El conflicto armado ha afectado de diversas maneras a las poblaciones más vulnerables del país. La población afro, palenquera y raizal no ha sido la excepción. Hasta octubre de este año, 1.144.486 personas que se identifican como parte de esta diáspora están registradas como víctimas del conflicto armado colombiano, según la Unidad de Víctimas. Solo en 2017, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento reportó el asesinato de 77 líderes sociales pertenecientes al pueblo negro.

La crudeza de las violencias contra este pueblo sucedió en el marco del conflicto armado, principalmente, por el racismo estructural instalado en la sociedad desde la colonización y perpetuado en la configuración del Estado nación. Los impactos a estas comunidades y sus territorios son, entonces, un asunto histórico que, incluso, tras la firma del Acuerdo de Paz en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP, sigue vigente y pone en riesgo la vida, la integridad de las comunidades, sus prácticas culturales y sus territorios.

Según el DANE, en Colombia, el 97,68 % de los municipios, para el 2019 tenía población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. En al menos 64 municipios, la población afrodescendiente es mayor al 50 %. Un patrón que se ha podido identificar es que en aquellos territorios donde hay alta densidad de población afrocolombiana predominan altos niveles de pobreza extrema y precariedad en infraestructura y servicios. 

Además, en materia educativa, el 30.17 % de estos grupos étnicos indicó que sufre rezago escolar. Estos indicadores han sido factores para que la violencia se agudice en sus comunidades. El panorama empeora con el desplazamiento forzado, pues de acuerdo con la Unidad de Víctimas, hay tres periodos en los que este hecho victimizante se incrementó afectando a estos grupos étnicos: 2000-2002; 2007- 2008 y 2013-2014. 

La misma entidad informó que, con fecha de corte al 30 de septiembre del 2020, mientras el 15 % de las personas que no reportaron etnicidad fueron desplazadas de su territorio, el 98 % de los palenqueros y el 37,5 % de los negros/afrocolombianos del país han sido desplazados por la violencia.

De los 217 líderes sociales asesinados entre 2015 y 2019, solo en 2017 la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento reportó que 77 eran afrodescendientes. En este mismo sentido, el Centro Nacional de Memoria Histórica señaló que la mayoría de los homicidios de líderes sociales pertenecientes a pueblos negros ocurrió en Cauca y Nariño. 

Entre 2001 y 2016, se generaron 4.208 alertas tempranas por parte de comunidades negras y afrocolombianas. Las principales razones fueron: desplazamiento forzado, homicidios selectivos, amenazas, masacres y reclutamiento forzado. Los dos departamentos más afectados fueron Chocó (1.683 alertas) y Nariño (1.077 alertas).

Es por eso que este viernes 11 de diciembre, desde las 9:00 de la mañana, la Comisión de la Verdad realizó el Octavo Encuentro por la Verdad ‘Reconocimiento de la Verdad del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal: Hechos e Impactos del Conflicto Armado, Aportes a la Construcción de Paz y Nación’ que se articuló con una ruta preparatoria de espacios territoriales y se configuró como un escenario para reflexionar sobre lo ocurrido durante el conflicto armado interno con el objetivo de promover la dignidad de las víctimas pertenecientes a esta diáspora; el conocimiento y rechazo por parte de la sociedad de las violaciones cometidas en su contra y visibilizar sus procesos de resistencia y aportes a la construcción de paz en Colombia.

Durante el encuentro, hubo reconocimiento de responsabilidades por parte de actores armados, políticos y empresarios, como una apuesta para la reconciliación y restauración del tejido social. Es así como Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, excombatientes y ahora líderes políticos del Partido FARC como Pastor Álape y Pablo Atrato, Wilson Antonio Chaverra González, ex alcalde del municipio de Vigía del Fuerte, y Mario Zuluaga, empresario bananero en la región de Urabá, reconocieron hechos concretos que afectaron a las comunidades del pueblo negro en Colombia.

Durante el conversatorio también se abordaron casos significativos, como las masacres de los Coquitos (1988) y Mampuján (2000), que mostraron las afectaciones del conflicto armado sobre esta población y sus territorios, enmarcados en cinco grandes enfoques: el racismo y la discriminación racial como factor que intensificó las afectaciones del conflicto armado sobre el pueblo negro; la exclusión que han vivido las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras en los procesos de configuración de la identidad y el Estado nacional; los efectos sobre los territorios y sus comunidades por la presencia de economías legales e ilegales; los impactos individuales y colectivos a la identidad, el territorio, la autonomía y el gobierno propio y, finalmente, las diversas formas de resistencia y contribuciones a la paz del pueblo negro.

El evento se llevó a cabo en el Museo Histórico de Cartagena y teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad dado el contexto de pandemia, se habilitó una transmisión en vivo a través de las redes sociales de la Comisión de la Verdad.