AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
Inundaciones en la Amazorinoquía: la crisis climática se agudiza y el Estado no previene
Las lluvias cada vez más intensas causan inundaciones todos los años durante la misma época, afectando a pueblos enteros como Puerto Lleras, El Castillo, El Dorado, Cubarral, entre otros, sólo en el Meta. Aunque las comunidades se organizan y resisten, las instituciones siguen actuando para responder a los desastres, sin prevenir ni mitigar los riesgos. La crisis climática y la falta de planificación estructural agravan un problema que ya es crónico.
Desbordamientos de ríos y caños, deslizamientos, pérdida de carreteras, crecientes súbitas y trasvase de los ríos, colapso de infraestructura, movimientos en masa, avenidas torrenciales. Inundaciones. Entre el 14 de abril y el 09 de mayo, según la Dirección Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres -DIGERD-, se presentaron 85 eventos de emergencias en el Meta en los cuales 23235 personas y 5094 familias han sido afectadas. Esto sin contar a Villavicencio.
Todos los años se repite el mismo patrón: la temporada de lluvias llega con fuerza, las noches se llenan de incertidumbre, los ríos se crecen y se desbordan, las comunidades de Villavicencio y en general de la Amazorinoquía se ven afectadas, hay derrumbes, se pierden cultivos, hay personas damnificadas, algunos pueblos quedan incomunicados y con el agua hasta la cintura.
Las tormentas causan miedo. Las comunidades están cansadas y organizadas. Las instituciones, han actuado históricamente luego de las lluvias, para responder y reestructurar, no para mitigar y prevenir. Se entregan ayudas, kits, se cumple el protocolo para la atención de desastres. Jorge Díaz, director de la Defensa Civil, seccional Meta y Llanos Orientales, explica que “lo primero en orden de prioridad es salvarle la vida a la gente, evacuarla de la amenaza y de la zona de alto riesgo y donde quedan aislados y sin protección”. Efectivamente, este año no se han perdido vidas -afortunadamente-, pero la situación en la región es crítica.
La Gobernación del Meta, en compañía de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo -UNGRD-, ha verificado puntos críticos por ejemplo del cauce del río Ariari, Brayan Molina secretario de planeación de El Castillo dijo que estas visitas se realizan “para proponer otras acciones preventivas en pro de la comunidad. Sin embargo, no especifica cuáles acciones o propuestas.
El viernes 30 de mayo circuló un vídeo por grupos de WhatsApp del territorio que decía: “amigos de El Castillo y la región del Ariari, en este momento 30 de mayo siendo las 6 y 42 minutos de la tarde, miramos este río Ariari que va de orilla a orilla (…) el trabajo que hicimos viene reteniendo el fuerte oleaje, y si no, ya estuviéramos inundados en El Castillo”. Se refiere a las obras que se hicieron luego de las inundaciones presentadas en el mes de febrero.
Dos días después, el municipio de El Calvario amaneció incomunicado. No es la primera vez que pasa. Incluso, el 15 de junio de 2022, habitantes de este municipio y de San Juanito protestaron al respecto. Ante esta nueva coyuntura, el diputado de la Asamblea del Meta Jeisson Velásquez, contó que se destinarán 150 horas máquina que estaban solicitadas para hacer arreglos a la vía de este municipio, pero se utilizarán para los deslizamientos recientes.
El diputado se refiere a una respuesta habitual en estas situaciones: las “horas máquina”. En gestión del riesgo de desastres, esto implica el uso de maquinaria pesada para atender emergencias. Entidades como la UNGRD, gobernaciones o alcaldías contabilizan estas horas para justificar gastos, pedir apoyo o contratar servicios. Es una muestra de una gestión reactiva, que responde al desastre en lugar de prevenirlo con obras estructurales.
Desbordamientos de ríos y caños, deslizamientos, pérdida de carreteras, crecientes súbitas y trasvase de los ríos, colapso de infraestructura, movimientos en masa, avenidas torrenciales. Inundaciones. Entre el 14 de abril y el 09 de mayo, según la Dirección Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres -DIGERD-, se presentaron 85 eventos de emergencias en el Meta en los cuales 23235 personas y 5094 familias han sido afectadas. Esto sin contar a Villavicencio.
Todos los años se repite el mismo patrón: la temporada de lluvias llega con fuerza, las noches se llenan de incertidumbre, los ríos se crecen y se desbordan, las comunidades de Villavicencio y en general de la Amazorinoquía se ven afectadas, hay derrumbes, se pierden cultivos, hay personas damnificadas, algunos pueblos quedan incomunicados y con el agua hasta la cintura.
Las tormentas causan miedo. Las comunidades están cansadas y organizadas. Las instituciones, han actuado históricamente luego de las lluvias, para responder y reestructurar, no para mitigar y prevenir. Se entregan ayudas, kits, se cumple el protocolo para la atención de desastres. Jorge Díaz, director de la Defensa Civil, seccional Meta y Llanos Orientales, explica que “lo primero en orden de prioridad es salvarle la vida a la gente, evacuarla de la amenaza y de la zona de alto riesgo y donde quedan aislados y sin protección”. Efectivamente, este año no se han perdido vidas -afortunadamente-, pero la situación en la región es crítica.
La Gobernación del Meta, en compañía de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo -UNGRD-, ha verificado puntos críticos por ejemplo del cauce del río Ariari, Brayan Molina secretario de planeación de El Castillo dijo que estas visitas se realizan “para proponer otras acciones preventivas en pro de la comunidad. Sin embargo, no especifica cuáles acciones o propuestas.
El viernes 30 de mayo circuló un vídeo por grupos de WhatsApp del territorio que decía: “amigos de El Castillo y la región del Ariari, en este momento 30 de mayo siendo las 6 y 42 minutos de la tarde, miramos este río Ariari que va de orilla a orilla (…) el trabajo que hicimos viene reteniendo el fuerte oleaje, y si no, ya estuviéramos inundados en El Castillo”. Se refiere a las obras que se hicieron luego de las inundaciones presentadas en el mes de febrero.
Dos días después, el municipio de El Calvario amaneció incomunicado. No es la primera vez que pasa. Incluso, el 15 de junio de 2022, habitantes de este municipio y de San Juanito protestaron al respecto. Ante esta nueva coyuntura, el diputado de la Asamblea del Meta Jeisson Velásquez, contó que se destinarán 150 horas máquina que estaban solicitadas para hacer arreglos a la vía de este municipio, pero se utilizarán para los deslizamientos recientes.
El diputado se refiere a una respuesta habitual en estas situaciones: las “horas máquina”. En gestión del riesgo de desastres, esto implica el uso de maquinaria pesada para atender emergencias. Entidades como la UNGRD, gobernaciones o alcaldías contabilizan estas horas para justificar gastos, pedir apoyo o contratar servicios. Es una muestra de una gestión reactiva, que responde al desastre en lugar de prevenirlo con obras estructurales.
Foto: Juan Esteban Espitia
Foto: Juan Esteban Espitia
Foto: Juan Esteban Espitia
Foto: Juan Esteban Espitia
Foto: Juan Esteban Espitia
Las comunidades resisten
La primera vez que a Luz Arelia Aya, conocida como Lucy, se le inundó la casa, fue en 2016. “Se entraron como unos 15 centímetros de agua a los hogares”, recuerda. Vive en Puerto Lleras, en el barrio Popular desde el 2006, y en ese entonces nunca vio al río Ariari como un peligro. Lo veía manso. Ahora lo describe como “un monstruo que nos está persiguiendo día a día y nos tiene en zozobra”.
Este año las aguas llegaron con más fuerza entre el 04 y el 05 de mayo a Puerto Lleras. Casi el 100% del casco urbano del municipio se inundó, obligando a la administración municipal a decretar “Calamidad pública por variabilidad climática”. Fueron, según dados de la alcaldía más de 4700 personas afectadas. A pesar de esto, la DIGERD registró 2500.
La misma noche, más arriba del río, habitantes de los municipios de El Castillo, El Dorado y San Luis de Cubarral también sufrieron la embestida de las aguas fuertes. Según la DIGERD hubo 3300 personas afectadas sólo en El Castillo y ni una sola persona afectada en los otros dos municipios mencionados. Tampoco se registraron hectáreas de cultivos perjudicados, cuando la realidad es que se perdieron grandes áreas de plátano, yuca y maíz. Esta incongruencia entre datos departamentales y lo que evidencian las comunidades es una prueba de que se reducen las cifras y de que hay una desconexión entre instituciones, pobladores, líderes y lideresas de los territorios. La inoperancia y la inacción antes de las inundaciones motivó a las comunidades a manifestarse.
Lea también: Anuncian cierre total de vía entre el Ariari y el resto del país por ola invernal
La protesta duró más de una semana. Se levantó debido a que la UNGRD asumió el compromiso de proporcionar nuevas horas de maquinaria para avanzar en la mitigación del problema, pero el Comité de Damnificados del Ariari sigue exigiendo que se incluya en el presupuesto departamental el cierre de los trasvases, que las alcaldías prioricen la evaluación de las poblaciones en riesgo y se realicen obras estructurales de prevención y mitigación.
Este mismo comité interpuso una acción popular contra la Alcaldía de El Dorado, la Dirección Departamental para la Gestión de Riesgo y Desastres, Cormacarena y la UNGRD debido a la problemática. El 15 de noviembre, el Tribunal Administrativo del Meta falló a favor de la comunidad y le ordenó, entre otras cosas, “elaborar dentro del término de un (1) mes, un plan de acción con el cual se intervenga, según el grado de riesgo, los puntos o sectores del río Ariari identificados en el Concepto Técnico, con las obras de mitigación preventivas que se requieran con el fin de reducir el impacto negativo del incremento del caudal del río Ariari como consecuencia del aumento de las precipitaciones (…)”.
Sin embargo, dicho plan no se ha realizado, lo cual llevó a que en febrero de este año, cuando comenzaron las lluvias, el Comité de Damnificados del Ariari interpuso un incidente de desacato debido a que “es evidente la renuencia en el cumplimiento de la orden judicial, lo que provoca no solamente un desacato, sino incluso un fraude a fallo judicial”. También radicaron una solicitud de medida cautelar de urgencia para que se ordene a las instituciones demandadas, que realicen las obras de mitigación correctivas y preventivas, que cesen el impacto negativo que se viene presentando desde el 22 de febrero por el desborde del río Ariari, y que se instale un comité de verificación liderado por el ministerio público, donde se haga seguimiento continuo al cumplimiento de esta orden.
Por otra parte, en Puerto Lleras se organizó un bingo bailable para recoger fondos ante la ausencia del Estado para realizar una obra completa que prevenga de manera estructural el trasvase, es decir, la juntanza del cauce del río Ariari con el Caño Iracá, lo que ocasiona las inundaciones. Se reunieron más de 60 millones, duró hasta la una de la mañana y las personas bailaron y disfrutaron por una causa común.
Una región propensa a inundarse
El piedemonte llanero está ubicado estratégicamente entre la cordillera oriental, la Orinoquía y la selva amazónica. Es un territorio bastante húmedo donde llegan vientos provenientes del otro lado del mundo y se chocan contra las montañas. Importantes ríos como el Ariari, el Meta y el Metica nacen en esta región que se extiende desde Arauca, baja hacia Casanare, pasa el Meta y llega hasta el Guaviare, el Caquetá y el Putumayo.
Según la Mayor Carolina Rueda, jefa de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam-, la región de la Orinoquía y la Amazonía -la Amazorinoquia- se comportan, en condiciones normales, con un régimen de lluvias monomodal: “Es decir, una temporada de más lluvias y una temporada de menos lluvias en el año”.
La funcionaria agrega que “cuando vienen los vientos alisios pasan por Arauca, Casanare y el Meta trayendo la humedad que se encuentra en el Atlántico. Así es como funciona el clima para esta región del país: Cuando estos vientos llegan a las cordilleras, se forman estas nubes tan características que traen estos regímenes de precipitación sobre el piedemonte”.
La Organización Meteorológica Mundial -OMM- ha reportado que estamos 1.5° Centígrados a nivel mundial, mucho más calientes que en años anteriores. Esto tiene relación con los eventos extremos, explica la Mayor Carolina, debido a que son cada vez más fuertes. “Las sequías son cada vez más extremas, las temporadas de lluvias son obviamente mucho más intensas, mucho más extremas también. Las inundaciones, los eventos ciclónicos, los huracanes son cada vez más fuertes comparados con años anteriores”.
Tan solo en el Meta, actualmente hay 16 municipios declarados en Calamidad Pública por variabilidad climática y el mismo Departamento también emitió el Decreto 078, por medio del cual también se acoge a esta figura. La Ley 1523 de 2012 estípula que esto es “el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción”.
El piedemonte llanero está ubicado estratégicamente entre la cordillera oriental, la Orinoquía y la selva amazónica. Es un territorio bastante húmedo donde llegan vientos provenientes del otro lado del mundo y se chocan contra las montañas. Importantes ríos como el Ariari, el Meta y el Metica nacen en esta región que se extiende desde Arauca, baja hacia Casanare, pasa el Meta y llega hasta el Guaviare, el Caquetá y el Putumayo.
Según la Mayor Carolina Rueda, jefa de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam-, la región de la Orinoquía y la Amazonía -la Amazorinoquia- se comportan, en condiciones normales, con un régimen de lluvias monomodal: “Es decir, una temporada de más lluvias y una temporada de menos lluvias en el año”.
La funcionaria agrega que “cuando vienen los vientos alisios pasan por Arauca, Casanare y el Meta trayendo la humedad que se encuentra en el Atlántico. Así es como funciona el clima para esta región del país: Cuando estos vientos llegan a las cordilleras, se forman estas nubes tan características que traen estos regímenes de precipitación sobre el piedemonte”.
La Organización Meteorológica Mundial -OMM- ha reportado que estamos 1.5° Centígrados a nivel mundial, mucho más calientes que en años anteriores. Esto tiene relación con los eventos extremos, explica la Mayor Carolina, debido a que son cada vez más fuertes. “Las sequías son cada vez más extremas, las temporadas de lluvias son obviamente mucho más intensas, mucho más extremas también. Las inundaciones, los eventos ciclónicos, los huracanes son cada vez más fuertes comparados con años anteriores”.
Tan solo en el Meta, actualmente hay 16 municipios declarados en Calamidad Pública por variabilidad climática y el mismo Departamento también emitió el Decreto 078, por medio del cual también se acoge a esta figura. La Ley 1523 de 2012 estípula que esto es “el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción”.
Si por acá llueve, por allá no escampa
El panorama a nivel nacional de la prevención y mitigación del riesgo de desastres es desalentador. Tan sólo en el Meta se han presentado inundaciones en municipios como Cabuyaro y en la misma Villavicencio. En Casanare el municipio de Orocué fue afectado también. En El Retorno y Miraflores del Guaviare, en el Amazonas, el centro poblado de La Chorrera se inundó y en Medellín, Antioquia, el pasado 22 de mayo, tres viviendas del barrio La Libertad II fueron sepultadas por un movimiento en masa.
Este barrio hace parte de la comuna ocho de la capital antioqueña. En este sector, desde el 2022, las comunidades, organizaciones sociales, vecinos y vecinas se han juntado para hacer prevención y mitigación del riesgo. Crearon una estrategia pedagógica denominada “8 por la Ocho”, que busca la articulación entre la institucionalidad, la academia y las organizaciones comunitarias para aplicar conocer las medidas de mitigación de riesgo y adaptación a la crisis climática que se tienen en los barrios.
Entre estas medidas se encuentra el manejo de aguas lluvias y escorrentía, la limpieza de basuras y escombros de quebradas y cunetas, el monitoreo y el sellamiento de grietas, entre otras. Estas organizaciones de base también propusieron convocar un Cabildo Abierto para la Acción Climática Incluyente en el que presentaron sus propuestas y se generaron alternativas para que la institucionalidad tenga en cuenta el enfoque de los sectores populares de Medellín.
Esto se contrasta con los diferentes escándalos de corrupción a nivel nacional que ha tenido la UNGRD. Se reveló el año pasado una red de malversación de fondos públicos que asciende a cerca de 5 billones de pesos, según hallazgos de la Contraloría General de la República. Las investigaciones han identificado irregularidades en más de 31 contratos relacionados con la adquisición de carrotanques, programas de ayuda alimentaria y suministro de maquinaria, incluyendo sobrecostos de hasta el 700% y adjudicaciones a empresas sin experiencia o sin personería jurídica.
En el panorama regional, Jorge Díaz es enfático en expresar “meten personas por cuota burocrática, cumpliendo políticamente a los que los apoyaron, que no saben ni siquiera qué es un riesgo”. Desde el 2023 hasta la actualidad, la DIGERD ejecuta 18 proyectos por un total de $ 54,185,728,286.
El panorama a nivel nacional de la prevención y mitigación del riesgo de desastres es desalentador. Tan sólo en el Meta se han presentado inundaciones en municipios como Cabuyaro y en la misma Villavicencio. En Casanare el municipio de Orocué fue afectado también. En El Retorno y Miraflores del Guaviare, en el Amazonas, el centro poblado de La Chorrera se inundó y en Medellín, Antioquia, el pasado 22 de mayo, tres viviendas del barrio La Libertad II fueron sepultadas por un movimiento en masa.
Este barrio hace parte de la comuna ocho de la capital antioqueña. En este sector, desde el 2022, las comunidades, organizaciones sociales, vecinos y vecinas se han juntado para hacer prevención y mitigación del riesgo. Crearon una estrategia pedagógica denominada “8 por la Ocho”, que busca la articulación entre la institucionalidad, la academia y las organizaciones comunitarias para aplicar conocer las medidas de mitigación de riesgo y adaptación a la crisis climática que se tienen en los barrios.
Entre estas medidas se encuentra el manejo de aguas lluvias y escorrentía, la limpieza de basuras y escombros de quebradas y cunetas, el monitoreo y el sellamiento de grietas, entre otras. Estas organizaciones de base también propusieron convocar un Cabildo Abierto para la Acción Climática Incluyente en el que presentaron sus propuestas y se generaron alternativas para que la institucionalidad tenga en cuenta el enfoque de los sectores populares de Medellín.
Esto se contrasta con los diferentes escándalos de corrupción a nivel nacional que ha tenido la UNGRD. Se reveló el año pasado una red de malversación de fondos públicos que asciende a cerca de 5 billones de pesos, según hallazgos de la Contraloría General de la República. Las investigaciones han identificado irregularidades en más de 31 contratos relacionados con la adquisición de carrotanques, programas de ayuda alimentaria y suministro de maquinaria, incluyendo sobrecostos de hasta el 700% y adjudicaciones a empresas sin experiencia o sin personería jurídica.
En el panorama regional, Jorge Díaz es enfático en expresar “meten personas por cuota burocrática, cumpliendo políticamente a los que los apoyaron, que no saben ni siquiera qué es un riesgo”. Desde el 2023 hasta la actualidad, la DIGERD ejecuta 18 proyectos por un total de $ 54,185,728,286.
Foto: Vladimir Encina
Foto: Vladimir Encina
Foto: Camilo Rey
Cada año va a llover más fuerte
Gerardo Pérez es nacido y criado en Puerto López. Este municipio del llano metense también se inunda desde hace varios años y a este llanero nunca le había dado miedo el río Meta.
—El río es mi papá—, dice enfático— él me da de comer cuando yo no tengo trabajo. El problema no es el río que siempre me visita. El problema que tengo es con una cantarilla nueva. Apenas cae un aguacero grande se me devuelve toda la mierda.
Todos los ríos van siguiendo su cauce. Son dueños de todo lo que hay a su alrededor, autónomos para cambiar de camino, libres para imponerse en todo lugar. Las comunidades lo saben. Han convivido con ellos desde siempre, los respetan. Pero las instituciones los subestiman. Prefieren actuar luego de que los ríos reclamen lo que es suyo, lo que les pertenece. Y las personas más vulnerables son las que se encuentran en mayor riesgo y las que se llevan la peor parte tras eventos de desastre.
Es una realidad que por la crisis climática y el calentamiento global, las lluvias cada año van a ser más intensas. El caso de Gerardo Pérez, la caída de las casas en La Libertad II de Medellín, el taponamiento de las alcantarillas, las constantes inundaciones en barrios de Villavicencio como Porfía, La Madrid, 13 de mayo, El Ruby, incluso de las mismas avenidas como La 40, de las principales de la ciudad, todas las afectaciones por el desbordamiento de ríos como el Ariari, demuestran que en esta región y en el país, no se está planificando ni planeando ni construyendo hacia el futuro con base en el ordenamiento del agua, las fuentes hídricas, las lluvias, la crisis climática y sobre todo la prevención y mitigación del riesgo.
Gestionar el riesgo va más allá de atenderlo cuando ya ocurrieron los desastres. Este es un proceso que debe ser integral y tiene cuatro etapas: mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Cada uno en momentos distintos, pero en el caso del departamento e incluso en el caso de la región de la Amazorinoquía y el resto del país, las autoridades solo se concentran en la respuesta.
Lea también: El agua que viene y se va en el barrio El Rubí de Villavicencio
Gerardo Pérez es nacido y criado en Puerto López. Este municipio del llano metense también se inunda desde hace varios años y a este llanero nunca le había dado miedo el río Meta.
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Todos los ríos van siguiendo su cauce. Son dueños de todo lo que hay a su alrededor, autónomos para cambiar de camino, libres para imponerse en todo lugar. Las comunidades lo saben. Han convivido con ellos desde siempre, los respetan. Pero las instituciones los subestiman. Prefieren actuar luego de que los ríos reclamen lo que es suyo, lo que les pertenece. Y las personas más vulnerables son las que se encuentran en mayor riesgo y las que se llevan la peor parte tras eventos de desastre.
Es una realidad que por la crisis climática y el calentamiento global, las lluvias cada año van a ser más intensas. El caso de Gerardo Pérez, la caída de las casas en La Libertad II de Medellín, el taponamiento de las alcantarillas, las constantes inundaciones en barrios de Villavicencio como Porfía, La Madrid, 13 de mayo, El Ruby, incluso de las mismas avenidas como La 40, de las principales de la ciudad, todas las afectaciones por el desbordamiento de ríos como el Ariari, demuestran que en esta región y en el país, no se está planificando ni planeando ni construyendo hacia el futuro con base en el ordenamiento del agua, las fuentes hídricas, las lluvias, la crisis climática y sobre todo la prevención y mitigación del riesgo.
Gestionar el riesgo va más allá de atenderlo cuando ya ocurrieron los desastres. Este es un proceso que debe ser integral y tiene cuatro etapas: mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Cada uno en momentos distintos, pero en el caso del departamento e incluso en el caso de la región de la Amazorinoquía y el resto del país, las autoridades solo se concentran en la respuesta.
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