El conflicto armado colombiano tuvo una característica que lo ha definido a lo largo de su historia, la confrontación se ha desarrollado en medio de la población civil y ellos han sido sus principales víctimas. Las guerrillas utilizaron diversos métodos para hacerse con el control del territorio, el secuestro y los asesinatos selectivos, así como el ataque a infraestructura de todo tipo, incluyendo las de las comunidades, fueron los más empleados. Las armas que se usaron generaron que la afectación dejara víctimas indirectas, como las ocasionadas por las minas antipersonales y los cilindros bombas.
La población civil fue ampliamente victimizada por los grupos guerrilleros, sostiene la Comisión de la Verdad en su informe final, por ejemplo, algunos sectores políticos y económicos fueron considerados sus adversarios, ya que por sus actividades se les podía rotular como enemigos de clase. Pero, así mismo, estos grupos por sus recursos fueron usados como método de financiación de la guerra. En ese sentido, prácticas como la extorsión y el secuestro fueron usadas para inyectar recursos en la economía de guerra de las guerrillas.
El secuestro ha sido uno de los flagelos más graves practicados durante la guerra, fue lo que originó que el conflicto se deshumanizara por completo y personas de todos los grupos sociales, políticos y económicos hayan sido afectados. Para algunas víctimas entrevistadas por los investigadores de la Comisión de la Verdad, aquellos meses y años fueron una “muerte en vida”. A pesar del enorme rechazo de la sociedad colombiana las guerrillas como las FARC, ejercieron el secuestro hasta el final de sus días, antes de la firma del Acuerdo de Paz.
Las FARC fueron los principales responsables de los actos de secuestro con el 40% del total de los casos, lo que equivale a unas 20.233 víctimas. El ELN representa el 19% con 9.538 personas retenidas a la fuerza. En la mayoría de los casos la crueldad derivada de las condiciones infrahumanas fue una constante, su masividad, los largos periodos de cautiverio y el asesinato de los retenidos tipificaron estas acciones como una de las más crueles en el desarrollo de las hostilidades.
Las víctimas, sus familias e incluso los victimarios reflexionaron de manera constante en los encuentros con la Comisión y en casi todos hubo una sola voz, la crueldad. “Las palabras no sanan ni reparan la pérdida de sus seres queridos, porque es muy duro y uno no tiene palabras para expresar en una situación tan dura… Esto fue por una lucha, pero me pongo en el lugar de las familias y… muy duro… Hay un mayor reconocimiento de que las FARC no debieron usar el secuestro “como arma para lograr un fin político” […]. Hemos entendido que no es cierto que en la guerra se puede hacer de todo o todo es válido […]. Tenemos que decir que esto nunca debió haber pasado”. Esas fueron las palabras no de una víctima, sino de un excombatiente de las FARC que ahora entiende el craso error que cometieron cuando estuvieron en las armas.
En muchas ocasiones el secuestro no fue con fines políticos -figuras políticas importantes y militares- una gran mayoría fue realizado a civiles que tenían la capacidad económica para pagar por su liberación. En estos casos las víctimas se vieron inmersas en condiciones muy difíciles, muchos de ellos y ellas murieron, sufrieron tratos aberrantes, hubo violencia sexual, tortura y amenazas contra la integridad física. El siguiente es un relato de un exsecuestrado en el que se puede observar cómo las personas fueron usadas como mercancías:
“Mi secuestro fue… llegamos a un acuerdo, fue de 180 millones de pesos en el año 2003 –una cifra exageradísima–, de los cuales entregamos 140 millones de pesos y les quedé debiendo 40 millones de pesos. Esos 140 millones de pesos yo creo que ha sido el Teletón más grande que ha habido en Magangué de los amigos, porque yo no tenía la plata, sino que se hizo una recolecta importante. A mi señora le tocó vender parte de los semovientes que teníamos en la finca. Y, además de eso, nos tocó acudir a unos créditos”
