La Comunidad Cannábica de Villavicencio se reúne con determinación y resistencia. A pesar de la constante amenaza de decretos estigmatizadores, se han creado lazos y tejido comunitario que busca garantía de derechos y libertades.
Al final de una calle cerrada de Villavicencio, pusieron un letrero grande que dice CCV Comunidad Cannábica de Villavicencio. Hay graffitis alrededor, incluyendo un mono fumándose un porro. Se ven árboles y la montaña alrededor.
El día de ayer, martes 30 de enero, se tenía programado un plantón a las diez de la mañana para “exigir las garantías de los derechos y libertades individuales de las personas usuarias de cannabis en la capital llanera”.
Desde diferentes ciudades del país se convocaron plantones y manifestaciones debido a que en varias alcaldías como Medellín, Bogotá, Ibagué, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta y Villavicencio se han emitido decretos que prohíben el consumo sustancias psicoactivas en espacios públicos con el argumento de defender y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Lola, una de las anfitrionas y organizadoras del encuentro, tenía un enterizo vino tino y los ojos delineados. Dijo que el decreto No. 1000-24/556 de 2023 sobre la “prohibición de consumir drogas en Villavicencio”, emitido por el anterior alcalde Juan Felipe Harman el 23 de diciembre del año pasado “lo que hizo fue ilegalizar la mayoría de espacios públicos para el consumo y nos prohibió fumar en la mayoría de calles y la mayoría de parques, en la mayoría de cuadras, esquinas y callejones”.
Este decreto dictamina que en “las áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, centros deportivos, parques y otras establecidas por motivos de interés público en el municipio de Villavicencio, se prohíbe consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal”.
Villavicencio fue de las primeras ciudades en establecer un decreto de este estilo, luego de que el presidente Petro firmara el Decreto 2114 el 07 de diciembre de 2023, que derogó el Decreto 1844 de 2018 emitido por el gobierno Duque, el cual le daba potestad a las autoridades de intervenir ante el microtráfico en espacios públicos. Con este acto, el Gobierno Nacional pretendía avanzar en la garantía de los derechos de las personas usuarias de cannabis y sustancias psicoactivas, evitando “la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas”.
La Corte Constitucional también se ha pronunciado al respecto en reiteradas ocasiones y con la Sentencia C-127 de 2023 ordenó emitir un protocolo sobre cómo deberían actuar las autoridades territoriales, teniendo en cuenta que: “la prohibición absoluta de consumo de sustancias psicoactivas, aun de la dosis personal, en parques, es idónea para proteger los derechos de los niños que concurren a dichos espacios”.
Luego de esta sentencia, el Ministerio de Justicia hizo público el respectivo protocolo el 10 de enero de este año, que no es vinculante y le da las facultades y libertades a las y los alcaldes y gobernadores del país para acogerse al concepto de idoneidad de la Corte Constitucional y prohibir el consumo de sustancias psicoactivas en los parques.
Jurisprudencia que fortalece la estigmatización
La Comunidad Cannábica de Villavicencio, según Lola, esperaba que como Juan Felipe Harman llegó al poder con un discurso alternativo y social, emitiera un decreto que protegiera y garantizara los derechos de las personas usuarias de cannabis, pero el sentimiento general fue la decepción: “nos excluye y el resultado es el mismo con el alcalde entrante Alexander Baquero, entonces seguimos indefensos sin tener un uso legal del cannabis en el espacio público”.
El 24 de enero, el Periódico Del Meta publicó una declaración que le hizo Baquero: “Tenemos que luchar contra el microtráfico, el consumo de las drogas. Mañana sale el decreto restringiendo el tema del consumo de drogas en nuestro municipio”. Hasta la fecha de hoy no se ha hecho público este decreto.
Un activista cannábico al que le llamaremos Alfonso* expresó que el Decreto de Harman “fue una medida completamente tangencial y precipitada, por parte del alcalde saliente. Es una vaina muy tonta y si hay un cumplimiento es porque o la policía no es consciente o el usuario no se informa”.
Sobre las 12 del mediodía llegaron un par de personas más al evento. Se realizó una recolecta para un sancocho comunitario y varias de ellas fueron a comprar los ingredientes, preparando todo para la transmisión con la comunidad cannábica nacional que sería a las tres de la tarde.
Ambos activistas, tanto Lola como Alfonso, casualmente coinciden en que el principal problema del decreto emitido en diciembre del año pasado, es la estigmatización que genera sobre los usuarios y usuarias de cannabis que también tienen derecho de habitar el espacio público.
Lola comenta que la historia del Departamento del Meta ha estado caracterizada por una fuerte presencia paramilitar. “Nos han marcado las limpiezas sociales. Todos los que crecimos en Villavicencio escuchamos del muerto en la esquina por ser gay o por fumar marihuana”.
Uno de los asistentes al evento, que no quiso revelar su nombre por motivos de seguridad, expresó que estas medidas gubernamentales promueven la discriminación laboral. “Los jefes se la empiezan a montar a uno también y le hacen más difícil el trabajo, los compañeros emiten comentarios discriminatorios y las autoridades creen que con el solo hecho de fumar uno ya es criminal, pero uno es una persona normal que estudia y trabaja”.
Échele Cabeza, un proyecto de reducción de riesgos y daños del consumo de sustancias, ha sido enfático en que este tipo de decretos dan paso al abuso de la autoridad con las personas usuarias de cannabis.
Una de las problemáticas sociales radica en el hecho de percibir a las usuarias y usuarios como enfermos sin la capacidad de tomar decisiones, pero la realidad es que son ciudadanos y ciudadanas conscientes. “La visión de la derecha es una visión prohibicionista sobre la manera autónoma de actuar: no es solo prohibir, sino también perseguir, debilitar y castigar”, comenta Alfonso.
La Comunidad Cannábica de Villavicencio y su organización
Lola contó que la Comunidad Cannábica de Villavicencio viene organizándose desde hace aproximadamente un año y se encuentra en el proceso de reconocimiento. “Hasta ahora la comunidad se conoció con los barristas, los grafiteros. Estamos en un punto de aproximadamente 180 personas organizadas”.
Dice que está instaurada una mesa de Comunidad Cannábica donde: “se sientan las otras comunidades, se negocean eventos y en las ferias recogemos fondos, vendemos los productos para generar dinero y economía solidaria”. Tienen una línea de reciclaje comunitario que incluye compostaje y otra de ropa de segunda. También hacen cine, foros, esperan movilizar a todas las y los artistas de circo y danza.
Quieren desarrollar una huerta urbana para usar espacio público y allí sembrar yuca o algunas frutas y fomentar el proceso de autocultivo y la soberanía alimentaria. “Por eso estamos en un ejercicio social de dinámicas de trabajo comunal, mirándonos a los ojos despacito para no dañarnos el proceso y poder sacar esto adelante en conjunto y sin afán”, concluye Lola.
Alfonso también finaliza diciendo que: “hay que trabajar en dos focos: lograr labores de pedagogía y campañas de sensibilización para generar la consciencia en los usuarios y al mismo tiempo también a las personas que no son usuarias, que es una cuestión mayoritaria: hay que tomar partido de ambos lados”.
Sobre la una de la tarde se montó el sanchoco y casi a las cuatro estuvo listo. No se pudo tener conexión con la Comunidad Cannabica Nacional, pero Lola afirma que los compañeros y compañeras de Bogotá “hablaron en nombre de las ciudades” afirmando el apoyo colectivo.
Entre las expectativas de ambos activistas y la Comunidad Cannábica de Villavicencio se encuentra mejorar la convivencia de los usuarios y usuarias con la sociedad. Que todas las personas puedan hacer uso libre del espacio público, siendo conscientes de las limitaciones que esto implica.
“Los usuarios somos los adultos: si estoy en un lugar que sé que posiblemente me van a sancionar y veo que hay un niño o una familia, como adulto yo puedo apagar mi porro, esperar que la familia y el niño se vayan y ahí si volver a prender”, explica Alfonso sobre la importancia de la sana convivencia y el disfrute y uso del espacio público.
Mientras usuarios y usuarias de cannabis compartían alrededor del sancocho en la noche, en el Parque Infantil de Villavicencio se realizó un comparendo por porte de drogas. “Le quitaron el grindr, botaron lo que había, uno de los policías estaba encapuchado y trataba de taparse la identificación. Sólo citó el decreto de Harman y cuando se le mencionó a la Corte Constitucional respondieron que fuéramos a alegar al Ministerio”, relató uno de los presentes.
Se está a la espera del decreto del nuevo mandatario de la ciudad, Alexander Baquero, que ya ha venido dejando clara su postura inclinada hacia el prohibicionismo. Por su parte, la comunidad cannábica continúa organizándose para proteger su derecho al consumo de cannabis y las condiciones reales para ejercerlo en el espacio público.
*Nombre cambiado por petición de la fuente.
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