Este 31 de marzo, se reportó el rescate de 38 menores de manos de grupos armados ilegales en el Meta. La escalada de violencia durante los últimos meses en la región, está afectando directamente a niños, niñas y adolescentes.
Con la nueva escalada de violencia, el reclutamiento infantil estaría volviendo a tomar fuerza en la región. Al menos así lo demuestra el reciente rescate de 38 menores de manos de grupos armados ilegales en Meta y la llegada de menores entre los 14 y 16 años de edad al Meta, provenientes del Cauca para hacer parte de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en noviembre del 2024, según informó la Gobernación del Meta; o los enfrentamientos entre dos bloques de disidencias de las FARC, en zona rural de Calamar, Guaviare, donde resultaron 20 muertos, de los cuales, al parecer, 5 eran niñas, de acuerdo con W Radio.
En la historia del conflicto armado en Colombia, el Meta fue el departamento donde más se llevaron a niños, niñas y adolescentes para engrosar las filas de los grupos armados ilegales en Colombia, así lo afirmó la Comisión de la Verdad en su informe final, publicado en 2022, y el cual registró 2.977 víctimas en el departamento, seguido de Antioquia con 2.346 y Guaviare con 1.105.
Ese penoso primer lugar parecía ir desvaneciéndose, pues desde el 2013, con los primeros acercamientos para lograr un acuerdo de paz con las FARC y con la entrega de armas de los grupos armados ilegales, el reclutamiento forzado de menores de edad, cayó drásticamente, pero los hechos ocurridos durante los últimos meses han sembrado la incertidumbre en territorios como Meta y Guaviare, que han sido históricamente afectados por el conflicto armado, frente a un nuevo pico de este flagelo. “Nuestras comunidades siguen con mucho miedo, nuestras comunidades están aterrorizadas, a la gente le da miedo hablar, le da miedo contar esta situación”, señaló Camilo Espinel, vocal de la Corporación Ambiental Amazonía Verde.
Mientras tanto, los esfuerzos institucionales parecen centrarse en una constante militarización. Al menos así lo refleja el anuncio de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, durante un Consejo de Seguridad en Granada, realizado tras el rescate de los 38 menores ahora bajo el cuidado del ICBF. En este espacio, la mandataria afirmó que la seguridad de la región requiere más que operativos y anunció la estructuración de un plan de incorporación con incentivos para quienes decidan sumarse a la Fuerza Pública.
Esta declaración cobra especial relevancia en territorios como el Meta y Guaviare, donde numerosos menores han sido reclutados por grupos armados ilegales o se ven obligados a optar por la Fuerza Pública ante la falta de oportunidades educativas y laborales. Según datos del Ministerio de Defensa de 2024, aproximadamente 85.500 jóvenes prestaban su servicio militar en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Para el padre Jhon Hary Ruiz, director general de la Pastoral Educativa de la Diócesis de Granada en Colombia, sería importante que el Estado también priorizara estrategias de educación, empleo y desarrollo social para evitar que la única opción para las y los jóvenes sea portar un arma, ya sea del lado legal o ilegal.
Deserción escolar, otro beneficio para el reclutamiento de menores
De hecho, el Padre Jhon Hary Ruiz, afirmó que “la Iglesia Católica, siempre ha acompañado los procesos de formación integral en los territorios, promoviendo la espiritualidad y reconociendo que la educación es un derecho fundamental que incide en la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunidades de la zona rural dispersa”. Pero identificó que la descomposición familiar lleva a la deserción escolar, la cual beneficia el trabajo infantil y el fenómeno del reclutamiento infantil.
“Hay muchos niños y niñas que por tradición o porque los necesitan en la finca, en el campo, en otros trabajos, a veces no siempre en trabajos lícitos, encuentran una barrera a este derecho básico de la educación”, mencionó el Padre. Otro componente de deserción escolar, explicó, es el desplazamiento y movilidad de las familias en los territorios.
A través del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), que permite el seguimiento en tiempo real de los estudiantes -desde su ingreso a la escuela hasta su permanencia y posible traslado-, la Pastoral ha analizado la dinámica de la escolaridad en 2024, encontrando que muchas familias, o incluso comunidades enteras, se han visto obligadas a desplazarse entre municipios o departamentos debido a dificultades económicas o, en algunos casos, a la presencia de grupos armados ilegales, desde septiembre y octubre del año anterior.
Además, señaló el Sacerdote, la extorsión y las amenazas han llevado a lideresas y líderes comunitarios de municipios como El Retorno, Calamar y San José del Guaviare a huir entre noviembre y diciembre del mismo año.
Las 65 Residencias Escolares, que existen en 24 municipios del Meta, también conocidas como Internados por la Paz, juegan un papel esencial como entorno protector y como estrategia de cobertura que permite el acceso y permanencia educativa a más de 4.200 niñas, niños y adolescentes. Estos espacios no solo garantizan el acceso a la educación, sino que también brindan seguridad, alimentación y apoyo socioemocional, factores fundamentales en zonas vulnerables.
¿Un Triángulo de las Bermudas?
Luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, permanecieron en la región disidencias como las del Frente Primero, disidentes del Frente 40 (autodenominado Frente Tercero) y el Frente Séptimo de Gentil Duarte. Pero, desde el 2024, la violencia en Meta y Guaviare ha escalado, especialmente debido a la disputa entre las disidencias de Iván Mordisco, pertenecientes al Estado Mayor Central-EMC de las FARC; las disidencias de Calarcá, que son del Estado Mayor de los Bloques y Frentes-EMBF y la Segunda Marquetalia por el control de estas zonas estratégicas para el narcotráfico y otras economías ilegales.
En ese contexto, los enfrentamientos entre grupos armados han requerido “de mano de obra”, especialmente de menores, quienes, a falta de garantías para una vida digna, terminan siendo usados en este ciclo de violencia.
“Los niños y las niñas viven en un triángulo, el triángulo tiene en la base la familia, en un lado la institución educativa y en el otro lado las instituciones del gobierno y la estructura social. Las niñas y los niños deben ser protegidos por ese triángulo”, explicó Carmen Eugenia Gómez, coordinadora pedagógica y de proyectos de Bemposta en Meta. Ese triángulo, argumentó ella, se termina convirtiendo en el de las Bermudas, donde desaparecen los y las infantes sin dejar rastro. Detrás de estas ausencias, advierte, hay una fuerza que les arrastra forzosamente, llevándolos hacia “los ríos de la muerte”.
Para contrarrestar esta realidad, Carmen enfatizó la importancia de los centros educativos integrales, espacios donde no solo se refuerce el aprendizaje académico, sino también el bienestar físico y emocional, brindando a las infancias y adolescencias una alternativa segura y alejada de la violencia.
Niños y niñas para la guerra, una tendencia en alza
Según el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, el Bloque Oriental de las FARC (la estructura más grande de las FARC-EP) tuvo control en el Meta durante años, logrando establecer uno de los puntos de reclutamiento forzado más importantes, donde los y las menores reclutados eran formados y adoctrinados para fortalecer otras estructuras en el país.
En Colombia, Naciones Unidas ha verificado más de 1.000 casos de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes para el conflicto armado ocurridos desde 2019. Además, identificó un aumento de este delito en los últimos años, con un incremento crítico en 2023, cuando el número de casos se duplicó en comparación con 2022. Durante 2024 esta tendencia al alza se mantuvo.
Además, la organización internacional identificó durante los últimos cinco años, que los departamentos más afectados por esta problemática son Cauca, Arauca, Nariño, Chocó y Norte de Santander. Sin embargo, recientemente registraron un aumento en otros departamentos como Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Huila.
Entre tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, abrió el Caso 07 en 2019 para investigar el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Se subdividió en dos subcasos: Farc-EP y Fuerza Pública. En noviembre del 2024, el órgano judicial imputó como máximos responsables a seis exintegrantes del último Secretariado de la extinta guerrilla de las Farc-EP: Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos.
Además, el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) menciona en su Artículo 10 que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, la sociedad en su conjunto debe velar por su protección y desarrollo. Sin embargo, las infancias siguen desprotegidas, especialmente en zonas rurales, donde son más vulnerables.
“Yo hago siempre un llamado a las familias para que vuelvan a recuperar el sentido de la ternura y el cuidado. Las casas deben ser espacios gratos, sitios bonitos para que las y los niños vivan, donde se sientan a gusto, para que no quieran salir corriendo a la primera alternativa que alguien les pinte”, sugirió Carmen.
