El pueblo indigena Sikuany de Santa Cruz – Newütuvu del municipio de La Primavera, del departamento del Vichada, recibió amenazas para abandonar su territorio el pasado 26 de julio, por un grupo de hombres armados, según lo denunció la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello a través de un comunicado.
Días anteriores a las intimidaciones, la comunidad había iniciado su proceso de retorno voluntario de manera paulatina a su territorio ancestral de Santa Cruz, con el fin de garantizar su subsistencia y detener su extinción física y cultural ante el histórico abandono Estatal al que ha estado sometida.
La comunidad indígena Santa Cruz – Newütuvü se fundó hace 30 años y colinda con el actual resguardo La Llanura en el municipio de La Primavera. Según relatos de las y los indígenas, su pueblo sufrió el impacto y hostigamiento a raíz del narcotráfico desde la década de los 80 hasta el 2000; “fue desplazada en varias ocasiones por la violencia social y armada: en 1994 y 1995 por la guerrilla de las FARC; en el 2006 en un intento de retorno es desplazada por los paramilitares: amenazas, atentados, reclutamiento forzado, secuestro y desaparición forzada de uno de sus integrantes”, señala el comunicado.
Estas continuas agresiones y desplazamientos causaron que la comunidad de Santa Cruz abandonara su territorio y recibiera refugio por parte de la comunidad del asentamiento indígena de El Trompillo, ubicada en cercanías de La Primavera.
Además, afirmó la organización, de forma irregular y desconociendo la posesión territorial de la comunidad indígena, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, tituló estos predios a foráneos que no tienen relación alguna con el pueblo Sikuany.
Pero su sufrimiento ha sido aún mayor. En el 2015 la comunidad sufrió episodios de desabastecimiento y pobreza extrema -que aún persisten-, lo que causó la muerte de dos menores de edad. Por esta razón, la comunidad decidió trasladarse a Puerto Gaitán, Meta.
Actualmente, después de esperar durante tres años para obtener “el acceso a la reparación de sus derechos como víctimas individuales y colectivas del conflicto armado, y frente a la actual crisis generada por la pandemia del covid-19, que ha profundizado la imposibilidad de obtener recursos por medio de la caza, siembra, pesca o trabajos informales”, las 79 personas de la comunidad indígena, decidieron retornar voluntariamente con la esperanza de aliviar sus condiciones de vida, dice en el documento.
Sin embargo, sus planes de bienestar se han visto truncados por las amenazas y el abandono gubernamental. Pues el pasado 26 de julio, hacia las 4:00 de la tarde, ingresó por un lugar conocido como “El Planchón” -comunidad Miranda-, una camioneta burbuja con placa RGP868 de Bogotá de la que se bajaron cinco personas en el territorio de la comunidad Santa Cruz. “Estas personas portaban armas de largo y corto alcance, apuntando en todo momento contra la comunidad, obligándole a salir del sitio donde se encontraba asentada, apoderándose de sus pertenencias como ropa, motos, y útiles de trabajo y con palabras amenazantes», dice el comunicado. Ante esto, los comuneros indígenas dieron aviso al cabildo gobernador del resguardo La Llanura.
Una vez allí, con la Guardia indígena del resguardo, las cinco personas intentaron intimidarlos con sus armas, por lo que, los de la guardia, advirtieron las consecuencias que podrían surgir en caso de disparar contra alguno de los presentes. Después de insistir con amenazas en que la comunidad saliera del territorio, los foráneos se fueron cerca de las 10:00 de la noche.
Dados los hechos, tanto la comunidad indígena, como la Corporación, exigieron a la Alcaldía de La Primavera, que se garantice la permanencia de su pueblo en su territorio ancestral bajo todas las garantías de bienestar y seguridad. También solicitaron a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la ONU y demás organizaciones, actuar de acuerdo a sus competencias para que no se sigan presentado este tipo de agresiones.
Aquí puede leer el comunicado: https://url2.cl/hru69
