La disputa por la tierra sigue siendo un reto para la construcción de paz en San Martín, Meta

Aún persisten confusiones respecto a la labor del Catastro Multipropósito en el municipio, por lo que es clave entenderlo, apropiarlo e implementarlo.

San Martín de los Llanos es el municipio más antiguo del Meta. Fue fundado en 1585 y este año cumple 440 años. Su historia ha pasado por la colonización, resistencias armadas de los pueblos indígenas, consolidación de la cultura llanera, y por supuesto, conflicto armado.

Este último inició durante la violencia bipartidista (1948-1958), cuando guerrillas liberales resistieron al gobierno conservador en los Llanos Orientales. Posteriormente, en los años 60, con la creación de las FARC y el ELN, la zona se convirtió en un corredor estratégico para estos grupos armados ilegales. Luego, en las décadas de los 80 y 90, el narcotráfico fortaleció a las guerrillas, que impusieron impuestos ilegales y secuestros, mientras que en los 2000 las AUC entraron, generando desplazamientos y masacres.

El eje central de este conflicto ha sido la tenencia de la tierra. Durante la violencia bipartidista, terratenientes desplazaron a campesinos y campesinas. Con el tiempo, guerrillas y paramilitares se apropiaron de territorios estratégicos. Además, el narcotráfico impulsó el uso del suelo para cultivos ilícitos y rutas de tráfico. Según el Registro Único de Víctimas, de las 8.812.089 personas desplazadas en Colombia, 6.123 son de San Martín.

La economía basada en la ganadería extensiva también ha generado tensiones entre grandes propietarios y pequeños campesinos y campesinas. Tras el Acuerdo de Paz de 2016, la violencia ha disminuido y han surgido iniciativas de restitución de tierras, pero la presencia de actores armados y el histórico acaparamiento de tierras para la ganadería siguen siendo obstáculos para la implementación de estos programas. La disputa territorial continúa siendo un desafío para la construcción de paz en la región, lo que hace esencial entender la implementación de la operación de Catastro Multipropósito.

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Dialogando en torno a la distribución de la tierra

Los días 07 y 08 de marzo, El Cuarto Mosquetero realizó un taller en el casco urbano de San Martín, en el marco de sus Escuelas Itinerantes de Comunicación para la Paz, sobre la equidad de género, el Catastro Multipropósito y un componente comunicativo.

El primer día se abordó la identidad de género, la orientación sexual y el respeto hacia las diferentes expresiones. También se discutió sobre las Violencias Basadas en Género que enfrentan las mujeres y cómo reconocerlas para prevenirlas y erradicarlas.

Posteriormente, se trató el componente comunicativo, reflexionando sobre los estereotipos de género en los medios de comunicación.En el segundo día, se explicó el concepto del Catastro Multipropósito, que varias personas asistentes confundieron con el impuesto predial. Se aclaró que el Catastro es un sistema de información que registra, actualiza y organiza datos sobre los predios en un territorio, mientras que el impuesto predial es un tributo que los propietarios deben pagar a los municipios, calculado con base en el valor catastral del predio y las tarifas locales.

El Catastro Multipropósito es fundamental para garantizar la seguridad jurídica sobre la tierra, facilitar el acceso a créditos y reducir los conflictos por la propiedad. Además, promueve una mejor planificación territorial, identifica zonas de riesgo y fomenta el uso adecuado del suelo. En zonas rurales, también impulsa la productividad al facilitar el acceso a subsidios y créditos, siendo crucial para la restitución de tierras y el avance hacia una vida digna.

Es esencial que las comunidades conozcan este concepto, ya que impacta su seguridad jurídica, impuestos y desarrollo local. Saber cómo funciona les permite proteger sus tierras, evitar despojos, pagar impuestos justos y acceder a créditos o subsidios. Además, les da herramientas para participar en la planificación del territorio y exigir mejores servicios e infraestructura.

El taller también incluyó una actividad de fotografía en la que los participantes captaron imágenes basadas en cuatro ejes temáticos: uso del suelo (casas, locales, empresas), infraestructura y servicios (calles, acueducto, puentes), naturaleza (vegetación, ríos, montañas) y aspecto socioeconómico (espacio público, plazas, medios de transporte).

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¿Excesivo aumento del avalúo catastral?

El tercer día, el taller continuó en la zona rural de San Martín, específicamente en la vereda Buenos Aires. En estas áreas, el Catastro Multipropósito es clave para la restitución de tierras y el acceso a programas de apoyo, fortaleciendo la economía local y la equidad en el uso del suelo.

Sin embargo, en la vereda, el campesinado expresó su preocupación por el avalúo de sus predios, los cuales fueron incautados al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y administrados por varias entidades estatales, como la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Incora, el Incoder y finalmente la Agencia Nacional de Tierras – ANT. A pesar de que estos predios fueron entregados hace más de 15 años, aún no se ha completado el proceso de titulación.

Las y los  campesinos denuncian que, hace 15 o 17 años, recibieron las parcelas valoradas en 13.570.000 pesos. «Y en solo un año de habernos entregado esas parcelas, el avalúo subió a 117 millones de pesos», afirmaron. En su momento, la Alcaldía Municipal les explicó que el aumento se debía a que hacía más de 20 años que no se realizaba una actualización catastral.

La comunidad también denuncia que el extinto Incoder otorgó los predios con una cláusula de 12 años para su enajenación o arrendamiento, prometiendo que al finalizar ese plazo se individualizarían y entregarán las escrituras públicas, algo que nunca se cumplió. Hoy, siguen enfrentando dificultades en la documentación, legalización e individualización de los predios, lo cual afecta su capacidad para realizar avalúos comerciales y pagar el impuesto predial. Además, teniendo en cuenta las condiciones de desigualdad en la tenencia de la tierra, muchos no están al día con este impuesto.

A pesar de múltiples intentos para que la ANT preste atención a su caso, la comunidad no ha recibido respuesta. Incluso, tras realizar una protesta pacífica frente a las instalaciones de esta dependencia en Villavicencio a finales de 2024, «ni siquiera se dignó la directora de la Agencia Nacional de Tierras a salir a saludarnos a los manifestantes», señalaron.

Por ahora, la comunidad espera que en mayo, con el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal, se logre una reunión con la ANT, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía. «Esperamos que se llegue a un feliz término, que se logre el sí para la caracterización, individualización de los predios», expresaron.