Las autoridades solo pusieron una orden de caución al supuesto agresor, argumentando que no podían hacer más porque así eran las leyes y que era culpa de la víctima por haber votado por Gustavo Petro.
Ingrid Dayana Suárez dormía tranquilamente en su habitación cuando fue despertada abruptamente por su expareja. Entre insultos frenéticos, comenzó a golpearla en la cabeza y el rostro, y a jalarle el cabello. Aturdida, intentaba entender lo que ocurría, hasta que vio su celular en manos de su agresor y temió lo peor.
Sebastián Molina Mahecha, de 25 años, había terminado su relación con Dayana hacía dos meses, pero aún vivían en el mismo apartamento del barrio Comuneros, en habitaciones separadas, ya que él aseguraba no tener dinero para mudarse.
La noche del 16 de febrero, en horas de la madrugada, Sebastián irrumpió en la habitación de Dayana y tomó su celular para revisar sus chats. Suplantándola, envió mensajes al padre de su hija y a un amigo, pero al no recibir respuesta, optó por enviar amenazas directamente desde su propio teléfono.
Luego, volvió al cuarto de Dayana y desató la agresión descrita al inicio de este relato. Desesperada, ella intentó alejarlo empujándolo con los pies, lo que solo avivó su furia. En un arrebato, Sebastián estrelló el celular contra el suelo, destrozándolo por completo.
Aprovechando que él salió del cuarto, Dayana corrió a cerrar la puerta con seguro y reforzó la barrera con su cama y un mueble que puso encima. Su instinto le decía que él se dirigía a la cocina por un cuchillo. No era una suposición infundada: en el pasado, Sebastián ya la había perseguido por toda la casa con cuchillo en mano, obligándola a encerrarse de la misma manera.
“Él se quedó en la sala caminando de un lado a otro y murmurando cosas. Decía que me iba a matar a mí y a mi familia, que yo se la iba a pagar”, recuerda Dayana.
Al vivir en un tercer piso y tener una ventana, Dayana empezó a escribir notas de auxilio, las cuales arrojó para que cayeran al primer piso. Momentos después, su hermana, su cuñado y su madre llegaron a la vivienda e intentaron entrar, pero Sebastián se negaba a abrir la puerta.
Finalmente, una vecina que había escuchado la conmoción, salió por el patio y le pidió a Dayana que le lanzara las llaves por la ventana. Sin embargo, solo pudieron cruzar la reja externa, pues el señalado había puesto seguro a la puerta del apartamento. Entonces su hermana y su cuñado forzaron la entrada hasta que lograron ingresar y llamar a la Policía.
Dayana, al escuchar las voces de su familia afuera, salió corriendo de la habitación hacia la calle y Sebastián se quedó solo en el apartamento.
La Policía llegó, pero no hizo nada
Los agentes tardaron 40 minutos en llegar al lugar. Sin embargo, pese a las pruebas evidentes -el ojo rojo de Dayana por los golpes, la cama aún atravesada en la puerta, el celular destruido y el propio Sebastián admitiendo que actuó así porque estaba “celoso y así reacciona un hombre”- no lo capturaron. Posteriormente, cuenta Dayana, llegaron los primos del presunto agresor en un carro y se lo llevaron. Ella, por su parte, se fue con su familia.
Según el testimonio de Dayana, la única acción de los policías fue imponer una orden de caución, argumentando que las leyes no les permitían detenerlo. Como si fuera poco, uno de los agentes le dijo que era su culpa por haber votado por el actual presidente, Gustavo Petro.
En Colombia, cuando la Policía atiende un intento de feminicidio, está obligada por la Ley 1761 de 2015 («Ley Rosa Elvira Cely»), el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal a prestar auxilio inmediato a la víctima, activar rutas de atención y medidas de protección, capturar al agresor si está presente en la escena, preservar el lugar de los hechos y reportarlo a la Fiscalía.
Además, no existe ninguna modificación en la ley bajo el gobierno de Petro que impida capturar a un agresor. De hecho, en junio de 2024, el presidente sancionó una ley que elimina beneficios penales para los condenados por feminicidio, impidiendo que accedan a prisión domiciliaria o reducción de penas, incluso si han cumplido la mitad de la condena.
Un agresor reincidente
Al día siguiente, Dayana acudió a la Fiscalía para presentar la denuncia, que actualmente está en proceso de investigación. Sin embargo, Sebastián ya tenía antecedentes: el año pasado, tras enterarse de que el padre de su hija estaba visitando a la niña, rompió una ventana en un ataque de ira y agredió físicamente al hombre, quien presentó una denuncia que nunca prosperó.
Posteriormente, la noche del 18 de febrero, Sebastián le pidió a Dayana ingresar al apartamento para recoger sus pertenencias. Ella accedió, pero con la condición de que la Policía estuviera presente. Sin embargo, mientras él subía al apartamento y ella esperaba afuera, los agentes se retiraron minutos después, -pese a que ella estaba en una situación de riesgo teniendo cerca a su presunto agresor-, argumentando que tenían otros asuntos pendientes.
Al bajar y verla sola, Sebastián le dijo que había olvidado algo y volvió a subir. Esta vez tardó alrededor de 15 minutos antes de marcharse definitivamente. La demora le pareció sospechosa a Dayana, por lo que decidió entrar sigilosamente al apartamento, encontrándose con un escenario de caos.
Su ropa, que estaba secando, había sido arrojada al suelo; otras prendas estaban empapadas con lo que parecía ser cloro. Una de sus cremas había sido estrellada contra la pared, su bolso estaba revuelto, su carné del instituto dañado y, en una de las paredes, Sebastián había dejado un mensaje con la palabra “perra”.
Por su parte, Dayana, de 27 años, trabaja en una estación de servicio durante el día y por las noches realiza sus prácticas para graduarse como auxiliar de enfermería. Sueña con brindarle una estabilidad tanto económica como emocional a su hija, y espera que esta vez la denuncia sí avance y se haga justicia para proteger su vida y la de su familia.
El Cuarto Mosquetero contactó a la Policía Metropolitana de Villavicencio para conocer su versión sobre la no captura del presunto agresor, los argumentos detrás de su decisión y la razón por la cual dejaron sola a Dayana mientras Sebastián recogía sus pertenencias. Sin embargo, hasta el momento, no ha obtenido respuesta.
Según la Alcaldía de Villavicencio, hasta noviembre de 2024, se había recibido 441 casos de violencia basada en género, entre los que se encuentran dos mujeres desaparecidas, dos feminicidios, 10 casos de trata de personas, 35 de violencia digital, 86 de violencia económica, 73 de violencia sexual y 253 de violencia física.
