Hidroituango es un proyecto hidroelectrico, que lleva más de cuarenta años y se ublica sobre el río Cauca, entre los municipios de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia en el departamento de Antioaquia. En noviembre del 2010, empezó una construcción preliminar de la presa con el fin de que iniciara operaciones a finales del año 2018, lo que no fue posible debido al bloqueo de uno de los túneles de desviación del río producido por un deslizamiento en una de sus márgenes, en abril de 2018.
A lo largo de su desarrollo, Hidroituango ha estado rodeado de diversas complejidades y problemas de construcción y contratación. Eso sin contar las emergencias ambientales que se han generado a causa del proyecto.
El tumulto de cuestionables decisiones y acciones en el marco del proyecto han sido precedidas por diferentes mandatarios y directivos, quienes de alguna u otra manera han acarreado con responsabilidades en las afecciones desencadenadas por la hidroeléctrica para el medioambiente, las comunidades e incluso la empresa.
En febrero del 2019, la Fiscalía, tras diversas investigaciones, halló que el contrato original para la construcción de Hidroituango, se entregó ‘a dedo’, por lo que llamó a imputación de cargos a Luis Guillermo Gómez Atehortua, quien fue gerente del proyecto, y Luis Javier Vélez Duque, que se desempeñaba como vicepresidente de proyectos de generación de energía de Empresas Públicas de Medellín y director de la hidroelectrica, para que respondan por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Las investigaciones continuaron y recientemente, la Contraloría General de la Nación anunció que los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Anibal Gaviaria fueron llamados a juicio fiscal debido a las irregularidades presentadas durante el proyecto de Hidroituango.
En la investigación fiscal están implicadas también 30 personas más, entre las que se encuentran el exgerente de EPM, Esteban Calle y el actual gerente de la empresa, Jorge Londoño. Los acusados, habrían incurrido en un detrimento patrimonial mayor a tres billones de pesos.
Este megaproyecto, es uno de los más ambiciosos del país, y se creó con el objetivo de atender la creciente demanda energética en Colombia, pero sus equivocadas decisiones de planeación y contratos, han dejado abismales afecciones ambientales en el río Cauca y las comunidades del área de influencia.
