Hace poco, el senador por el Polo Democrático, Wilson Arias (WA), visitó la capital del Meta, y desde El Cuarto Mosquetero (ECM), tuvimos la oportunidad de reunirnos con él en el hotel donde se estaba hospedando para hablar sobre diversas problemáticas y medidas del Gobierno Nacional que vienen afectando al país. Esperamos un buen rato, pues ese día el congresista tenía un tumulto de compromisos dentro de su agenda ese día.
El senador, caleño de ‘pura cepa’, ha declarado en varias ocasiones sentir un cariño especial por la región de los Llanos Orientales. Tanto así, que en 2018 publicó “Así se roban la tierra en Colombia”, un libro que sustenta las diversas formas en las que se acaparan los terrenos en el país, bajo intereses extractivistas, enfocado en la altillanura.
Pero más allá de las irregulares formas de acaparamiento de tierras, Arias ha cuestionado otros temas como el alza de precios en la canasta familiar, la reforma tributaria, la privatización de empresas públicas, la represión estatal y la inversión en armamento e indumentaria para la fuerza pública. Por eso, el Senador nos brindó una perspectiva más profunda de lo que hoy corroe al país.
ECM: ¿Por qué el Gobierno Nacional está destinando inversión para la represión estatal?
WA: La inversión en represión está vinculada a varias razones y propósitos que yo agruparía de dos maneras, por una parte, el Gobierno está perdiendo legitimidad, confianza y consenso social, aspectos muy importantes en materia de gobernabilidad. Ante la pérdida de estos, pareciera estar apostándole a un proyecto represivo, pseudo político integral, que tiene que ver con la catadura del régimen, se está exacerbando el hiperpresidencialismo con una concentración de poder en la figura del ejecutivo y el Presidente de la República, en demérito de los otros órganos de poder.
En particular, la emergencia del covid-19, que significa el confinamiento de la sociedad, generó la oportunidad para crear esa figura necesaria de protección frente al temor colectivo por el confinamiento voluntario. En Colombia, se aprovecha para aumentar la capacidad de respuesta de la fuerza pública. Y se prevé en documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), un capítulo de reactivación de inversión de la fuerza pública, sobre una razón, algo así como los nuevos comportamientos sociales frente a una pandemia.
Es como si quisieran dejar una fuerza pública altamente politizada, algo así como ‘profascistización’. Todo esto para repeler o desestructurar al próximo gobierno.
ECM: ¿Qué efectos tendría esta inversión en un próximo gobierno que no mantenga la línea política del actual?
WA: Parece ser que el Gobierno calcula que no repite en 2022. Es como si quisieran dejar una fuerza pública altamente politizada, algo así como ‘profascistización’. Todo esto para repeler o desestructurar al próximo gobierno. La fuerza pública juega un papel muy importante y regresivo intentando tumbar gobiernos democráticos.
ECM: ¿Cómo afecta este fortalecimiento de la fuerza pública a las y los ciudadanos en medio de la pandemia?
WA: Hay una lógica generalizada, no solo de este gobierno sino de los anteriores. El endeudamiento del fisco crea una especie de estrategia de desarrollo que deja un cúmulo de deuda, es decir, la suma de la deuda pública colombiana más el pago del componente de Ministerio de Defensa y Policía, que está rondando cerca del 36% del presupuesto general. Dentro de los comportamientos esperados después de la pandemia del documento Conpes, se dice que la gente saldrá a reclamar porque quedará absolutamente empobrecida. Entonces, cuando las personas salgan a pedir hospitales, no los van a construir, les van a mandar al Esmad. Lo mismo pasará con los universitarios que exijan matrícula cero o reclamen presupuesto para las universidades.
Esto es una confesión horrible desde el punto de vista gubernamental. El Gobierno no es capaz de atender los requisitos mínimos de un Estado Social de Derecho, entonces toma la precaución de aceitar el aparato represivo para contener la movilización.
ECM: Sabemos que hizo una investigación sobre el acaparamiento de tierras en la altillanura, ¿Podría contarnos sobre este tema?
WA: Anteriormente hicimos varios debates que creo que resultaron muy importantes. Incluso en la Revista Semana nos hizo una especie de acusación de que nosotros habíamos detenido la inversión en los llanos orientales. Yo no creo que sea tan cierto, pero si hubiese sido así, me siento complacido porque lo que estaba ocurriendo, era que las trasnacionales y el capital financiero, se estaba apoderando del territorio nacional, tierras que estaban destinadas a los campesinos, indígenas y afros.
En su momento, no pudieron generar las normas que pretendían legalizar ese despojo de tierras y facilitarlas a futuro. Pero luego vino Juan Manuel Santos (durante su segundo período presidencial 2014 – 2018) con la Ley de Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), la cual se aprobó en la Corte Constitucional, esto me causó un gran dolor, porque con esto se permitió que se entregaran terrenos baldíos al gran capital, pero también la Corte moduló esta Ley.
Entonces, especifica que las tierras infértiles, recónditas, y de difícil acceso, son las que se podrán ceder al gran capital, siempre y cuando no se puedan realizar procesos de reforma agraria en esas tierras. Cuando la Corte lo moduló así, dije yo en broma “Pues tendrán que irlos a buscar al Cañón del Chicamocha, porque en Colombia ha habido reforma agraria en todos los llanos orientales y gran parte del país. Siendo así, en ninguna podrían hacerlo, pero aún con esas precauciones de la Corte, se toma la decisión de hacer la primera Zidres, con millones de hectáreas dispuestas para el gran capital, fue una desgracia porque el Gobierno ignoró lo que ordenó la Corte, y lo sigue haciendo, porque con la Ley Zidres, nació Bioenergy, que resultó ser un fracaso.
El problema con las tierras de los llanos, es que no han podido resolver los problemas de productividad para algunas especies de caña, por ejemplo. Entonces toman la decisión de un experimento costosísimo a cuenta del presupuesto nacional y ponen a Ecopetrol a la cabeza, y le dan el experimento a Riopaila. Les salió muy mal el experimento.
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ECM: ¿Cómo ve actualmente el problema de acaparamiento de tierras en los llanos?
WA: Tanto se han discutido esas normas, que están intentando producir nuevas. Hay como una máquina de producir normas para las tierras baldías de la nación, nunca logran un acuerdo de las elites para ajustarse a los complejos mecanismos y quedarse con esas tierras. Entonces ahora están intentando producir una reglamentación de las zonas de desarrollo empresarial y esa nueva reglamentación, la quieren implementar mucho después de la Ley 160 de 1994 (Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones), via express para quitarle al Congreso de la República la facultad que tiene para resolver estos asuntos de incidencia nacional.
El objetivo de estas zonas de desarrollo empresarial consiste en entregarles a los empresarios por mucho tiempo unas tierras, y después estas pueden ser pedidas por los empresarios a otro título. Es volver a la misma problemática con una nueva norma, para ir por las últimas fronteras agrícolas.
Durante estos años, también se ha confirmado que hay una especie de tendencia del capital de ir por las últimas fronteras agrícolas, tal vez tenga que ver, dicen algunas personas muy versadas, con la tendencia de especulación con los alimentos en los mercados de valores futuros. Similar a lo que pasó en Estados Unidos cuando se especuló con los créditos hipotecarios y se desfalcó a medio mundo, esa crisis llegó hasta Europa. Si eso era con hipotecas, ¿Se imagina lo que podrían hacer con alimentos? Para la muestra un botón, las tierras de las que se ha apoderado Luis Carlos Sarmiento Angulo, en los llanos orientales, las presenta en las bolsas de valores de EEUU, como al 500% de lo que realmente le han costado, ese negocio es probablemente mejor que el de la coca.
ECM: ¿Esta problemática de acaparamiento podría afectar a otras zonas del país?
WA: Si, esta lógica de la altillanura, se pretende desplazar a un espacio geográfico mucho más amplio, hacia la Orinoquia, y hacia la puerta amazónica. Entonces se anuncia lo mismo que en los llanos, navegabilidad de los ríos, gran inversión de infraestructura, distritos de riego,electrificación, entre otros. Sobre esa lógica de expectativa de inversión, se crea un fenómeno de opinión en la puerta amazónica.
Nosotros hemos estado haciendo una comparación donde se ha hecho una zonificación de la palma de aceite. Yo no creo que el único motor de la deforestación de la Amazonía sea la palma, por eso estoy tratando de averiguar qué importancia tiene la palma como motor de deforestación, así como también lo es la ganadería, la coca y la minería. Pero se deja de lado el tema de la palma porque es un proyecto de ciertos sectores económicos y de la derecha. No olviden que Vicente, hermano de Carlos Castaño, decía que el negocio de ellos para reconvertirse como paramilitares, era el negocio de la palma.
Están verificándose las zonas de vocación de palma y ¡Oh, noticia!, coinciden perfectamente con buena parte de los mapas de los incendios y la deforestación con el proyecto palmicultor.
Foto: Archivo digital.
Desde joven, Wilson Arias ha estado inmerso en la lucha sindical, labor que lo llevó a ocupar cargos dentro de la política como representante a la Cámara por el Valle del Cauca (2010-2014), concejal de Cali (2008-2009) por el Polo Democráctico y actualmente es Senador de la República por este mismo partido.
Desde su trabajo, continúa realizando control político al Gobierno Nacional, su más reciente cuestionamiento se dio tras la propuesta del senador Gustavo Petro al Banco de la República de emitir $15 billones mensuales con el fin de que el Gobierno lograra aumentar los subsidios y ayudar a la población afectada por el covid. Arias dijo que la entidad emitió más de $40 billones entre marzo y junio del 2020, pero que los recursos fueron destinados al sector financiero dejando de lado la realidad de las familias.
Lo dijo el Ban República: 1)Ya hubo “nueva emisión” por $40 billones. 2) Fueron a parar a la Banca privada. O sea, a Sarmiento Angulo & Cía, quienes no la irrigaron a la economía.
Digan, uribistas tipo Juan Carlos @PinzonBueno:
¿Esa emisión si no fue inflacionaria?
🧶sigue https://t.co/MTucINKAGa pic.twitter.com/5taJwiTB1c
— Wilson Arias (@wilsonariasc) January 25, 2021
Por: Shirley Forero
Trabajo de campo: Lina Álvarez y Edilson Ariza
