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Las maquinarias se toman la Curul de Paz en Meta y Guaviare

La disputa por la curul de paz en el sur del Meta y Guaviare está atravesada por casas políticas tradicionales, el trasteo de votos, el desconocimiento y la ilusión de que las voces de las víctimas en la Cámara de Representantes sí representen las necesidades del territorio.

Luis* es un líder campesino de Guaviare, quien entre descontento y resignación menciona que su “puesto de votación era acá en el municipio y yo lo inscribí en el sector rural y mucha gente lo hizo así». Él vive en el casco urbano, pero va a ejercer el voto en donde le fue indicado, ya que para las y los trabajadores del sector público hay órdenes que deben cumplirse así sea para favorecer al candidato que apoya la gobernación de este departamento.

Lo que menciona Luis es conocido como trasteo de votos o desplazamiento electoral, que ha generado alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE). Diego Rubiano, analista de esta organización, cuenta que existe una «dinámica de inscripción atípica de cédulas en territorios de la curul de paz«, especialmente en el Guaviare, donde la tasa de inscripción supera casi cinco veces el promedio nacional.
El poco control y la carencia en el seguimiento de transparencia por las votaciones de este 08 de marzo por la curul de paz han dejado el campo libre para que actores ya conocidos en territorios como Guaviare intenten endosar votos a las y los candidatos que respaldan, quienes, pese a cumplir con el requisito de ser víctimas, hoy hacen uso de fuerzas electorales tradicionales para llegar a la Cámara. 

Alejandro Castillo Gaitán, está inscrito por ASOPROCACAO a la curul de paz, aparentemente es una cara nueva en la política del Guaviare, pero cuenta con toda una maquinaria que para otra víctima que aspire a esta curul, sería difícil de igualar. Muestra de lo anterior es el respaldo del exgobernador del Guaviare Heydeer Yovanny Palacios (2020-2023), a quien la Procuraduría abrió una investigación por presuntas irregularidades en un proyecto cacaotero y de Miguel Ángel Castillo Gaitán, señalado por la Contraloría como uno de los responsables del incumplimiento en la construcción del Hospital Albert Schweitzer en Miraflores por un valor de $29.163 millones. Ellos le apuestan en esta contienda a fortalecer la estructura familiar a través de su sobrino y hermano, respectivamente. 

Pero esto no es todo, la gobernación de Yeisson Rojas y las alcaldías de este territorio, ayudan a que el joven de 28 años avance por la curul de paz, sin trabajo comunitario o con víctimas que lo respalden, logrando llenar eventos y ser visible en redes sociales, -solo desde que empezó la campaña-, siempre acompañado de su tío Heydeer, quien en un intento de heredar su caudal electoral, abarca gran parte del discurso en las reuniones, hablando de su gestión en la gobernación y dejando al joven casi que de acompañante y no de protagonista de la contienda electoral.

Según Luis, el aval de ASOPROCACAO fue otorgado de forma impuesta: “La decisión de sacar a este muchacho como candidato de los cacaoteros no se tomó como se debió tomar en una asamblea general de todos los socios”, precisa que ese favorecimiento fue el resultado de la decisión del gerente de esta asociación, Víctor Cómbita, cercano a Heydeer.  
En los procesos electorales, hasta los actores armados toman posiciones. Alias Mordisco de las disidencias de las Farc y quien dirige el Bloque Amazonas “Manuel Marulanda Vélez”, el pasado 26 de enero, mencionó al exgobernador Heydeer como «el mayor exponente de la corrupción y la inmoralidad del Guaviare”, adjudicándolo como el responsable del trasteo de votos que se estaría dando por el crecimiento atípico de las inscripciones de cédulas para votar en las zonas rurales de este departamento. Como si fuera un ente de control del Estado, este grupo armado precisó que no permitirá “manipulación” en el territorio. 

Los señalamientos y responsabilidad por el desplazamiento electoral a la campaña de Alejandro Castillo han sido sistemáticos y rechazados por diferentes sectores, uno de estos son las y los contratistas de entidades de Guaviare que denuncian posible constreñimiento al elector para favorecer su candidatura.
Luis asegura que el comunicado del sindicato de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios -ANTHOC- es muestra de esto.

Este sector ha manifestado su rechazo por la “instrumentalización a los contratistas de las Empresas Sociales del Estado de Servicio de Salud y Primer Nivel, el Hospital de San José del Guaviare y la Secretaría Departamental de Salud”. Con la consigna: “¡La salud es un derecho, no un botín político!”, denunciaron cómo se está pidiendo cuotas mínimas de personas para reuniones, que presionan para acompañar las actividades de la representación a la Cámara y hasta solicitan listados de referidos.

El clan Palacios y Castillo no es el único que en medio de controversias, dudas de transparencia y una evidente injerencia de prácticas de la política tradicional, se disputan la curul de paz. En Meta, los cuestionamientos también son alarmantes y ponen en riesgo que este cupo a la Cámara que es de y para las víctimas, quede cooptado por las maquinarias.

“Están usurpando las curules de paz” 

Para entender la magnitud de lo que está en juego, esta es la última oportunidad para tener representante a la Cámara desde la voz de las víctimas a través de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), ya que fueron creadas en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 y finalizan en el 2030 -es decir, este es el último periodo-, como un acto de justicia para las 167 regiones más afectadas por la guerra y el abandono estatal. Su finalidad es contar con 16 escaños en el Congreso reservados exclusivamente para que su voz no dependiera de los partidos tradicionales, los cuales hoy intervienen en Meta y Guaviare. 
Imagen: Consejo de Redacción y Colombia Check.
El primer resultado por la curul de paz en 2022 dejó como ganador al actual candidato para el Senado, William Fernando Aljure, con apenas 3.009 votos, quien, según Luis, ha pasado desapercibido como congresista: «Hace cuatro años nosotros no le pusimos mucho cuidado… y el candidato que sacó la curul era del sur del Meta (…) Y pues no hizo nada,  el man pasó sin pena ni gloria en el Congreso», afirma.

Esa invisibilidad de la gestión de Aljure y los pocos votos que lo llevaron al Congreso fueron la señal para que las maquinarias políticas entendieran que, con una inversión mínima de votos, podían captar un escaño nacional y acumular más poder con la agenda de las víctimas, ya que les sale “más barato” y menos reñido que una curul por la cámara ordinaria.

Jhan Carlos Rincón, líder campesino de Uribe, en el Meta, municipio que también figura en las alertas de la MOE por posible trasteo de votos, denunció que “están usurpando estas curules especiales de paz personas delegadas y delegados de la maquinaria, precisamente, de la antigua y de la nueva maquinaria en el departamento”, refiriéndose al exgobernador Juan Guillermo Zuluaga y al exalcalde Felipe Harman, actual director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Las maquinarias detrás de las candidaturas en el Meta

Para Jhan Carlos, hay dos actores relevantes en el Meta que se disputan el cupo a la Curul de Paz, en medio de la puja con Guaviare por definir qué departamento se queda con el escaño que deja vacante Aljure. Una de ellas es Viviana Palacios, lideresa social, reconocida por su trabajo con mujeres y el campesinado en el sur del Meta, exsecretaria de la Mujer de la alcaldía de Felipe Harman, inscrita por la Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda la Y (ASOYERURAL).

Viviana en 2022 participó por las curules de paz en la Asociación por la Dignidad de las Víctimas, obteniendo 1.073 votos, los cuales fueron resultado de su trayectoria política, sin ninguna injerencia visible de casas políticas tradicionales, lo que en esta contienda parece no ser igual. Actualmente, es respaldada por el equipo de Harman, como lo denuncian medios como La Silla Vacía, el cual muestra cómo desde personas beneficiarias de la entrega de tierras hasta contratistas vinculadas actualmente a la ANT hacen parte directa de su campaña, acumulando el caudal electoral; siendo este un apoyo relevante para tener el impulso que le faltó en las elecciones pasadas para conseguir este escaño en el Congreso. 

“Digamos que lo más imperante es la alianza visible de funcionarios de la ANT en esa campaña (…) o sea, yo creo que eso es absolutamente una libertad de la persona perteneciente a una campaña, pero ya cuando casi todo el equipo está allí, algo está pasando”, precisa Jhan Carlos, agregando que también Viviana cimienta su aspiración sobre procesos como las asambleas campesinas a nivel departamental, las cuales fueron creadas en la dirección de Harman. 

Lo que ha generado interrogantes sobre la transparencia de Viviana con las comunidades es la narrativa que ha utilizado para desmarcarse de las prácticas políticas tradicionales e intereses de actores externos en su campaña para fines particulares. En distintos videos afirma que su candidatura “es una apuesta distinta”, apelando a que “la dignidad no se compra, la dignidad se defiende”. Sin embargo, al estar acompañada del equipo de Felipe Harman bajo la sombrilla de la reforma agraria, no es claro hasta dónde llegan sus posibles acuerdos con este sector del “progresismo” en el Meta. 

La posibilidad de que llegue Viviana es, según Jhan Carlos, un paso más para la consolidación de una nueva casa política en el departamento bajo el discurso alternativo: “Utiliza el aparato institucional para irrigar beneficios y también amarrar compromisos a sus futuras aspiraciones a la Gobernación del Meta; claramente va a suceder y posiblemente vaya a recoger bastantes votos con esta práctica tradicional de amarrar compromisos con beneficios institucionales”, refiriéndose a las formas en que el director de la ANT ha usado su fortín político en esta entidad para acumular poder. Afirma. 
Foto: Juan Esteban Espitia.
Por su parte, otro candidato que genera controversia en el sur del Meta es Alex García, exalcalde encargado de Uribe, Meta, cuestionado por su cercanía y apoyo por parte del exgobernador Juan Guillermo Zuluaga y la maquinaria de la gobernación de Rafaela Cortés. Inscrito por la Asociación Agrícola Guayabero y basado en su trayectoria comunal, se juega un cupo a la Cámara inmerso en apoyos de grupos políticos tradicionales de las alcaldías de Puerto Lleras, Uribe y Mapiripán.

Luis identifica a Alex García por su fallido intento de llegar a Guaviare: “Intentó llegar acá, intentó porque no pudo del todo, buscando líderes que ya tuvieran procesos con credibilidad. Y pues les ofrecían ciertos sueldos y ciertos beneficios, pues por hacerle, como por decirlo así, la campaña”.

Estas prácticas en la campaña de García y de los grupos políticos que le acompañan son usuales; contratistas de alcaldías de municipios del sur del Meta señalan que hay posibles presiones para realizar, como si fuera una actividad de sus funciones contractuales, la logística de reuniones, llenar planillas con datos de familiares y amigos y desplazar acompañantes a los eventos para mostrar la fuerza electoral que le pone cada maquinaria.

Aunque Alex García niega su vínculo con una de las casas políticas tradicionales más consolidadas en el Meta, como la de Zuluaga, su relacionamiento es estrecho. El nombramiento como alcalde encargado fue gracias a esta amistad, la cual le permitió saltar del trabajo con juntas de acción comunal a dirigir este municipio, dejando cuestionamientos por decisiones que a corto y largo plazo pueden afectar a Uribe.

Según Jhan Carlos, la narrativa del discurso de García se basa en que “ejecutó muchos recursos” por su paso en la alcaldía, omitiendo “que también hay varios escándalos que no se lograron todavía resolver… el tema de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- es uno de ellos”.

La PTAR en Uribe es un posible elefante blanco que tiene en vilo a este municipio por la firma que Alex García dejó por medio del documento del Esquema de Ordenamiento Territorial, la cual, denuncian, estaría perjudicando la salud pública y llevaría a un posible freno del desarrollo de este territorio, un detrimento patrimonial y afectaciones a la comunidad indígena del resguardo Planes.

Lea también: PTAR en Uribe, Meta: ¿Riesgo para la salud y el crecimiento del municipio?

Ante este panorama, tanto el pulso en Guaviare como en Meta por las curules de paz estaría en manos de actores externos que apoyan candidaturas de víctimas para fortalecer sus acumulados políticos, poniendo en entredicho la representación de las necesidades de estos territorios en el Congreso.  
Foto: Simón Zapata Alzate
“Uno no sabe ni cómo votar”

A todo lo anterior se suma la carencia de información sobre cómo hacer efectivo su voto por la Curul de Paz. Miriam* es una lideresa de Mesetas, Meta, menciona que algunas personas le consultan, en medio de su desconocimiento, cómo votar a la CITREP en el casco urbano.

“Me preguntan cómo es el tarjetón a esas curules, que cómo pueden votar acá; cuando les informo que solo es en zona rural, quedan perdidos”. Además, agrega que la información que ha llegado es por las mismas campañas, las cuales, luego de una invitación de café o en las reuniones, “mencionaban que era importante inscribir sus cédulas donde no viven, o sea, en las zonas rurales cercanas”. 

De tanta “mala información”, Miriam identifica un vacío que tiene el Estado para garantizar no solo la participación con el voto, sino que este sea informado. “Me dicen: uno no sabe ni cómo votar.  Y los entiendo, acá viene el que fue alcalde de Uribe o Viviana, que dice haber nacido acá, pero solo se ve en campaña,  así como más candidatos que van para el Senado. Mucha información confunde, y no hay pedagogía por parte de las instituciones”.
Lo más frustrante sobre la falta de garantías electorales, según Rubiano, es el vacío legal que protege la práctica del trasteo de votos. El analista afirma que el Consejo Nacional Electoral (CNE), «carece de sustento jurídico para revisar la trashumancia electoral a nivel intramunicipal», lo que significa que si un o una votante se mueve del centro del pueblo a una vereda del mismo municipio para votar por la curul de paz, el CNE tiene «las manos atadas», señala.

En curso se encuentra una denuncia interpuesta por ASOYERURAL, la organización que avala a Viviana Palacios, a la cual se sumó la Contraloría, escalada también hasta el Tribunal Administrativo del Meta que dio 48 horas al CNE para depurar el censo electoral y emitir una decisión de fondo sobre las cédulas inscritas de forma irregular que hoy favorecen presuntamente a la maquinaria que respalda a Alejandro Castillo en el departamento del Guaviare. 

Entre casas políticas tradicionales, publicidad y reuniones de vereda en vereda concretando los últimos movimientos para persuadir votos y controlar que no se “volteen” a último minuto los ya conseguidos, se siguen moviendo las candidaturas de la última curul de paz para las víctimas en Guaviare y el sur del Meta, en un panorama cooptado por herederos y herederas de las nuevas y ya conocidas maquinarias en la región.  

“Ese día de las elecciones usted viene y verá todos esos buses con gente que antes votaba acá y ahora estarán en las veredas dando su voto, eso ya se volvió un secreto a voces, es muy triste”, menciona Miriam. 

** La historia de violencia en nuestro país ha estado marcada por fuertes situaciones de inseguridad que han afectado de forma directa e indirecta a quienes participan en política; por ello, varias fuentes solicitaron cambiar su nombre para resguardar su integridad.

Ante cualquier anomalía electoral este 08 de marzo, puede sumarse a nuestra campaña Las Calles Denuncian denunciando de manera anónima al correo:  lascallesdenuncian@gmail.com o al número 3227668661.

Imagen principal: fotos tomadas de las redes sociales de la candidata y el candidato.

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