Denuncian represión militar a campesinado del Meta luego de audiencia territorial sobre incumplimiento del Acuerdo de Paz 

En el evento, el campesinado de la región Amazorinoquia denunció problemas de la tenencia de la tierra, incumplimiento del PNIS, deforestación y las afectaciones socioambientales en los territorios, la criminalización del campesinado y las comunidades étnicas y la constante agresión por parte de la Fuerza Pública a las comunidades. 

El pasado 17 de septiembre se realizó, por mandato del Senado de la República, el foro territorial titulado “Audiencia Pública Territorial del Senado de la República sobre tierras, deforestación e incumplimiento de acuerdos en Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Vichada”, en el polideportivo del municipio de La Macarena, ubicado al sur del departamento del Meta.

En el evento, que inició sobre las 10:00 a.m., se llevó a cabo el panel Acceso y Regularización de la Tenencia de la Tierra, Reforma Rural Integral y cumplimiento del PNIS, moderado por el representante a la Cámara Sergio Marín. En el marco de este encuentro, las y los delegados del Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Vichada expusieron las problemáticas con respecto a la tierra y la sustitución de cultivos ilícitos que se viene presentando en sus territorios.

“El problema de la tenencia de la tierra en Colombia tiene que ver en primer lugar con su altísima concentración, que nos ubica como uno de los países con las tasas más altas de concentración de la propiedad agraria”, expresó Marín dando apertura al panel, donde continuó su argumento explicando que cerca del 1% de la población posee más del 50% de las tierras mientras que millones de campesinos no poseen terreno, tienen muy poco o de mala calidad, por lo que se ven arrinconados a ‘rebuscarse’ la subsistencia en límites de la frontera agrícola, donde están sufriendo persecución estatal.

Por su parte, Jerminson Noreña Camargo, unos de los representantes del Meta habló de la compleja situación de los campesinos, sobre todo, teniendo en cuenta que en los últimos días, afirmó él, se han socializado estrategias de erradicación y sustitución que no figuran dentro de lo pactado con las Farc y mucho menos se ha llegado a una concertación que beneficie a las comunidades, pero también la estabilidad de los parques. Insistió en que es necesario garantizar la “tenencia de la tierra con posibilidad de vida sostenible para quienes allí habitan”.

Otro de los representantes del Meta, Eduardo Trujillo, afirmó que existe un fenómeno que muy poco se pronuncia en ese tipo de eventos: el proceso de distinción de dominio, el cual, mencionó él, se le está haciendo a personas naturales y jurídicas en diferentes regiones, lo que conlleva a profundizar más la problemática que tiene el país con respecto a la tenencia de tierras. “No es posible que a los campesinos le quiten la tierra para adjudicarsela a las multinacionales y seguir dañando el medio ambiente. La recuperación de baldíos es necesaria pero para entregarlas a otros campesinos”, enfatizó. Sin embargo, recalcó que en Uribe, Mesetas y Puerto Rico, el campesinado sigue viéndose afectado por esta estrategia legal pero que considera injusta.

Hernán Vargas, proveniente de la zona rural del Guaviare, relató cómo las comunidades en las veredas se comprometieron desde el principio con el Acuerdo de Paz y tan pronto este fue firmado, erradicaron “de tallo a hojas”, todas sus matas de coca. No obstante, aseguró él, el Gobierno incumplió con la implementación del PNIS y no otorgó los recursos para poner en marcha los proyectos productivos que serían la alternativa económica a los cultivos ilícitos.

El evento culminó sobre el mediodía y contó con la asistencia de los senadores Wilson Arias y Feliciano Valencia, quienes estuvieron escuchando las inconformidades de los líderes y lideresas de los departamentos implicados. Sin embargo, tanto ellos como los demás delegados de la institucionalidad no lograron llegar puntualmente debido a que la Policía no se disponía a autorizar el ingreso al Comando Aéreo de Transporte Militar, según denunció el senador Arias en redes sociales.

Sigue la represión militar al campesinado

Un día después de haberse llevado a cabo la audiencia territorial en La Macarena, “el Ejército desplegó un operativo militar en los Llanos del Yarí, en el que se habría presentado graves violaciones de derechos humanos: la desaparición de dos personas, capturas de las que se tendrá que verificar su legalidad y la quema de al menos cuatro casas, según denuncias de la comunidad”, dice en el comunicado emitido por la Fundación DHOC y la Comisión Colombiana de Juristas. 

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Yeiner Cabrera Díaz y César Antonio Reyes son las dos personas desaparecidas. Por su parte, Reinaldo Quebrada, gobernador del resguardo Nasa La Esperanza, fue detenido y, al parecer, trasladado a San José del Guaviare. Hasta el momento, no se tiene información sobre lo que ha sucedido con ellos luego de la intervención militar.

Además, en el comunicado se afirmó que a las comunidades cercanas al Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, en la zona de Filo Quinche, vereda El Triunfo y el cabildo Nasa La Esperanza, en zona de litigio del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), donde se el Ejército llevó a cabo el operativo, les ha resultado complejo denunciar los hechos, dado que la Fuerza Pública tiene bloqueado el lugar y ha impedido el ingreso de comisiones humanitarias de verificación.

“Justo después de celebrada la audiencia pública en la que líderes y lideresas campesinos habrían denunciado problemas que los aquejan seriamente, se presenta esta incursión militar en el marco de la Operación Artemisa en la que se habrían cometido violaciones a los derechos humanos que están por verificarse”, sentenciaron las organizaciones sociales. Cabe recalcar que además de los problemas de la tenencia de la tierra y de la implementación de PNIS, durante el evento también se habló de deforestación y las afectaciones socioambientales en los territorios, el incumplimiento de los puntos 1 y 4 del Acuerdo Final de Paz, y la criminalización del campesinado y las comunidades étnicas que habitan los Parques Nacionales Naturales.

Dada la situación, tanto la Fundación DHOC como la Comisión Colombiana de Juristas, exigió al Ejército cesar estas agresiones, encontrar y entregar a sus familias las personas desaparecidas, además de liberar a las personas detenidas, reparar las viviendas incendiadas e indemnizar al campesinado afectado por los daños causados.

También solicitaron a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría para que actúen como garantes de los derechos de las familias afectadas, y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, así como a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que contribuyan a la recuperación de las personas desaparecidas.