Comunidades ribereñas se han visto afectadas por la contaminación provocada por Ecopetrol en uno de los afluentes más importantes de Villavicencio. 

En 2007, bajo la Resolución 2.6.07.0904, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), le otorgó a Ecopetrol un permiso de “aprovechamiento forestal, permiso de ocupación de cauce y permiso de vertimientos de aguas residuales industriales, a ser dispuesto en el río Guayuriba”. Un año después las comunidades empezaron a notar las consecuencias del extractivismo petrolero. Pero fue hasta diciembre del año pasado que la autoridad ambiental, a través de un comunicado, ordenó la suspensión del vertimiento de más de 1.500 litros de aguas tratadas por segundo del campo de producción de Acacías, que recoge la disposición de las aguas de Chichimene y Castilla, pertenecientes a la empresa petrolera. 

La decisión radicó en un supuesto incumplimiento de las condiciones y requerimientos establecidos. Por su parte, la empresa petrolera solicitó a la entidad ambiental revocar la medida preventiva impuesta, realizar la notificación del acto administrativo No. Auto PS-GJ.1.2.64.20- 0329 de 21 de mayo de 2020 y dar cumplimiento a los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de contradicción. “Ecopetrol reitera que no fue debidamente notificada de la decisión que soporta la medida adoptada por la Corporación”, informó la entidad en un comunicado. 

Además, indicó que cumple con los parámetros definidos por las autoridades ambientales con respecto a los vertimientos en el río Guayuriba, y que lleva a cabo monitoreos permanentes a ese cuerpo de agua para asegurar los estándares de calidad exigidos. “La inmediata aplicación de la medida afectará la operación de 123 pozos cuya producción asciende a 17.000 barriles por día del Campo Castilla, con las repercusiones que ello trae consigo sobre los recursos que deriva la actividad, para el desarrollo económico de este importante centro de producción de hidrocarburos del país”, afirmó la empresa.

Pero el concepto técnico dentro de la Resolución 1246 del 2020 expedida por Cormacarena, evidenció que “el lecho de río o material pétreo se encuentra con presunta contaminación de hidrocarburos al estar naturalmente actuando como un lecho filtrante para TPH y grasas y aceites del agua de producción tratada de la Estación Acacias al río Guayuriba”. Asimismo el documento explica que, si bien a la salida del Sistema de Tratamiento de Aguas Aceitosas de Producción (STAP), cumple especificaciones técnicas de la Resolución 0631 de 2015 (15 mgL para grasas aceites y 10 mgA TPH-hidrocarburos totales) esta concentración permisible de entre 2 y 4 mg, se descarga frecuentemente sobre la fuente, generando un remanente en el área de descarga. 

La evidencia no solo es documental. Las comunidades han denunciado en diversas ocasiones que el río agoniza y según una lideresa que ha estado abogando por la defensa del río, la contaminación está vigente, aflora a las orillas y sobre las rocas, donde se observan capas espesas y grisáceas de hidrocarburos, sustancia que afecta la fauna acuífera y el ecosistema en general. De estas declaraciones, existen fotos y videos. Pero el mayor impacto lo han sufrido los pescadores, que han notado en los animales un fuerte sabor a petróleo. “Hay muchas comunidades ribereñas que se dedican a la pesca artesanal para su sostenimiento, van y cogen el pescado, hacen trueque con el vecino o lo venden para comprar alguna otra cosa. Entonces se han visto grandemente afectados con esta problemática”, relató la lideresa. 

Por su parte, Julián Villa, miembro de la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero y funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente Municipal encargado de la construcción de Guardianes de Cuencas, le aseguró a este medio que en el 2012, la Universidad Nacional reportó contenido de hidrocarburos en el río Meta y en los peces de este afluente, específicamente en el bagre rayado. “Eso genera una alerta porque puede haber otros componentes de hidrocarburos como son los hidrocarburos aromáticos policíclicos o fenoles bencenos que son cancerígenos y afectan la salud de la población”, afirmó. 

El procesamiento del petróleo produce aguas residuales que contienen hidrocarburos. Para procesar este líquido, se debe separar en sus componentes principales: aceite, agua y sólidos. Un procesamiento eficaz significa, en primer lugar, recuperar la mayor cantidad posible de aceite y, en segundo lugar, poder desechar los otros componentes de manera económica, pero costosa para las fuentes hídricas. De hecho, Villa comentó que “dentro de los contenidos de agua de producción que se reportan a nivel mundial, que son las mismas que se vierten en el Guayuriba, se encuentran metales pesados, isótopos radioactivos y un sinnúmero de elementos tóxicos para la vida. (…) Es nefasto, se ha convertido en un delito ambiental, en un ecocidio sin precedentes y no se está tomando de manera seria y científica la evaluación de ese impacto en nuestros ecosistemas”.

Pero cargada de mofa estuvo la explicación de Ecopetrol ante esta situación. Un funcionario de la empresa declaró en su momento que “ese es un sedimento que está en el río Guayuriba y que, por obviamente, movimientos de la hídrica propia del río pues dejó descubierto, y eso lo que está evidenciando es que no es crudo sino son nidos bacterianos que están generando y demostrando de que hay mayores nutrientes y se está mejorando la calidad del río”. 

Como si fuera poco, hace dos años Ecopetrol tuvo la intención de aumentar el vertimiento de 36 a 42 pulgadas. Las comunidades rechazaron inmediatamente esta pretensión. Se solicitaron audiencias y se extendieron derechos de petición para evitarlo. Aunque, según la lideresa, Cormacarena extendió el permiso para proceder, al final la empresa declinó de la idea. 

Para el 20 de enero de este año, la comunidad junto a las entidades que hacían parte de la mesa de concertación que se había establecido unos días antes, acudieron a tres metros de un sitio donde Ecopetrol supuestamente había mitigado la contaminación. No obstante, “Han sacado miles y miles de toneladas de remanente contaminado del río”, nos comentó un habitante de la vereda Vegas del Guayuriba. Explicó además que el vertimiento se encuentra en la zona subterránea, a seis metros de profundidad de la base del río. Allí se ha sumergido con el nivel del agua a la cintura y ha sentido que el fluido se torna caliente. 

Posteriormente, ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), se extendió un derecho de petición para solicitar una visita ocular con el fin de revisar el estado del río. El 17 de marzo del 2020 se logró pactar el encuentro con Cormacarena y la Fiscalía Seccional 19. Se había invitado a otras entidades competentes como el Ideam, pero solo asistieron las citadas organizaciones. Además, la reunión había sido requerida para enero, cuando el afluente enfrenta la temporada seca, dada a una teoría de las comunidades: “Creemos que hay una época del año en la que el río no tiene la capacidad de diluir toda la contaminación generada del vertimiento”. No obstante, para esa fecha ya el río había empezado a crecer y meses después la ola invernal causó su desbordamiento en zonas aledañas provocando gran cantidad de damnificados/as. 

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Con la orden de Cormacarena, Ecopetrol prometió unas adecuaciones referentes al STAP y las tuberías previas al vertimiento para mitigar la contaminación. Sin embargo, se cuestionó la comunidad, ¿Por qué ahora? ¿Por qué no se hizo desde que las comunidades denunciaron las afectaciones? ¿Dónde está la responsabilidad de Ecopetrol frente a esta problemática? En medio de todo, sus interrogantes continúan a la espera de una respuesta. 

Desde El Cuarto Mosquetero también intentamos buscar la respuesta a estas incógnitas, pero ni Cormacarena ni Ecopetrol accedieron a darnos sus declaraciones al respecto. Lo que sí está claro, es que la contaminación es tal, que incluso el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, se pronunció al respecto. 

Por el momento, los vertimientos en el río siguen pausados. La suspensión de Cormacarena obligó a Ecopetrol a cerrar cerca de 120 pozos en los bloques de Cubarral, Castilla La Nueva y Chichimene en Acacías. Pero las comunidades han reiterado que, lo que en realidad quieren es la salida total y definitiva de la empresa de la zona. “Queremos proyectos para recuperar el ecosistema del río. El mundo tiene que replantearse la forma de subsistir y llevar su economía porque ya se declaró una emergencia climática y pareciera que seguimos indolentes ante esta situación”, señaló un habitante de la zona.