“[Mi mamá] se puso a llorar y me abrazó, dijo que no hiciera eso, que mejor ayudara a papá y yo le dije: “no, mamá, yo no aguanto más eso, yo quiero ayudarlos”. […] Me gané 500.000 pesos y el comandante me mandó a llamar, me dijo que si quería sacar a mi familia adelante que me metiera con ellos. Yo le dije que no sabía si fuera capaz, no sabía si aguantaría con el fusil, la maleta y toda esa vaina, me dijo que solamente era de miliciano”. Esta narración recogida por la Comisión de la Verdad y consignada en el informe final, refleja la tragedia del reclutamiento forzado que, en muchos casos, nombraron como incorporación voluntaria, cuando por contextos familiares y económicos el niño, la niña y/o adolescente no tenían otra alternativa y terminaron en grupos armados.
El reclutamiento de menores de 15 años es un crimen de guerra tipificado en el Derecho Internacional Humanitario. Esa práctica estuvo presente en todos los grupos armados presentes en el conflicto armado colombiano, incluso en las Fuerzas Militares, ya que, hasta 1996, el reclutamiento de menores de edad fue legal en el país. Así mismo, esa acción cometida, es toda aquella que tiene relación de manera directa o indirecta con el conflicto, como es el ejemplo con el que empieza este escrito: un menor que va a ser miliciano o parte de las redes de apoyo de la guerrilla.
Muchas de las víctimas fueron usadas en combates, actividades de soporte, uso como guías, tareas logísticas, abastecimiento y cuidado de personas retenidas o privadas de la libertad. Otros, fueron usados de manera indirecta, incluso en acciones administrativas y de recolección de recursos económicos. En la gran mayoría de los casos, las condiciones de pobreza extrema, miseria y exclusión social, propiciaron el accionar de los grupos armados para reclutar menores de edad.
Cuando no estaban siendo parte directa en las hostilidades, estos niños, niñas y adolescente también les fueron vulnerados sus derechos. Las normas relativas a la guerra prohíben cualquier forma de instrumentalización, relación y aproximación con el conflicto. Además, en muchos casos, el reclutamiento implicó la separación de sus familias, tener que desplazarse del territorio y cometer actos delictivos a muy temprana edad. En otros casos, el deseo de venganza contra un grupo armado, por actos violentos cometidos contra sus familias, propiciaron que el menor llegara a las filas del bando contrario, pero esto también es una práctica pérfida en las hostilidades.
De acuerdo a los testimonios recogidos por el informe final, muchas víctimas o una gran mayoría de estas fueron usadas como mensajeros o los infiltraron en el enemigo. Los que participaron directamente en las hostilidades murieron, crecieron en las filas y otros, ahora en la vida civil, deben cargar con los estragos causados por la guerra y el haber usado buena parte su infancia, adolescencia e incluso gran parte de su vida adulta con los traumas que esto puede acarrear.
El crecimiento de los grupos armados, que como ya lo hemos mencionado en otros escritos, tuvo algunos picos de crecimiento, especialmente entre los años 1998 y 2004. Esa expansión generó la necesidad de contar con más combatientes y colaboradores, por lo que el reclutamiento forzado repuntó durante esa época. Según los datos recolectados de diversas fuentes por la Comisión de la Verdad, se calculó que entre 1990 y el año 2017 hubo 16.238 actos de reclutamiento forzado en menores de edad.
El departamento del Meta fue el que tuvo la mayor incidencia de casos con 2.977 víctimas, que corresponden al 18% de total. Le sigue Antioquia con 2.346 víctimas. En tercer lugar, se ubica Guaviare con 1.105 casos de reclutamiento en menores de edad. El resto de los casos ocurrieron en casi todos los departamentos del Colombia. Casi la totalidad de las víctimas se atribuyen a las FARC, con un 75%, los grupos paramilitares con un 13%, el ELN con un 9% y el restante no se ha logrado determinar. Así mismo y como cifra no menos importante, 4 de cada 10 víctimas de reclutamiento forzado eran menores de 15 años.
Desde la zona de distensión y tras ella, los casos fueron en aumento. Los enfrentamientos con grupos paramilitares y la Fuerza Pública exigían un gran número de combatientes, milicias y demás redes de apoyo, en donde los niños, niñas y adolescentes jugaron un papel muy importante y se convirtieron de manera horrorosa en un recurso muy útil para los violentos. Tras el año 2013 y con las primeras aproximaciones a un acuerdo de paz con las FARC y con la entrega de armas de los grupos paramilitares, el reclutamiento forzado de menores de edad, descendió de manera drástica.
Aunque y a pesar de la firma del Acuerdo de paz, la práctica persiste, grupos residuales de paramilitares y de guerrilla continúan reclutando menores de edad. Esto lo ha dado a conocer la misión de las Naciones Unidas en Colombia, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones sociales en el país. Por ejemplo, solo en el primer semestre de 2021, fueron denunciados 269 casos de reclutamiento en niños, niñas y adolescentes.
Las anteriores cifras de afectación se quedan cortas para reflejar los enormes problemas familiares y sociales que esta práctica generó. El reclutamiento desarticuló familias, las separó, les quitó la posibilidad, en muchos casos, de la descendencia. En las comunidades indígenas se afectaron los procesos de autonomía, autoridad y trasmisión cultural. Y, en líneas generales, los señalamientos, la estigmatización y las retaliaciones, fueron comunes en muchas comunidades en donde sus niños, niñas y adolescentes, estaban conformando las filas de un grupo armado.
Foto de portada diseñada a partir de fotografía de Liga Contra el Silencio
*Esta campaña se realiza con el apoyo del Instituto Colombia-Alemán para la paz -CAPAZ.
