Human Right Watch atribuye la imposibilidad de extinguir la violencia en el país a los altos niveles de pobreza y miseria, al limitado acceso a la justicia y a los abusos de los grupos armados. Los acuerdos con las FARC del año 2016 trajeron una notable mejoría en materia de violencia, pero esta ha ido mutando y hoy, en casi toda Colombia, la violencia se hace presente en campos y ciudades.
En su informe anual 2023 de Human Right Watch, en el que presenta una mirada sobre la situación de Derechos Humanos alrededor del mundo, se entregó un apartado de la situación de Colombia, el cual es bastante revelador, evidenciando que la violencia sigue manteniéndose. Lo anterior, muy a pesar de la firma de procesos de paz con las Autodefensas y la guerrilla de las FARC, con esta última en 2016.
Grupos paramilitares, el ELN y las disidencias de las FARC siguen siendo el principal obstáculo para consolidar la paz, pero, aunque estos muestren voluntad de dejar las armas, el Estado no es capaz de garantizar que los eventuales acuerdos se cumplan. Es así como el narcotráfico continúa siendo el combustible del conflicto en términos económicos y otros flagelos como la corrupción.
En marzo, una masacre puso en la lupa de organizaciones de derechos humanos al país, cuando en medio de una operación militar 11 personas fueron asesinadas en una celebración comunitaria en El Remanso, departamento del Putumayo. La versión inicial fue de un asalto a un campamento guerrillero, pero tras las pesquisas de autoridades e instituciones como la Defensoría del Pueblo, se empezó a tejer la posibilidad de un falso positivo, ya que, las evidencias encontradas presentan muchos vicios. La Fiscalía acusó formalmente a 25 soldados por el asesinato de civiles, pero a la fecha el proceso está detenido por una solicitud de los abogados defensores para trasladar el caso a la justicia militar.
Los efectos del estallido social y otras protestas -2021 y 2022- se siguieron observando, especialmente por la espera para que las condenas por violaciones de Derechos Humanos se materializaran. Al cierre del informe de HWR, esa misma organización manifestó que lograron identificar al menos 25 participaciones de miembros de la Policía Nacional en asesinatos, lesiones personales y arrestos arbitrarios. La Fiscalía General de la Nación en el 2023 acusó a ocho policías, pero aún sin establecerse condenas.
Desde el 2016 han sido asesinados 1.200 defensores y defensoras de Derechos Humanos, 150 de ellos y ellas fueron documentados por esta organización internacional entre enero y noviembre de 2023. Es decir, casi un 15% del total en 11 meses, lo que al mismo tiempo muestra que en Colombia mataron en promedio dos personas por mes. En las elecciones regionales del mes de octubre, 16 candidatos y candidatas de diversas regiones del país, fueron asesinados según la Defensoría del Pueblo.
La Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas documentó más de 56 mil desplazados y desplazadas por el accionar de la violencia de diversos grupos armados, incluyendo a agentes del Estado. Esto da una clara señal de que el conflicto armado se mantiene vivo en varias zonas del país, incluso en áreas en donhan aparecido nuevos individuos violentos y/o grupos que se han hecho con el control de las zonas imponiéndose con violencia.
El informe también abordó las violencias basadas en género, ya que uno de los aspectos denunciados en el documento es que el país muestra un claro atraso en materia de prevención y justicia, ya que la mayoría de los casos quedan en la impunidad.
Esto muy a pesar del esfuerzo de la Corte Constitucional para generar mecanismos de protección a personas con identidades de sexo y género diversas. HWR citando a Colombia Diversa, resaltó los 148 asesinatos perpetrados en 2022 atribuidos directamente por la condición sexual, 107 casos de violencia policial y 134 asesinatos en el 2023, estos últimos con información de la misma Fiscalía General de la Nación.
Para HWR es de vital importancia generar una reducción significativa de las desigualdades, crear mecanismos de derechos que funcionen con poblaciones históricamente olvidadas y doblegar los esfuerzos para la eliminación de los actores violentos como las guerrillas, los grupos paramilitares, pero al mismo tiempo para avanzar con celeridad en una fuerza pública garantista de Derechos Humanos.
Asimismo, el fortalecimiento de las entidades encargadas de atender a las poblaciones violentadas, pero mucho más en acciones de acompañamiento y de prevención que aseguren la no repetición de las violencias de todo tipo.
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