El año pasado, el presidente Iván Duque se debatía entre firmar o no el Acuerdo Escazú, el primer tratado sobre medio ambiente y derechos humanos de América Latina y el Caribe. El proceso inició en el 2012 y terminó este año con un instrumento vinculante.

El tratado se propone materializar el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre el ambiente y desarrollo, el cual busca asegurar que todos y todas tengan acceso a la información, participen en la toma de decisiones y accedan a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras.

Este es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Pero en el país, la duda sobre firmar el pacto persistió durante tanto tiempo que las y los ambientalistas empezaron a preocuparse, pues la situación en Colombia con respecto a la protección de la vida de líderes y lideresas ambientales, además de defensores/as de derechos humanos, se agudizó tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016. 

Sin embargo, fue hasta el 11 de diciembre del 2019, que el embajador Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas, suscribió el denominado Acuerdo de Escazú. 

De hecho, la ambientalista tolimense, Katherine Merchan, considera que Colombia tardó en hacerse partícipe de este acuerdo, “En parte porque no quieren garantizar la seguridad de los ambientalistas y porque consideran que ponen en riesgo la llegada de las multinacionales a los territorios”. Afirmó además que con este pacto, se garantiza que habrá justicia en caso de que quienes estén perpetrando crímenes contra líderes y lideresas ambientales, sean integrantes de multinacionales extractivistas.

Y no es para menos, el informe de la ONG británica Global Witness, ubicó con 64 muertes en 2019, por primera vez, a Colombia como el país con más defensores del territorio asesinados/as. Esta cifra es la más alta registrada en los últimos ocho años en cualquier nación. De ahí, una razón de peso para analizar la ratificación del acuerdo. Es por eso que Alejandra Cuellas, integrante del Comité Ambiental del Tolima, considera que este acuerdo le conviene al país por su carácter vinculante para proteger a las y los defensores del ambiente, porque no solo Colombia, sino Latinoamérica, es una zona de riesgo para quienes se dedican a defender el territorio. 

Territorios de alto valor ecosistémico se han visto amenazados por multinacionales que buscan extraer riquezas y dejar pasivos ambientales, afectando el bienestar de las comunidades. Tal es el caso de Minesa, una empresa árabe que pretende adelantar trabajos de explotación subterránea de minerales auroargentíferos, en el páramo de Santurbán, cerca de los municipios de California y Suratá, Santander. Sin embargo, el Comité Santurbán, una organización ambientalista de la región, ha impedido que esta multinacional avance en sus intenciones extractivistas. 

Sin embargo, no en todos los municipios se ha logrado frenar el avance de la locomotora minero energética, por ejemplo, Casanare se convirtió en productor petrolero desde 1990, lo que produjo una bonanza que generó un aumento desproporcionado de la población que pasó de 158.149 habitantes en el año 1993 a 362.721 para el 2016. Generando evidentes consecuencias ambientales, como contaminaciones, pérdida del recurso hídrico, de fauna y flora. Además, para el ingreso de British Petroleum Company, una multinacional británica, no se tuvo en cuenta a toda la población aledaña a las zonas de exploración y explotación, razón por la cual estas comunidades buscando la protección de sus ecosistemas y por los constantes incumplimientos de los acuerdos con la multinacional, se han manifestado por medio de marchas, protestas y consultas populares en contra de esta actividad, según publicó Trochando Sin Fronteras.

Como estos, son muchos los casos de multinacionales atentando contra la riqueza ambiental y el tejido social en los territorios, por eso la importancia de este acuerdo que tiene en cuenta la participación de las comunidades para decidir la presencia de multinacionales extractivistas en los territorios. “El Acuerdo de Escazú tiene un eje sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso del suelo. Lo cual sería valioso legalmente para que la voz de las comunidades sea tenida en cuenta al momento de la implementación de proyectos extractivos en los territorios”, explicó Cuellas. 

El Acuerdo de Escazú fue adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018, y fue firmado a finales de septiembre del 2018 por 15 países. Pero está abierto a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe. Una vez ratificado por 11 Estados, entrará en rigor para todos aquellos que sean parte.

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.