AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
Gobiernos Indígenas de la Amazonía avanzan en la consolidación de las ETI
Recientemente, diez pueblos indígenas de la Amazonía invitaron al presidente Petro a un diálogo de gobierno a gobierno, basado en la interculturalidad y el respeto mutuo. Aunque el mandatario no respondió, delegados del Gobierno Nacional sí acudieron al llamado.
Imagina vivir durante siglos en un territorio sin fronteras impuestas ni conceptos de propiedad privada. Un territorio donde la tierra, el agua y el cielo no se poseían sino que se compartían. Ahora imagina que, de un día para otro, llegan en masa unos españoles e imponen por la fuerza un sistema de colonización. Tiempo después, los pueblos originarios se independizan… pero la nueva nación hereda y perpetúa las mismas dinámicas opresoras de sus conquistadores. Así, el territorio que ancestralmente había pertenecido a los pueblos indígenas se convirtió en objeto de disputa, discriminación y violencia.
No fue sino hasta 1991, con la promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia, que se reconoció la figura de la Entidad Territorial Indígena – ETI, un marco político y legal que faculta a los pueblos indígenas, departamentos, distritos y municipios para crear, organizar e implementar formas de gobierno autónomo acordes con sus tradiciones y necesidades comunitarias.
Sin embargo, más de tres décadas después, este reconocimiento sigue siendo, en gran medida, letra muerta. La figura de las ETI, aunque consagrada en la Constitución, continúa sin plena implementación, dejando a los pueblos indígenas a la espera de que la autonomía prometida se convierta en una realidad efectiva.
“Desde la Constitución de 1991, pues ya habla de un de un país diverso y pluricultural. Pues es hora, es el momento porque ya pues la lucha indígena ha logrado todos esos procesos para poder ejercer la autonomía y administración de nuestro territorio como una entidad territorial”, señaló Kenny Johana Yucuna Neira, secretaria de Mujeres del Consejo Indígena Mirití Paraná.
Con la reciente Sentencia T-106 de 2025, proferida por la Corte Constitucional de Colombia, se busca dar vida a aquella letra muerta, pues esta providencia reconoce que los pueblos indígenas tienen mecanismos legítimos para defender sus derechos a través de acciones colectivas, como en este caso, una acción de tutela interpuesta por cinco autoridades indígenas organizadas como Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas – AATI, contra la Presidencia de la República y otros. En esta, solicitaron la protección de sus derechos a la identidad, al territorio, la autodeterminación de los pueblos, la vida, la subsistencia física y cultural, la salud, la soberanía y la seguridad alimentaria, la seguridad personal y colectiva, el agua, el ambiente sano y la identidad e integridad étnica, cultural y social.
Además, la sentencia impulsa el uso correcto de herramientas jurídicas por parte de los pueblos indígenas, un paso clave hacia la consolidación de las ETI.
La carta a Petro
En ese sentido, los pueblos indígenas, el mes pasado, enviaron una carta al presidente Gustavo Petro, en la que destacaron la importancia de los sistemas de conocimiento propio como base para la gobernanza y el manejo sostenible del territorio. Recalcaron que estos sistemas son parte fundamental de la diversidad cultural de Colombia, amparada por el artículo 7 de la Constitución.
Uno de los puntos clave de la carta es el respaldo al Decreto Ley 488 de 2025, expedido por el actual Gobierno, que permite avanzar en el funcionamiento político-administrativo de los territorios indígenas, en concordancia con normas previas como el Decreto Ley 632 de 2018. Sin embargo, también señalaron la histórica omisión del Congreso al no expedir la ley orgánica necesaria para delimitar y coordinar estas entidades con el resto del Estado.
Al respecto, Kenny mencionó: “Esto tampoco ha sido de un momento a otro que hayan salido los decretos, sino ha sido una lucha de todo el movimiento indígena para que, pues, se respeten los derechos de los pueblos indígenas y más, de poder administrar su propio territorio”.
Los diez Gobiernos Indígenas, representantes de más de 40 pueblos y guardianes de aproximadamente 8,3 millones de hectáreas, afirmaron estar listos para dar el paso definitivo hacia la consolidación de sus ETI, cumpliendo así el sueño ancestral de sus mayores.
“Este territorio es originario, es propiedad nuestra porque fue dado desde una ley de origen, desde nuestros ancestros que han habitado esos territorios. (…) Los sistemas de conocimiento que hay en cada uno de esos pueblos indígenas, es lo que ha venido fortaleciendo todo el tema ambiental, el tema social también, nuestra economía”, explicó Yucuna.
Finalmente, invitaron formalmente al presidente Petro y a su equipo a reunirse los días 04, 05 y 06 de agosto en Bogotá, en el marco de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida”, para discutir una nueva forma de gobernar la Amazonía desde la interculturalidad y el respeto mutuo.
Retos y avances
Ante esta invitación, Kenny afirmó que el Presidente no se pronunció pero que sí se reunieron con delegados y delegadas del Gobierno Nacional con quienes avanzaron en acuerdos interculturales sobre salud, ambiente, educación, entre otros temas.
Cabe recordar que tanto el Gobierno Nacional como los pueblos indígenas han venido trabajando en la formalización de las ETIs, con el propósito de que estas puedan acceder a una mayor proporción de recursos del Sistema General de Participaciones – SGP. El objetivo es que reciban el 96 % de las asignaciones sectoriales, y no se limiten únicamente al 4 % correspondiente a la Asignación Especial del SGP para Resguardos Indígenas – AESGPRI.
Además, la Ley de Competencias, que entrará en vigor en 2027, definirá las nuevas funciones de las ETIs y precisará su relación con las demás entidades territoriales.
Mientras tanto, persisten retos para el Gobierno Nacional, como la adecuación de la legislación vigente -por ejemplo, la Ley 80 de 1993- a las realidades de los contextos comunitarios indígenas, particularmente en materia de contratación pública. Igualmente, se requiere avanzar en la concertación y reglamentación de aspectos clave como la participación indígena en el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural – SISPI y la financiación de las ETIs.
