Desde el pasado 31 de marzo, el servicio de transporte escolar en varios municipios del Meta ha sido interrumpido, afectando entre un 20% y un 80% de la población estudiantil.
Este lunes, en Acacías, padres, madres y estudiantes bloquearon la vía a San Isidro de Chichimene y otras rutas rurales en protesta por la cancelación del servicio. Las personas manifestantes exigieron respuestas de la Gobernación del Meta, denunciando que la falta de transporte escolar afecta gravemente el acceso y la calidad educativa de los y las menores.
Según la Asociación de Directivos Docentes del Meta – ASDIMET, la interrupción está afectando a una gran parte de la población estudiantil en municipios como Restrepo, Barranca de Upía, Cumaral, Vista Hermosa, Mesetas, Puerto Rico, San Carlos de Guaroa, Acacías, Castilla La Nueva, Guamal, Granada, Puerto López y San Juanito, entre otros, dependiendo de la ubicación y el tipo de establecimiento educativo.
De acuerdo con la Circular No. 079 de 2025, emitida por la Secretaría de Educación del Meta, el servicio de transporte escolar se financia a través de los recursos del Sistema General de Regalías – SGR, ya que el departamento no cuenta con recursos propios suficientes. Este año, el Meta aprobó el proyecto para contratar empresas que presten el servicio, a través de la licitación pública GCSJ-LP-001-2025, publicada en la plataforma SECOP II. Sin embargo, el proceso está pausado mientras se espera que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emita el Decreto de Cierre Presupuestal para el bienio 2023-2024, cuya fecha límite fue el 31 de marzo.
El padre Jhon Hary Ruíz, director de la Pastoral Educativa de la Diócesis de Granada, calificó la interrupción como una «irresponsabilidad del Gobierno Nacional y Departamental». Según él, las consecuencias de esta crisis son graves: inseguridad, deserción escolar, explotación laboral infantil, entre otros problemas.
La reducción de recursos asignados al Meta en el bienio 2023-2024 y la disminución de la asignación para el periodo 2025-2026 han impedido que el departamento obtenga el certificado de disponibilidad presupuestal, necesario para continuar con el proceso de licitación y financiar el contrato del transporte escolar. Esto será posible una vez el Gobierno Nacional cierre el presupuesto y determine los recursos disponibles para el nuevo ciclo fiscal.
La ASDIMET señaló que la interrupción del servicio vulnera el derecho fundamental a la educación, consagrado en la Constitución Política de Colombia (Artículo 67), la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y el Decreto 1075 de 2015, los cuales establecen que el transporte escolar es un apoyo esencial para garantizar el acceso equitativo a la educación.
Además, la organización de docentes expresó su preocupación por la situación en las zonas rurales, donde ya existen alertas tempranas de reclutamiento forzado. La falta de transporte escolar obligaría a las y los estudiantes a recorrer largas distancias a pie, exponiéndolos a riesgos de seguridad y poniendo en peligro su integridad física y mental. Algunos deben caminar más de una hora por caminos peligrosos, lo que contraviene el deber del Estado de proteger a las infancias y garantizar su seguridad en el acceso a la educación.
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La ASDIMET también advirtió que la suspensión del servicio aumentará la deserción escolar, el ausentismo y la baja cobertura educativa, ya que muchas familias no pueden costear ni gestionar un medio de transporte alternativo. La falta de acceso regular a clases afectará negativamente el desarrollo académico y personal de las y los estudiantes más vulnerables, ampliando la brecha educativa y social.
Por su parte, la secretaria de Educación del Meta, Jenny Capote, aseguró a Periódico del Meta que, desde el 12 de marzo, envió una carta al Ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitando apoyo para evitar que esta situación afectará a los y las estudiantes más vulnerables.
Finalmente, la organización de docentes denunció que en algunas instituciones el servicio de transporte escolar no cumple con las condiciones contractuales, lo que vulnera la Ley 336 de 1996, que establece principios de seguridad, eficiencia y calidad. Entre los problemas señalados se encuentran el sobrecupo, el uso de vehículos no aptos para varios recorridos y la falta de monitores para acompañar a los estudiantes durante el trayecto.
En ese sentido, ASDIMET hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que implementen un plan de contingencia inmediato. Este plan debería garantizar que el estudiantado no pierda más días de clase, asegurar los recursos necesarios para operar el servicio y prevenir futuras suspensiones. Además, sugirieron implementar estrategias para proteger a los y las estudiantes en zonas rurales y mitigar los riesgos de reclutamiento y deserción escolar. También propusieron crear un canal de comunicación directo y transparente con la comunidad educativa.
