Debido a lo anterior, se estableció una Misión Humanitaria por la Vida y por la Paz en el sur del Meta y la cual visitó cuatro veredas del Guayabero: Tercer Milenio, El Silencio, Caño San José y Nueva Colombia, allí pudieron evidenciar y posteriormente denunciar que: las tropas han quemado viviendas; han destruido casas; se dañaban herramientas de trabajo; audio de oscar con Soundcite han destruido cultivos de pancoger; quemaban ollas, colchones; mataban y se comían las gallinas, pollos, marranos y vacas; cortaban las mangueras de agua con las que las y los campesinos se suministran del servicio de agua, entre otras acciones que parecen tener la intención de sacarlos del territorio. Adicional, expusieron la persecución que han sufrido las y los reporteros de Voces del Guayabero.
A raíz de esto, las 24 familias de Caño San José y Tercer Milenio estaban pasando hambre, pues se quedaron sin sus cultivos de pancoger. Pero, además, como quien puede prever lo que va a pasar. La Misión humanitaria advirtió que en pocos días podría llegar el operativo también a la vereda Nueva Colombia. Peor aún, advierten que, “vimos el miedo en los rostros de la población local, por la amenaza de militares que, durante los distintos operativos, gritaban “no se preocupen por nosotros, preocúpense por los que vienen detrás de nosotros, vivan las AUC”, recordándoles amenazas que se concretizaron en el pasado.”.
Ante eso, Diego Trujillo, Procurador para asuntos ambientales y agrarios, dijo al medio de comunicación Colombia2020 que, “este es un tema que la Procuraduría asume con mucha prudencia (…) en donde mafias del narcotráfico aprovecha las necesidades que tienen estos campesinos y donde no hay presencia del Estado (…) la Procuraduría ya ha empezado a pedir esa rendición de cuentas, para que nadie pueda actuar de manera ligera y con los abusos que se están presentando en el territorio. Nuestro papel hoy en día es como garantes y mediadores y no podemos tomar un partido inmediato”, explicaba pues consideraba que los prejuicios podían separar a las partes aún más, pero que está comprometida con los derechos humanos de la comunidad rural, ya que, “la guerra contra el narcotráfico” no significa que se pueda permitir un mal uso de la fuerza, por lo que, van a investigar sobre estos “presuntos abusos”.
La Misión Humanitaria por la Vida y por la Paz, denunció también una situación sumamente peligrosa para las mujeres, el que muchas de ellas han sido amenazadas con ser violadas, como históricamente ha sucedido en territorios donde se desarrollan conflictos bélicos y los cuerpos de las mujeres han sido usadas como botín de guerra. Algunos relatos que meses después conoceríamos en la zona, era sobre el constante acoso al tener que caminar las trochas por donde había uniformados, especialmente si iban solas.
Pero ni siquiera cuando iban en bloque se libraban de ser acosadas, recuerdan un día que mientras iban del centro poblado de Nueva Colombia a la finca de uno de los reporteros de Voces del Guayabero, les gritaron: “¡Estas hijueputas están buenas para darles por el culo!” como quien con cada frase reafirma su virilidad y se impone apoyado de las armas como el gran “macho alfa”, el que se vuelve más hombre cada vez que acosa, pero también como una evidente forma de provocación e irrespeto tanto para ellas como para todos los presentes.
Cuando estuve en Nueva Colombia donde gran parte de esos días almorzaríamos en una de las fincas del sector, dialogué con una de las niñas de la casa, ella asumía su responsabilidad como mujer en este proceso de resistencia, ayudando a cuidar a su hermano menor para alivianar la carga de su mamá poner soudcite, quien debía encargarse de preparar la comida junto con otras tres mujeres, para alrededor de 50 comensales. Así mismo ayudaba en las tareas más sencillas de la cocina, pero así se pasaban sus días, entre ayudar en la fuerte carga que tenían que asumir por ser su casa el sitio de reunión, pero a la vez diligenciar las guías que les dejaban en el marco de una educación en tiempos de pandemia.
Es curioso que para los niños, niñas y jóvenes de las veredas donde se concentraban los conflictos, era mucho mejor que les dejaran trabajo en casa y que solo ciertos días tuvieron que asistir a la escuela, pues temían tener que trasladarse de sus fincas a varias horas de camino, para llegar a la escuela ubicada en el centro poblado. “Mucho miedo porque eso es nuevo para mí (…) tengo que ir a presentar los trabajos y los profes nos dicen que tengamos mucho cuidado por el camino porque ellos ya saben por dónde tenemos que pasar nosotros (…) así como está la situación yo casi no puedo ir, porque me expongo mucho” me cuenta Yenifer Hurtado, con un poco de nervios al tener que hablar ante un micrófono.
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Colombia cerraba el mes de junio con la noticia que una tutela ordenaba frenar la erradicación forzada en resguardo indígena del pueblo Awá, ya que, a partir del asesinato de Ángel Narciso Nastacuas en el marco de un operativo en el resguardo Inda Sabaleta en Tumaco, mediante este mecanismo de participación ciudadana que ampara los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por cualquier entidad pública.
En este caso, amparados en la vida, la salud, el debido proceso y un mínimo vital, solicitaron la suspensión del proceso de erradicación en el que se ha concentrado el Gobierno Nacional bajo la premisa de erradicar ciento treinta mil hectáreas de coca en el país. Múltiples tutelas se presentaron en territorios PNIS de ocho departamentos donde se han concentrado los operativos como Antioquia, Cauca, Nariño, Meta, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Córdoba, exigiendo además el cumplimiento del punto cuatro del Acuerdo de Paz que debería lograr una solución al “problema de las drogas ilícitas”, en el que es claro en concluir que en Colombia se debe hacer un “tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género”.
Los operativos se han concentrado en zonas donde a través del PNIS, campesinos y campesinas erradicaron, según cidras de la ONUDC 34.767 hectáreas de coca de manera voluntaria, representando un 94% de cumplimiento con tan solo un 0,6% de resiembra, lo que evidenciaba en su momento que la sustitución era mucho más factible para el país que la erradicación forzada. Empero, el Gobierno Nacional no ha cumplido –como lo analizaremos en una próxima publicación-, por lo que muchas familias han tenido que nuevamente sembrar, otras han sufrido desplazamientos y otras siguen esperando el cumplimiento total de lo acordado.
Pese a las peticiones de las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional y que incluso Defensoría del Pueblo mediante comunicado de presenta recomendaron que se cumpliera la ruta establecida en el Acuerdo de Paz y que se priorizara el cumplimiento de la sustitución sobre la erradicación, los operativos continuaron. Según la Comisión Colombiana de Juristas, desde el 2016 a julio del 2020 se habían presentado 95 incidentes entre fuerza pública y sujetos de especial protección, pero solo en el 2020 han ocurrido 51 de ellos. También denunciaron que en el 20% de los casos hubo uso de armas de fuego y en el 19% resultaron personas heridas.
Hasta ese momento todas las tutelas interpuestas habían sido negadas en primera instancia, por lo que, las organizaciones y comunidades involucradas, apelaron y en segunda instancia dos de ellas fallaron a favor de las y los cultivadores. La primera de ellas, la del resguardo indígena Awa suspender de inmediato los operativos y respetar el derecho a la consulta previa que acoge a los pueblos indígenas.
La segunda pondría freno a la erradicación en Cajibio, Caloto y Piamonte, como lo profirió el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, amparados en el Auto 387 de 2019 de la Corte Constitucional, en dónde según jerarquía, se debe priorizar la sustitución. La respuesta del Ministerio de Defensa frente al logro de las comunidades en su lucha por la protección de los derechos humanos, fue anunciar la “hora cero” para iniciar fumigación por aspersión aérea con glifosato ya que lo más importante es combatir el crimen y el narcotráfico.
Para leer la investigación completa:
