La Red Llano y Selva, auspiciada por la Corporación Claretiana y por otras organizaciones sociales del país, entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP el informe “Etnocidio y racismo estructural en la Orinoquía”. El documento que tiene como propósito aportar al esclarecimiento de las violencias ejercidas contra los pueblos indígenas de la región, los cuales han configurado condiciones para un exterminio físico y cultural de los habitantes originarios de la Orinoquía. Procesos de violencias que se puedan rastrear desde la época de la colonia y que se profundizaron en el marco del conflicto armado.
La información recolectada y suministrada a la JEP se obtuvo de manera estructurada y coordinada, no solo se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos de manera directa, sino también los aportes de otras organizaciones e instituciones que han trabajado a lo largo de los años en la región y con estas comunidades. Inicialmente, se hicieron entrevistas semiestructuradas con miembros de los pueblos indígenas Amorúa, Maibén, Masiware, Tshiripu, Sikuani y Cuiva. El proceso se llevó a cabo por profesionales acompañados de traductores de las comunidades, adicionalmente se llevo a cabo una revisión documental sobre los informes y documentos producidos por las organizaciones que hacen parte de la Red Llano y Selva.
También se contó con información relevante de organizaciones como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-Codhes, Consejo Regional Indígena del Vichada, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia y la Organización de los Indígenas de la Amazonía Colombiana. Finalmente, se revisaron bases de datos oficiales y de acceso público, provenientes de múltiples entidades gubernamentales, y que están relacionadas con la cobertura del conflicto armado desde lo militar hasta el plano social.
El informe entregado cuenta con cuatro capítulos, en los que se narran y se deja constancias de los hallazgos. En el primer capítulo se da cuenta de la contextualización de la región en relación a los pueblos indígenas, sus características geográficas, económicas, y sociales. También se hace un acercamiento de las nociones de racismo estructural, genocidio, etnocidio y exterminio y del aparataje legal para garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas.
En el segundo capítulo se presentan cuatro casos representativos, el del pueblo Amorúa, Maibén Masiware, Tshiripu y el del Sikuani. Se presenta el perfil de cada una de las comunidades, los hechos victimizantes, las actuaciones procesales, el material probatorio y las peticiones de cada pueblo para su reparación. En el capítulo tres hay un análisis de violencias basadas en género y violencia sexual contra los pueblos indígenas, especial énfasis en mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, en el capítulo cuatro, se presenta una propuesta de lineamientos técnicos sobre trabajos, obras y actividades con contenido restaurador desde una perspectiva étnica. Este informe, toma relevancia debido a que es crucial conocer los hechos victimizantes que sufrieron los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado, sus causas y consecuencias humanas y jurídicas. Por ello es que las revelaciones del mismo tienen el carácter de reservado y solo, por el momento, será de dominio por parte de la Justicia Especial para la Paz, pero se espera, que cuando este estamento haga las validaciones correspondientes y de acuerdo a su competencia, se puedan conocer los hallazgos de los hechos de violencia que sufrieron los indígenas en la Orinoquía.
