«Falso positivo» judicial, la casa que no era la de la mafia en Pereira

El pasado 18 de marzo en la ciudad de Pereira, el ministro de la Defensa, Diego Molano, en medio de un discurso contundente y lleno de calificativos contra el hampa y elogiando los logros de la fuerza pública, presidió la demolición de una vivienda que aparentemente servía de expendio de estupefacientes. Era un inmueble de tres pisos, estrecho, con algunos grafitis en sus paredes y que cayó al suelo por pedazos gracias a la acción de una máquina.

De acuerdo a la ley, esa es la suerte que corren las casas, apartamentos o cualquier construcción en donde se evidencie que se use con fines ilícitos. Por ello, la vivienda mencionada en la ciudad de Pereira, debía estar inmersa en actividades ilegales, por lo que un juez de la República habría dado la orden de demolición. Pero con el paso de los días la situación se fue aclarando un poco, se conocieron nuevos detalles que dejaban mal parados a la Policía Nacional y al ministro Molano.

En Pereira se empezó a escuchar el rumor en las calles y en las redes sociales, que todo había sido un montaje, que la humilde vivienda no se le había practicado proceso de extinción de dominio y que, por el contrario, su demolición fue una medida preventiva, para evitar un desastre, ya que la misma no estaba en buenas condiciones. Posteriormente, la familia de la propietaria apareció, manifestando a medios locales que la casa le pertenecía a una mujer de 93 años y que la ‘abuelita’ no tenía deudas con la justicia y mucho menos por narcotráfico.

Para finales del mes de marzo, la noticia con sus nuevos detalles empezó a ser manejado por medios de comunicación del alcance nacional y, lo que todo empezó como un golpe de las autoridades, se desmoronó, porque efectivamente la casa era de la señora Teresa Sánchez de 93 años. Durante varios años la adulta mayor residió en la vivienda y nunca fue objeto de allanamientos, investigaciones o cualquier cosa parecida o relacionada a líos con la justicia. Para el mes de febrero la anciana fue trasladada por personal de la alcaldía de Pereira a un hogar de paso en el corregimiento de La Florida, ya que desde la inspección de Policía No 15 se había ordenado la demolición de la casa por ruina, lo cual generaba un riesgo muy alto para los vecinos.

Contra el inmueble ubicado entre los barrios Bavaria y La Libertad nunca hubo un proceso de extinción de dominio y mucho menos, un juez de la República ordenó demolerlo por razones asociadas al narcotráfico. Pero la historia del montaje no termina ahí, el nieto de la señora propietaria, Carlos Andrés Sánchez, denunció ante medios de comunicación que, días antes un grupo de uniformados de la Policía Nacional llegó hasta la vivienda a hacer unos videos y cuando el denunciante se ausentó por unos minutos de la casa, dejando a los Policías solos, estos habrían ingresado a un grupo de habitantes de calle, hicieron un video y este fue lo que mostró el ministro Molano para justificar la demolición por razones asociadas al narcotráfico y consumo de estupefacientes.

“Lo que conocimos fue que el día jueves, yo mismo le abrí la puerta a la Policía, porque uno confía en la Policía, entraron con una cámara, grabaron por dentro de la casa, pero en un momento en que me fui, a mi papá lo enredaron, entraron unos indigentes y los grabaron consumiendo dentro de la casa”, esa fue la denuncia de Carlos Andrés Sánchez a RCN Radio.

Desde ese momento la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Alcaldía de Pereira al conocer los rumores del montaje, se mantuvieron en la versión que la casa fue demolida por razones asociadas a actividades ilegales. Pero días después el castillo de naipes terminó por caerse, o mejor aún, la mentira no soportó la presión y el mismo Mayor General Fernando Murillo, director de la Dijin, aceptó ante la prensa lo que ya era muy evidente, no hubo casos asociados al narcotráfico y tanto la vivienda como la señora Sánchez estaban libres de toda culpa o delito.

En la declaración el comandante de la Dijin informó que estaban investigando la irregularidad al interior de la institución, también reconoció que la casa tenía riesgo de desplome por ruina y que la familia no tenía los recursos para demolerla. Al final de su intervención ante la prensa, pidió excusas públicas a la familia Sánchez por los perjuicios ocasionados. De esta manera se confirmó que todo había sido un montaje.

El 31 de marzo de 2022, se conoció la noticia que coronel Anibal Villamizar, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, presentó su renuncia al cargo, debido a que el mismo alcalde de la ciudad, Carlos Maya, solicitó el retiro de los altos mandos de la policía en la capital risaraldense. Por el momento la familia Sánchez no ha manifestado intenciones de demandas contra el Estado o algo parecido.

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