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En La Guajira rechazan proyecto minero de carbón
Por medio de una audiencia pública convocada por Corpoguajira, autoridad ambiental del departamento, las comunidades del corregimiento de Cañaverales, del municipio de San Juan del Cesar, reiteraron su oposición al proyecto “Mina Cañaverales” de la empresa Best Coal Company -BCC-.
El pasado 14 de junio se llevó a cabo la audiencia pública ambiental sobre el proyecto de minería de carbón a cielo abierto Cañaverales, promovido por la empresa Best Coal Company -BCC-, filial del grupo turco Yildirim. El encuentro, que reunió a 226 personas inscritas para intervenir, estuvo marcado por una amplia participación ciudadana que está en contra del proyecto extractivo.
La audiencia fue organizada por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira -Corpoguajira-, autoridad ambiental encargada de tomar una decisión sobre el licenciamiento, y convocada por el Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP-, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo -CAJAR- y Censat Agua Viva, organizaciones que desde hace años acompañan las luchas socioambientales en esta región del Caribe colombiano.
En el centro del debate se encuentra una solicitud de licencia para extraer más de siete millones de toneladas de carbón en una zona que es considerada clave para el equilibrio hídrico, la soberanía alimentaria y la vida campesina y étnica del sur de La Guajira.
Durante su intervención, el equipo del CINEP presentó un informe técnico de más de 130 páginas en el que se documentan fallas en el Estudio de Impacto Ambiental -EIA-, además de irregularidades en el trámite administrativo del proyecto, algunas acumuladas desde hace casi dos décadas.
La audiencia fue organizada por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira -Corpoguajira-, autoridad ambiental encargada de tomar una decisión sobre el licenciamiento, y convocada por el Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP-, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo -CAJAR- y Censat Agua Viva, organizaciones que desde hace años acompañan las luchas socioambientales en esta región del Caribe colombiano.
En el centro del debate se encuentra una solicitud de licencia para extraer más de siete millones de toneladas de carbón en una zona que es considerada clave para el equilibrio hídrico, la soberanía alimentaria y la vida campesina y étnica del sur de La Guajira.
Durante su intervención, el equipo del CINEP presentó un informe técnico de más de 130 páginas en el que se documentan fallas en el Estudio de Impacto Ambiental -EIA-, además de irregularidades en el trámite administrativo del proyecto, algunas acumuladas desde hace casi dos décadas.
El documento también advierte sobre la ausencia de consulta previa con pueblos indígenas como los Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo, pese a que la ruta de transporte del carbón atravesaría al menos 23 sitios sagrados de la Línea Negra, reconocida como territorio ancestral en la Sierra Nevada de Santa Marta.
El CAJAR, por su parte, enfatizó que el consentimiento libre, previo e informado es un derecho fundamental de las comunidades étnicas cuando su existencia misma está en riesgo. También alertó sobre la posibilidad de que el proyecto se convierta en un megaproyecto minero, ya que BCC ha acumulado más de 10.000 hectáreas con títulos mineros, lo que podría exceder la normativa regional. Además, se recordaron antecedentes de sanciones internacionales impuestas al grupo Yildirim por daños ambientales y laborales en otros países.
Desde Censat Agua Viva, las advertencias se centraron en los impactos ecológicos del proyecto sobre el bosque seco tropical y las fuentes hídricas locales. En su análisis, se denunció el plan de desviar dos acequias tradicionales por más de cuatro kilómetros cada una, una acción que alteraría el flujo natural del agua y pondría en riesgo los procesos comunitarios de restauración ecológica que hoy se desarrollan en la zona.
El CAJAR, por su parte, enfatizó que el consentimiento libre, previo e informado es un derecho fundamental de las comunidades étnicas cuando su existencia misma está en riesgo. También alertó sobre la posibilidad de que el proyecto se convierta en un megaproyecto minero, ya que BCC ha acumulado más de 10.000 hectáreas con títulos mineros, lo que podría exceder la normativa regional. Además, se recordaron antecedentes de sanciones internacionales impuestas al grupo Yildirim por daños ambientales y laborales en otros países.
Desde Censat Agua Viva, las advertencias se centraron en los impactos ecológicos del proyecto sobre el bosque seco tropical y las fuentes hídricas locales. En su análisis, se denunció el plan de desviar dos acequias tradicionales por más de cuatro kilómetros cada una, una acción que alteraría el flujo natural del agua y pondría en riesgo los procesos comunitarios de restauración ecológica que hoy se desarrollan en la zona.
La audiencia también contó con intervenciones de organizaciones como AIDA, Terrae y la Universidad Industrial de Santander -UIS-, que cuestionaron la base científica del modelo hidrogeológico presentado por la empresa, la falta de estudios sobre contaminación por metales pesados y el uso inadecuado de herramientas legales para justificar impactos sobre el Consejo Comunitario de Cañaverales.
El espacio congregó a habitantes de distintos municipios como Fonseca, Barrancas, Albania, Hatonuevo, El Molino y Valledupar, y a representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. La mayoría coincidió en rechazar la licencia ambiental, insistiendo en la urgencia de proteger las fuentes de agua, las prácticas agrícolas y la salud del territorio. Entre las intervenciones favorables al proyecto, se resaltó la falta de oportunidades laborales y el deseo de muchos jóvenes y familias de acceder a educación, empleo y alimentación estable.
El espacio congregó a habitantes de distintos municipios como Fonseca, Barrancas, Albania, Hatonuevo, El Molino y Valledupar, y a representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. La mayoría coincidió en rechazar la licencia ambiental, insistiendo en la urgencia de proteger las fuentes de agua, las prácticas agrícolas y la salud del territorio. Entre las intervenciones favorables al proyecto, se resaltó la falta de oportunidades laborales y el deseo de muchos jóvenes y familias de acceder a educación, empleo y alimentación estable.
La viceministra de Ambiente, Tatiana Roa Avendaño, quien instaló la audiencia, destacó la importancia del momento para repensar el modelo de desarrollo en el departamento y recordó a quienes han sido asesinados y asesinadas por defender su territorio como Jackeline Romero y Samuel Arregocés. “Este país necesita una transición hacia un futuro que respete la vida y la diversidad”, señaló.
Corpoguajira tiene ahora la responsabilidad de decidir si concede o no la licencia solicitada por BCC desde octubre de 2024. En su evaluación, deberá considerar no solo los aspectos técnicos del expediente, sino también los argumentos de las comunidades, los conocimientos ancestrales y el claro mandato social expresado a lo largo de más de ocho horas de deliberación pública.
La audiencia en Cañaverales dejó un mensaje que resonó en cada intervención: La Guajira necesita propuestas que prioricen el agua, la vida y la dignidad, por encima de un modelo extractivo que ha dejado más deudas que beneficios en el territorio.
Corpoguajira tiene ahora la responsabilidad de decidir si concede o no la licencia solicitada por BCC desde octubre de 2024. En su evaluación, deberá considerar no solo los aspectos técnicos del expediente, sino también los argumentos de las comunidades, los conocimientos ancestrales y el claro mandato social expresado a lo largo de más de ocho horas de deliberación pública.
La audiencia en Cañaverales dejó un mensaje que resonó en cada intervención: La Guajira necesita propuestas que prioricen el agua, la vida y la dignidad, por encima de un modelo extractivo que ha dejado más deudas que beneficios en el territorio.
