Por: Felipe Ortiz Franco*

Uno de los caballitos de batalla de la pasada contienda electoral fue el tema de la concesión de alumbrado público para Villavicencio, una batalla que la Alcaldía sabía que no iba a ganar, pero se aventuró en detrimento del patrimonio público; sin embargo, recordemos como fue todo este episodio:

El Concejo Municipal, a través del Acuerdo 368 de 2018 autorizó al Alcalde para crear una empresa de servicios públicos de economía mixta, donde el 51% era participación del municipio y el 49 % restante del particular, en otras palabras, un particular prestaba un dinero y el municipio va pagando una deuda con altas tasas de interés. A pesar de intentar hacerlo, el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Villavicencio de forma valiente resolvió una medida cautelar dentro de una acción popular y suspendió el proceso licitatorio. La pregunta es ¿Ahora qué viene para la ciudad? Por una parte, la acción popular ya cumplió su objetivo, suspender el proceso, porque de fondo es casi imposible que prospere debido a su pobre argumentación jurídica. Ahora bien, la Alcaldía tiene otra encrucijada, cumplirle al operador y prorrogar hasta donde pueda la concesión, pero a cambio recibe líos jurídicos en lo penal y disciplinario. Por otro lado, está el alcalde electo, que debe esperar a posesionarse y revisar qué recibe en la Administración Municipal porque el mandato de Wilmar Barbosa aún no termina. Por lo pronto debería concentrar sus esfuerzos en tener un gran equipo de trabajo y lograr una coalición mayoritaria en el Concejo, después de que sea Alcalde en ejercicio ahí sí puede iniciar una cruzada por el fortalecimiento de las empresas públicas del municipio, donde seguramente encontrará gran apoyo.

Pero los afectados como siempre serán los usuarios, quienes terminaremos pagando los platos rotos en medio de estás peleas corporativas. Es evidente los incumplimientos del operador al sistema de alumbrado público para la ciudad, deja un sistema obsoleto, muy lejos de ser una iluminación moderna y segura. Por lo pronto, cuando la nueva administración empiece debe revisar y hacer exigible una cantidad de incumplimientos. De hacerse una prórroga a la concesión por parte del alcalde Wilmar Barbosa, esta no debería ser tan larga, de lo contrario sería el primer dolor de cabeza para la nueva administración. Lo ideal es que el alcalde electo tenga el tiempo necesario para crear la empresa publica que prometió en campaña pero que curiosamente no se encuentra en su plan de gobierno, de esta manera la ciudad de Villavicencio se evitaría un transito tortuoso, dañino, que incluso, nos pueda dejar a oscuras por varios meses mientras resuelven esta situación.

*Felipe Ortiz Franco. Abogado conciliador- docente. Especialista en Derecho Público.

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