca transformar el sistema de generación y consumo de energía hacia fuentes renovables y sostenibles. Implica un cambio en la manera en que obtenemos y utilizamos la energía, alejándonos de los proyectos extractivos de combustibles fósiles y dirigiéndonos hacia tecnologías más amigables con el ambiente, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica.
Esto se ha convertido en un tema central en la agenda global. La urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y abordar la crisis climática ha impulsado a gobiernos, empresas y organizaciones internacionales a buscar alternativas sostenibles al extractivismo. Sin embargo, mientras se avanza hacia fuentes de energía “más limpias”, no se puede ignorar las consecuencias que esta transición ha tenido en las comunidades y en sus territorios.
Ríos y comunidades afectadas
Laura Betancur, estudiante de doctorado e investigadora del Integrative Research Institute on Transformations of Human-Environment Systems -IRY THESyS-, un Instituto Interdisciplinario de la Universidad Humboldt de Berlín, explicó que, “para no depender de combustibles fósiles, debemos encontrar otras alternativas y una de las alternativas acá en América Latina más importante es el agua, eso es innegable”.
La investigadora experta en temas de transición energética mencionó también que, “no todas las tecnologías energéticas nos brindan estabilidad. Por ejemplo, con la solar, no todo el tiempo hace sol y las baterías de litio que se necesitan para guardar la energía siguen siendo costosas y con muchos impactos ambientales”.
Es por esto que la generación de energía a través de las fuentes hídricas se convierte en una alternativa “porque no implica el almacenamiento a través de estas baterías y porque los ríos son un recurso, visto desde la lógica capitalista y empresarial, súper disponible.” Sin embargo, la implementación de estos proyectos hidroenergéticos ha generado impactos significativos y, en ocasiones, devastadores, en las comunidades que habitan las áreas de influencia.
Blanca Nubia Anaya Diáz, hace parte del Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso y Chucurí, articulado a Ríos Vivos, Colombia. Entre el 2008 y 2009 llegó el proyecto Central Hidroeléctrica Sogamoso – Hidrosogamoso y desde entonces se ha dedicado a denunciar las afectaciones negativas.
“Hemos tenido que aprender a vivir con este monstruo que tenemos ahí”, dice Blanca. Ha trabajado por la construcción de la memoria ambiental de Sogamoso. Lideró la realización de una galería de 20 cuadros en arpillería, con pedazos de tela reciclados, hilo y aguja, para contarle a las nuevas generaciones de cinco municipios cercanos, cómo era el territorio antes de la llegada de la central hidroeléctrica.
Entre los impactos negativos, Blanca destaca “la muerte de la vida acuifera, de la biodiversidad, la flora, la fauna, la violación a los derechos de las comunidades”. Laura coincide con Blanca y agrega que también se dan “cambios en la estacionalidad de los ríos, en los sedimentos, en el uso de la tierra aledaña y mayores emisiones de metano por la descomposición de la materia vegetal que queda en el fondo de estos embalses”.
Además, Laura menciona las transformaciones en lo que denomina “relaciones socioecológicas”, ya que según ella “no se puede entender los impactos de las represas, por un lado, ecológicos y por el otro lado sociales, sino que estos impactos están relacionados. Entre estas consecuencias se encuentra el desplazamiento, la ruptura del tejido social de las comunidades que han sido separadas, la pérdida de medios de vida ribereños como minería y pesca artesanal, cambios en la gobernanza de las comunidades y la participación política y el quiebre intergeneracional entre padres, e hijos y abuelos”.
El Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio –Movete– del Oriente de Antioquia ha denunciado impactos negativos similares en los proyectos hidroeléctricos de la región. Inclusive gracias a las manifestaciones y al litigio estratégico a favor de las comunidades y los ríos, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la concesión de aguas a un proyecto hidroeléctrico en el río Cocorná en el 2022.
Esta entidad del ministerio público sostuvo que la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de Rionegro y Nare -Cornare-, la autoridad ambiental de la región, “desconoció exigencias legales aplicables al conceder la concesión sin permitir la participación de la comunidad del Carmen de Viboral”. Sin embargo, según la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación, en esta parte de Antioquia hay actualmente 17 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas -PCH- funcionando.
Recientemente, también la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ- emitió la Resolución 585 en la que reconoce que entregó por 20 años y bajo irregularidades los caudales de cinco ríos a la empresa privada Energía para el Futuro SAS para la construcción de 5 PCH. La Fundación EcoGénova desde 2018 se movilizó contra estos proyectos y hoy esa defensa del territorio dio resultados.
Sin las comunidades no puede haber transición energética
Experiencias como la de Sogamoso en Santander, el Oriente de Antioquia y el Quindío son prueba de que la transición hacia un sistema energético más sostenible no puede ser impuesta unilateralmente, sino que debe ser desarrollada de manera participativa y justa, teniendo en cuenta las necesidades y preocupaciones de todas las partes interesadas, especialmente de las comunidades.
Laura enfatiza en que tenemos una discusión muy importante como sociedad: “entendiendo las lógicas de la generación de energía, ¿qué vamos a hacer para mitigar los impactos? Mucha gente no quiere escuchar esto, pero vamos a tener que hacer muchas renuncias por la generación de energía. ¿Cómo se va a decidir? ¿Quién lo va a decidir? ¿Por qué está zona y no otra?”.
Explica que por estos debates es importante la participación ambiental y ciudadana “porque si no se organiza con la gente, van a terminar decidiendo otros y disponiendo de los territorios de las comunidades. Por más convencidos de la defensa de los ríos que estemos no podemos dejar de entender que hay otras demandas y otros intereses, bajo otras lógicas que siguen imperando. Tenemos que entrar a negociar, al final de cuentas todos nos beneficiamos de la electricidad”.
En el libro “Por una transición amplia, sostenible y democrática” realizado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung de Bogotá se expone la necesidad de replantear algunos paradigmas económicos con el fin de generar energía de manera óptima y equilibrada para el bienestar humano con los límites biofísicos de la naturaleza, de manera colaborativa y colectiva.
Las iniciativas comunitarias locales emergen, según este libro, como una alternativa para salir de lo que el antropólogo Eduardo Escobar denomina como “crisis civilizatoria”, ya que “responden y cuestionan los proyectos extractivos a gran escala que están acabando con el sustento de sus territorios”.
Este estudio clasifica las iniciativas comunitarias en cinco ejes de motivaciones transformadoras: el ecofeminismo y el empoderamiento de las mujeres, la soberanía alimentaria y la autonomía comunitaria, la educación popular e intercultural de la cosmogonía originaria de los pueblos indígenas, el rescate del conocimiento ancestral afrodescendiente y la solidaridad y el trabajo comunitario de los campesinos que restauran territorios.
Se destacan organizaciones a nivel como Mujeres guerreras de la Sierra, Fuerza Mujeres Wayuu, el Colectivo Socioambiental de Cajamarca, la Asociación Municipal de Mujeres Campesina de Lebrija, la Corporación de Mujeres Ecofeministas COMUNITAR, la Corporación Vamos Mujer, el Colectivo Casa Semillas de Vida, la Ecoaldea Aldeafeliz, la Organización Gonawindúa Tayrona, la Casa Cultural El chontaduro y la Reserva Campesina del Pato.
Todas estas personas, colectivos y organizaciones sociales han demostrado con sus iniciativas que se puede alcanzar una transición energética, sostenible, democrática y justa, lejos del extractivismo que ha imperado, según el libro, deteriorando el Estado Social de Derecho.
Crisis por el Fenómeno de El Niño
Debido al fenómeno de El Niño, varios embalses e hidroeléctricas se encuentran en una situación crítica. Actualmente, vemos cómo se toman medidas de racionamiento en la capital del país debido a que su fuente de agua, la Represa Chingaza, ubicada aquí en el Meta, se encuentra en bajos niveles.
Gracias a esto, el Consejo Gremial Nacional le pidió al gobierno seguir una serie de recomendaciones como la suspensión de la exportación de energía a Ecuador para no llegar a un desabastecimiento energético. Por su parte, el ministro de energía Andrés Camacho expresó que el país debe buscar alternativas de generación de energía diferentes a las hídricas.
Una de las banderas del gobierno Petro es promover la generación de comunidades energéticas, que producen energía solar o eólica en sus barrios, y que la puedan vender a la red nacional. Ya existe la primera comunidad energética ubicada en el barrio El Salvador, en Medellín, y su esquema se basa en tecnología solar que genera energía de manera distribuida, lo que la convierte en una fuente de ingresos para el barrio.
También en Jamundí, Valle del Cauca, el gobierno aprobó más de dos mil millones para impulsar la primera Comunidad Energética que esté conectada dentro del Sistema Interconectado Nacional. Aunque esta iniciativa está en el Plan Nacional de Desarrollo, no se implementará prontamente debido a la fuerte dependencia que todavía tenemos de los combustibles fósiles y el extractivismo.
La región de la Amazorinoquía es estratégica debido a su riqueza hídrica y de recursos naturales. También ha sido especialmente afectada por el extractivismo y la generación de energía por medio de combustibles fósiles. Por eso también organizaciones sociales como Corpohumadea en Guamal, Meta, han estado liderando procesos de defensa del territorio para que los ríos no se sequen.
Para avanzar hacia una transición energética verdaderamente sostenible, justa y democrática, es crucial aprender de los errores del pasado y adoptar un enfoque más inclusivo y participativo. Esto implica garantizar una consulta significativa y un consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas por proyectos energéticos, así como la implementación de medidas de mitigación y compensación adecuadas para abordar los impactos negativos. Solo a través de un enfoque integral y equitativo podemos construir un sistema energético que sea verdaderamente sostenible.
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Agradecimiento especial a Daniela Sánchez, periodista de la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación.
