Desaparecer en el Meta: brechas, persistencia y memoria de una violencia que no termina

El departamento colombiano del Meta ocupa el segundo lugar entre las regiones con más personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Sin embargo, incluso en el llamado posconflicto, la guerra parece haberse reciclado en los territorios y la violencia continúa marcando la vida de sus comunidades.

Por Shirley Forero Garcés y Damián De la Torre Ayora

“¡Doña Himeldita!”, suelen decir con cariño quienes se cruzan con Himelda Ariza en los encuentros de víctimas, en los talleres o actos de memoria. Ella responde con la misma alegría, con una amabilidad que parece desbordarse como los morichales en la sabana llanera. Lleva más de veinte años buscando a su hijo y, aun así, la bondad nunca abandonó su corazón. Para apaciguar el dolor de la ausencia, ha encontrado en el arte y en la incidencia una forma de resistir, de recordar y de seguir caminando.

Las mariposas le recuerdan a Andrés, su hijo, desaparecido por el Frente 16 de la guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) el 10 de noviembre de 2002, cuando apenas tenía 15 años. Aquella mañana, antes de salir de casa hacia el polideportivo del barrio Manantial en Villavicencio, se despidió como cualquier otro día. 

Mientras él cerraba la puerta, Himelda estaba ocupada en las tareas cotidianas del hogar, lejos de imaginar que el sonido de la puerta al cerrarse y unos pasos que se alejan por el camino serían el último recuerdo que tendría de su hijo. Más de veinte años después, esa despedida sigue pesando sobre ella.

Quisiera que aquel momento hubiera sido distinto, más consciente, más lleno de palabras. “Yo quisiera volver el tiempo atrás, al menos vivir ese momento y decirle: hijo, te amo (…) eso me duele en el alma”, dice, mientras el brillo de los ojos amenaza con romper la serenidad de su voz.

La tragedia de la desaparición en el Meta

Historias como la de Himelda forman parte de una violencia que dejó una huella profunda en Colombia. Según el portal de datos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), en el país hay más de 135.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. 

De ellas, cerca de 10.000 corresponden al departamento del Meta, que ocupa el segundo lugar entre las regiones con mayor número de casos. Detrás de esa cifra hay más de medio siglo de guerra en una región que fue escenario de combates, desplazamientos, incursiones armadas y disputas por el control territorial.

La UBPD forma parte del Sistema Integral de Paz (SIP), junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), cuyo mandato finalizó en 2022. Este sistema fue creado como parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP.

Brecha informativa

Debido a su mandato temporal, la UBPD solo puede buscar a personas desaparecidas antes del primero de diciembre de 2016. Para casos ocurridos en el posconflicto, la competencia recae en el sistema de justicia ordinario y otras entidades humanitarias como la Fiscalía General de la Nación, el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Registro Único de Víctimas (RUV).

Cada una de estas entidades maneja bases de datos con metodologías, periodos y criterios distintos, lo que genera una brecha significativa en la información disponible sobre las personas desaparecidas en el país.

El Registro Único de Víctimas, por ejemplo, documenta hechos ocurridos a partir del primero de enero de 1985. Si una desaparición ocurrió antes de esa fecha, la persona puede ser reconocida como víctima en términos de memoria, verdad y medidas de satisfacción, pero no es elegible para recibir indemnización administrativa.

A diferencia de la UBPD, el RUV no tiene una fecha de cierre y continúa recibiendo declaraciones sobre hechos que incluso siguen ocurriendo en la actualidad. Según este registro, a 2026 existen más de 200.000 casos asociados a desaparición. Sin embargo, esta cifra no corresponde únicamente a personas desaparecidas, ya que el sistema también incluye a los familiares afectados por la ausencia de la víctima.

Al depurar estos datos, el número de víctimas directas de desaparición forzada registradas en el RUV se acerca a los 55.000 casos. En el caso del Meta, el RUV documenta cerca de 16.500 casos asociados a desaparición. De ellos, más de 4.200 corresponden a víctimas directas, mientras que cerca de 12.300 son víctimas indirectas.

Este desfase en las cifras responde, en parte, a la naturaleza administrativa del registro. Para que un caso sea incluido en el RUV, la persona afectada o sus familiares deben realizar una declaración formal ante el Ministerio Público, ya sea ante la Defensoría del Pueblo o las personerías municipales.

Pero en territorios como el Meta, donde la violencia armada no ha desaparecido por completo, muchas familias nunca realizan esa denuncia. El temor a represalias por parte de grupos armados que aún operan en la región, así como la desconfianza en las instituciones del Estado, hacen que numerosos casos permanezcan en silencio. Sin una declaración oficial, la víctima simplemente no aparece en el registro.

Por su parte, la UBPD tiene un mandato humanitario y extrajudicial. Sus cifras se construyen a partir del cruce de múltiples fuentes de información como informes de organizaciones sociales, bases de datos de la Fiscalía y de Medicina Legal, testimonios de firmantes del Acuerdo de Paz y solicitudes de búsqueda presentadas por las familias.

Otra diferencia clave radica en que el RUV solo incluye los casos que cumplen con los requisitos establecidos por la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas). En contraste, la UBPD busca a todas las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, incluyendo aquellas cuyos casos nunca llegaron a los canales oficiales de reparación.

Con el objetivo de reducir esta brecha de información, el Gobierno nacional estableció recientemente una ruta especial mediante la Ley 2421 de 2024, que permite que el reconocimiento de una persona desaparecida por parte de la UBPD sirva como fundamento para su incorporación automática en el RUV.

Pero el dilema no termina ahí. Otra forma de aproximarse a las cifras de personas desaparecidas después de 2016 es a través del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

La principal diferencia es que el OMC no funciona como un registro de víctimas para efectos de reparación, como el RUV, ni como una entidad encargada de la búsqueda humanitaria, como la UBPD. Se trata de una herramienta de documentación histórica que busca reconstruir la magnitud del conflicto armado en el país.

Esta diferencia metodológica podría explicar parte de las brechas entre cifras. El Observatorio construye sus registros a partir de la integración y contraste de múltiples fuentes, entre ellas organizaciones sociales, prensa y bases de datos judiciales. Por ello, puede documentar desapariciones en el Meta que no aparecen en el RUV por falta de denuncia formal, pero que tampoco están en la UBPD si ocurrieron después de 2016.

Además, aunque el OMC incorpora casos recientes, su proceso de validación suele ser más lento, pues requiere contrastar la información entre varias fuentes. Esto genera un “silencio estadístico”, es decir, el periodo que transcurre entre el hecho violento y su incorporación en la base de datos, lo que dificulta analizar en tiempo real la dinámica de la violencia en estos territorios. En el caso del Meta, por ejemplo, su base permite visualizar desapariciones ocurridas entre 2016 y 2026, pero solo registra cuatro casos.

A esto se suma que, como el Observatorio busca establecer la magnitud documentada del fenómeno, exige un umbral de verificación sobre la ocurrencia del hecho. Por ello, sus cifras suelen ubicarse en un punto intermedio que pueden ser más altas que las de la justicia ordinaria, pero menores que las solicitudes recibidas por la UBPD, que trabaja bajo la presunción humanitaria de desaparición reportada por las familias.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (comúnmente conocido como Medicina Legal) también puede ser una opción para revisar cifras de desaparición forzada, pues cuenta con el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), una base de datos interna y robusta donde se cruza la información de los cuerpos que ingresan a las morgues con los reportes de personas que alguien está buscando. 

Sin embargo, la información pública se encuentra en el Registro Nacional de Desaparecidos (RND), que funciona como la «vitrina» pública de esos datos. Aunque estos sistemas son herramientas de identificación de vanguardia, su diseño original no fue pensado para contar la historia de la guerra, sino para resolver el enigma biológico de un cuerpo, es decir, ponerle un nombre a un fragmento óseo mediante el cruce de cartas dentales, ADN o necropsias.

En el RND, la «Desaparición Presuntamente Forzada» ya supera los 102.246 casos a nivel nacional, una cifra alarmante que convive con un vacío técnico, pues hay más de 152.357 registros «Sin Clasificar». Esta enorme bolsa de datos sin rostro jurídico podría deberse a que el sistema fue diseñado con un fin identificatorio y no sociológico. Al momento del reporte, el funcionario prioriza rasgos físicos sobre el contexto, y ante la falta de una sentencia judicial, el sistema prefiere la cautela, dejando miles de historias en un limbo estadístico que oculta si ocurrieron o no en el marco del conflicto armado.

Además, el RND cuenta con un apartado de «Desaparecidos ingresados por entidad» que arroja otro dato revelador sobre la articulación institucional, y es que la UBPD ya ha ingresado 47.755 reportes al registro nacional, consolidándose como la fuente principal de información humanitaria, muy por encima de otras entidades como la Defensoría (281) o la Fiscalía. Sin embargo, pese a esta robustez numérica, persiste un «muro» geográfico para la ciudadanía. Aunque Medicina Legal permite ver que en 2025 se reportaron cerca de 2.500 desapariciones, el portal está configurado para no desplegar filtros por departamento o municipio en tiempo real. 

Este vacío se vuelve más profundo al mirar hacia atrás en el tiempo, pues antes del año 2000, la desaparición forzada no era un delito autónomo en el país, lo que provocó que los registros históricos del RND heredaran una mezcla de secuestros y delincuencia común que hoy hace casi imposible depurar las cifras con exactitud.

La desaparición en la era del posconflicto

El Acuerdo de Paz está cerca de cumplir una década, hablar de un verdadero escenario de posconflicto en Colombia resulta cada vez más discutible.

Aunque las FARC-EP se acogieron al proceso de paz, algunos de sus frentes rechazaron el acuerdo y continuaron con las armas, dando origen a distintas disidencias. Entre ellas se encuentran estructuras asociadas a Iván Mordisco y Calarcá, así como la llamada Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central de las FARC, grupos que hoy mantienen presencia armada en varios territorios del país.

A este panorama se suman otras organizaciones insurgentes y criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que continúan perpetrando distintos tipos de violencia en diversas regiones.

Además, operan cerca de treinta grupos armados ilegales y al menos veintitrés bandas criminales de menor escala en más de 400 municipios del país, muchas de ellas vinculadas a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

En este escenario fragmentado, la violencia no desapareció, sino que se transformó y sigue marcando la vida de muchos territorios. En varios territorios rurales, los actores armados cambiaron de nombre, de alianzas o de bandera, pero las comunidades siguieron viviendo bajo la sombra de la intimidación y el control territorial.

Los datos muestran que el posconflicto no significó el final de las violencias asociadas a la guerra. La paz, como suele ocurrir en Colombia (y el mundo), llegó de forma desigual.

En el departamento del Meta, uno de los territorios históricamente más afectados por el conflicto, los registros de la UBPD revelan la magnitud del fenómeno. La base analizada reúne 9.266 personas dadas por desaparecidas en el departamento, acumuladas a lo largo de varias décadas del conflicto armado.

La geografía de la desaparición muestra una fuerte concentración territorial. Municipios como Villavicencio (1.251 casos) y Vista Hermosa (1.217) encabezan los registros históricos, seguidos por Mapiripán (621), Puerto Rico (527) y Mesetas (402). Son territorios que durante años estuvieron atravesados por la presencia guerrillera, operaciones militares, paramilitarismo y economías ilegales. Variables que, lastimosamente, se mantienen.

En estos lugares, la desaparición fue utilizada como una forma de control territorial y de silenciamiento de comunidades. El fin del conflicto con las FARC no eliminó por completo las dinámicas de violencia y la desaparición sigue siendo una realidad en el escenario posterior a la guerra.

El cruce con otras bases de datos ayuda a entender mejor este contexto. Según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del acuerdo se han documentado 47 asesinatos de líderes sociales en el Meta, además de 42 homicidios de firmantes del acuerdo de paz y 14 masacres registradas en el departamento durante los años recientes.

Estas cifras muestran que, aunque el conflicto armado con las FARC terminó formalmente, la violencia en algunos territorios se transformó en lugar de desaparecer. La disputa por economías ilegales, el control territorial y la presencia de nuevos actores armados han generado un escenario en el que diferentes formas de violencia continúan afectando a las comunidades rurales.

Los datos del RUV también permiten dimensionar la gravedad histórica del fenómeno. Solo en el Meta, este registro contabiliza 4.219 víctimas directas de desaparición forzada, una cifra que evidencia la profundidad de esta práctica durante el conflicto armado.

En el posconflicto, la desaparición cumple una doble condición. Se está frente a una violencia que aún persiste, pero también una herida del pasado que apenas comienza a ser documentada con mayor claridad. Muchas desapariciones registradas en los últimos años no corresponden necesariamente a hechos recientes, sino a casos ocurridos décadas atrás que apenas ahora logran ser denunciados o incorporados a los registros institucionales.

En ese contexto, el trabajo de búsqueda se convierte en una tarea monumental. Cada número en la base de datos representa una historia interrumpida y una familia que continúa esperando respuestas. En el Meta, como en gran parte del país, el posconflicto no solo implica reconstruir territorios después de la guerra, sino también enfrentar una de sus deudas más profundas: encontrar a quienes aún siguen desaparecidos.

La esperanza que resiste

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Pese a todo, el Meta se ha convertido hoy en el escenario de una de las operaciones humanitarias más rigurosas de Colombia. A través de la UBPD y Medicina Legal, el silencio de los cementerios está dando paso a certezas, transformando la incertidumbre de décadas en un camino claro hacia el alivio de cientos de familias.

El municipio de Fuentedeoro es el referente más robusto de esta gestión. Tras tres fases de intervención concluidas entre 2024 y 2025, se logró la recuperación de 45 cuerpos. Lo más esperanzador es la efectividad del proceso, pues 31 de ellos ya cuentan con correspondencia positiva. Gracias al cruce minucioso de necropsias y datos dentales, estos nombres han dejado de ser cifras para recuperar su identidad. Además, el hallazgo de 56 sitios de interés forense dentro del cementerio municipal asegura que la labor en este punto aún tiene mucho por revelar.

Otro referente es Mapiripán, donde la búsqueda ha extendido sus fronteras hacia las zonas más profundas del territorio. En julio de 2025, el cementerio de El Anzuelo, en la zona rural de Mapiripán, entregó los primeros resultados con la recuperación de 9 cuerpos. Sin embargo, la magnitud del hallazgo es mucho mayor, pues se han identificado 77 sitios de interés forense en este pequeño camposanto.

Por su puesto, La Macarena, donde los mitos sobre la desaparición solían hablar de miles de víctimas sin rostro, es otro lugar clave para la búsqueda. Allí la UBPD y Medicina Legal han verificado técnicamente 446 cuerpos que hoy se encuentran en un proceso crítico de cotejo genético. Este paso es fundamental para garantizar que cada entrega sea digna y precisa, devolviendo la paz a quienes llevan años esperando una respuesta del laboratorio de la vida.

Más allá de cifras forenses, estos avances trazan una ruta de esperanza tangible. Cada sitio de interés identificado es una promesa de verdad, y cada cuerpo recuperado es un paso más hacia el cierre de una herida que por fin empieza a sanar en el corazón de los Llanos Orientales de Colombia.

La resiliencia de las mujeres buscadoras

En Colombia, la búsqueda comenzó desde abajo, mucho antes de que existieran mecanismos oficiales para realizarla.

Durante años, organizaciones sociales como la Corporación Sociojurídica Orlando Fals Borda (COFB), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (DHOC) —todas con presencia en el Meta— han documentado casos, asesorado y acompañado a familias, y recorrido ríos, trochas y selvas en la búsqueda de quienes un día se fueron y jamás regresaron.

Pero son especialmente las mujeres quienes han mantenido viva la insistencia por encontrar a quienes faltan. Madres, esposas, hermanas e hijas se han convertido en investigadoras de su propio dolor. Han recorrido lo ínfimo de la ruralidad dispersa, han escuchado rumores en los pueblos, han hablado con actores armados pese al riesgo y han recopilado testimonios que muchas veces las instituciones tardaron años en considerar. 

Muchas de estas mujeres se han encontrado y abrazado en el Grupo de Teatro El Tente o en Las Corocoras del Llano, colectivos metenses que transformaron el dolor en escena. A través de las artes escénicas han tejido un espacio para nombrar la ausencia, para compartir la incertidumbre que deja la desaparición y, por momentos, aliviarla. Sus obras han recorrido distintas regiones del país llevando consigo historias de búsqueda, memoria y resistencia, para visibilizar el dolor de la desaparición forzada y convocar a la empatía.

Por eso, en el Meta, esta resistencia tiene rostro de mujer. Su persistencia fue clave para que el país reconociera la magnitud del problema y para que, años después, se crearan instituciones como la UBPD.

Las mujeres buscadoras no solo aportan información sobre los casos. También sostienen la memoria de quienes faltan. Organizan encuentros, talleres de memoria, intervenciones artísticas y espacios comunitarios donde los nombres de sus hijos, esposos o hermanos siguen pronunciándose en voz alta.

Aun así, su papel fundamental en la búsqueda solo fue reconocido recientemente. Con la Ley 2364 de 2024, el Estado estableció que cada 23 de octubre se conmemora en Colombia el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, una fecha que honra la labor persistente de quienes, durante años, han buscado a sus seres queridos y a los de otras familias, muchas veces en medio del abandono institucional.

Justamente, Himelda Ariza es una de ellas. Desde la desaparición de su hijo Andrés, su vida se transformó en una búsqueda permanente. Con el paso del tiempo, ese propósito dejó de ser únicamente individual y se convirtió también en colectivo. Como muchas otras mujeres en el país, entendió que la única forma de enfrentar el silencio era organizarse con otras familias que atravesaban la misma ausencia.

En el caso de Himelda, las mariposas se transformaron en un símbolo de esa memoria. Como integrante de las Corocoras del Llano, además de hacer teatro, también pinta, borda y teje artesanías que luego comparte en encuentros de víctimas. Dice que cuando ve una mariposa volar siente que Andrés está cerca. Tal vez por eso, después de tantos años, sigue caminando. Ha encontrado una manera de hablar de su hijo sin que su nombre se pierda en medio de las cifras.

Así han nacido distintos procesos de memoria y acompañamiento entre víctimas, espacios en los que las mujeres buscadoras comenzaron a compartir información, reconstruir historias y presionar al Estado para que asumiera su responsabilidad frente a la desaparición forzada.

En Colombia, las personas buscadoras repiten incansablemente una consigna en plantones, marchas y actos de memoria: “Por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha”. Con ella rechazan el olvido y recuerdan que la desaparición forzada no admite silencio, sino acción.

Y pese al abandono institucional, al riesgo de seguir buscando, a la indiferencia y al dolor que se prolonga en el tiempo, suelen hacerse una pregunta que se atraviesa en la juntanza: “¿Hasta cuándo dejaremos de buscar?”. La respuesta llega casi siempre en coro: “Hasta que aparezca la última persona desaparecida”.

Este reportaje fue elaborado como parte de un ejercicio académico para la asignatura de Periodismo de Datos del Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija.