Sobrecostos, retrasos, incumplimientos, suspensiones y múltiples barreras han encontrado las y los campesinos con el programa de sustitución de cultivos de coca al sur del Meta, pese a que es un pilar importante dentro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Para el año 2017, en gran parte de los municipios beneficiarios del Meta iniciaba la implementación del Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, la expectativa estaba totalmente puesta en esta iniciativa que permitiría realizar una erradicación voluntaria en la que las y los campesinos realmente pudieran dejar de depender de una economía ilícita, y desarrollar actividades productivas acompañadas de otros planes como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, que se supone concederían que en los territorios llegará inversión en salud, infraestructura y adecuación de tierras, educación rural, entre otros y que han contado con una amplia inversión de cooperación internacional, pero que sin embargo sus avances no están teniendo un avance significativo. Ambos programas se desarrollan en el marco de lo acordado en La Habana, para así mejorar las condiciones de vida del campesinado.
Casi cuatro años después, el panorama parece ser desalentador, la confianza que inicialmente se había originado, se ha ido resquebrajando con la tardanza en la implementación de un programa que, se esperaba que para la fecha ya fuera en la fase final de su implementación y así no afectara la “sostenibilidad económica, social y ambiental de su propio territorio”, como plasma uno de sus principios rectores.
La sustitución que no llega acarrea problemas en cada territorio, algunas específicas derivadas de suspensiones como sucedió en Vista Hermosa y Puerto Rico o como sigue sobreviniendo en La Macarena y Mesetas con el programa Guardabosques, «sí señora, no nos dijeron que si estábamos en guardabosques nos sacaban. Simplemente que nos metiéramos, nosotros nos metimos y que arrancaramos la coca y nosotros hicimos eso cumplimos y luego nos sacaron del PNIS”, son algunas de las realidades que viven quienes depositaron su confianza en la institucionalidad.
Ha incrementado desplazamientos masivos tanto de recolectores como en general de las comunidades en veredas como La Tigra en Vista Hermosa o La Esperanza en Puerto Rico. «Hay personas que se han ido de acá y uno no puede ni decir que están bien, pero hay que mirar para dónde irse porque realmente aquí ni trabajo hay», afirma con resignación Viviana, beneficiaria del PNIS en La Tigra, quien a pesar de que su vereda está casi deshabitada, se niega a abandonar su territorio
Ha ocasionado falta de confianza en la institucionalidad a partir de productos con elevados precios, algunos de mala calidad o el que no lleguen los productos pactados y les toque conformarse con lo que haya. «Lo de los 12 millones lo cumplieron fue con demoras, nos habían dicho que cada dos meses, pero hubo pagos con retrasos, pero los que tenían los cultivos sí tuvieron que erradicar sus cultivos en la fecha que dijeron. Lo pactada en el de $1.800.000 no fue lo que nosotros pedimos, fue lo que nos quisieron dar, artículos de muy mala calidad y muy costosos», denuncia Sandra, dignataria de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Reforma en Vista Hermosa.
Por otro lado, para otras familias también ha significado una herramienta a la hora de realizar mejoras a sus viviendas, sentir la presencia estatal que casi nunca había arribado a veredas tan distantes de los centros poblados y por eso con resignación esperan pacientemente que se ejecute en su totalidad la implementación del PNIS.
Para leer la investigación completa: https://elcuartomosquetero.com/la-sustitucion-que-no-llega-jaque-al-campesinado-del-meta/
