El pasado 07 de enero se cumplieron tres meses del recrudecimiento de la violencia por parte de Israel hacia Palestina, lo cual, hasta la fecha, con base en cifras emitidas por ONU – Ministerio de Sanidad Gazatí, a 27 de diciembre de 2023 se registraron 21.110 fallecidos, de los cuales aproximadamente el 70% son mujeres y niños.
Los ataques por parte de Israel contra la Franja de Gaza han generado un desplazamiento masivo de palestinos hacia la frontera con Egipto, concentrándose en la ciudad de Rafah a pocos metros del corredor Filadelfia, una franja de tierra entre la frontera de Egipto y la Franja de Gaza, con una longitud de 14 kilómetros, controlada por las autoridades de Egipto y Palestina, con la supervisión de la Unión Europea según lo firmado en el Acuerdo de Paz egipcio-israelí.
Luego de las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de controlar y cerrar el corredor, la tensión entre estos dos territorios ha aumentado significativamente, la amenaza de violar el Acuerdo de Paz por parte de Israel desestabiliza al gobierno egipcio ante un posible éxodo masivo de palestinos hacia su territorio por la imposibilidad de contrarrestar el fenómeno migratorio; el constante incumplimiento del derecho internacional humanitario debido a los ataques indiscriminados a escuelas y hospitales han alarmado a la comunidad internacional incrementando así la preocupación ante un presunto genocidio en la Franja de Gaza.
El 29 de diciembre de 2023, la República de Sudáfrica presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia-CIJ contra el Estado de Israel en relación con el incumplimiento de las obligaciones de la Convención sobre el Genocidio ratificada por ambos estados; los argumentos de la demanda se basan generalmente en los siguientes actos cometidos por el Estado de Israel: asesinato de palestinos en Gaza, causar graves daños físicos y psíquicos, expulsión masiva de hogares y desplazamiento, privación de acceso a alimentos y agua, la declaración de “completo asedio” que decretó Israel en octubre, la privación de acceso a vivienda, ropa, higiene y saneamiento, privación de asistencia médica adecuada, destrucción de la vida palestina (bombas contra viviendas, escuelas, tiendas, edificios oficiales, sitios culturales e históricos), la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos palestinos (muerte de mujeres y niños, mujeres embarazadas).
La Corte Internacional de Justicia llevó a cabo las audiencias públicas para considerar la denuncia de Sudáfrica los 11 y 12 de enero del año en curso; países como Bolivia han manifestado su apoyo ante esta reclamación, y junto a Sudáfrica, Bangladés, Comoras y Djibouti han solicitado a la Corte Penal internacional indagar la situación del Estado de palestina.
