Por: Karen Bernal.
171 años después y aún no cesa la horrible noche.
Colombia ha estado maltratada históricamente por gobiernos que han saqueado, asesinado y masacrado a la población civil y aumentado la brecha de desigualdad social. En medio de una crisis sanitaria mundial, el pueblo colombiano permanece agitado y sufriendo la repetición de la violencia y los crímenes de Estado. La pandemia actual ha sido uno de los agravantes a nivel económico y social, sin embargo, también ha permitido que el Gobierno Nacional la utilice como excusa para justificar el desfalco económico, el déficit fiscal y la deuda pública y con ello el proyecto “Ley de solidaridad sostenible” siendo la principal, pero no la única de las causas para que desde el 28 de abril la población colombiana se esté movilizando en las calles y manifestándose en contra de este atropello.
El proyecto de Ley de solidaridad sostenible, como ha decidido el Gobierno Nacional denominar a esta reforma tributaria consiste en recaudar 23 billones de pesos adicionales, por medio del aumento de bases de recaudo, con la finalidad de mitigar el riesgo internacional, la institucionalización de la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental. En el papel parece ser una buena manera de enfrentar la crisis económica del país, empero, es una vulneración directa a la calidad de vida de la clase media, baja y enriqueciendo la clase más alta del país, pues el recaudo en un 73% será de personas naturales y sólo un 27% para las grandes empresas.
La reforma tributaria pretende aumentar el IVA (Impuesto de Valor Agregado) en 19% a bienes y servicios necesarios para la vida diaria de los y las colombianas como lo son los servicios públicos (agua, luz y gas), también un alza en el costo del servicio de internet, los servicios funerarios, la creación de peajes internos en las ciudades, gravamen de gasolina y el ACPM – los cuales ya tienen un valor significativo en impuestos- esto a su vez desencadena el aumento del transporte público y el transporte de los alimentos, además de elevar los costos de producción agrícola, pues los insumos necesarios en el campo también tendrían IVA. Además, todas las personas que tengan ingresos superiores a $2.420.000 deberán declarar renta.
La movilización ciudadana que ha venido tomando más fuerza desde el 28 de abril, generó un nivel de presión considerable al gobierno nacional, por lo cual, el presidente Iván Duque debió retirar la reforma del Congreso de la Republica conforme a lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 5 de 1992. Aunque para muchos el retiro de esta fue motivo de celebración, se sabe que este documento será modificado y permitirá al Estado gravar nuevas disposiciones que serán presentadas más adelante como una alternativa para mitigar el déficit económico del país.
Otra de las exigencias de la ciudadanía colombiana se direcciona a un derecho fundamental: la salud. Colombia es uno de los países más vulnerables y azotados por la pandemia, según cifras oficiales del Ministerio de Salud hay más de 2.800.000 casos positivos de covid-19 y 73.000 muertos tan solo a finales de abril. Asimismo, hay un evidente retraso en el Plan Nacional de Vacunación, pues, hasta abril solo 4.700.000 personas habían recibido la primera dosis, eso representa menos de un 10% de la población.
La protesta social también reclama por el proyecto de Ley 010 de 2020, en la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud y el sistema general de seguridad social, por medio de reformar la famosa Ley 100 de Salud. Pero la finalidad directa es acabar con el régimen exceptuado y privatizar la salud -aún más- pues ésta ya no pertenecerá al Estado sino a las AS (Aseguradoras de salud), cobrando cuotas moderadoras y copagos con el fin de “autofinanciar la salud” y la eliminación de la clínica cancerológica del país que atiende a personas de bajos recursos, esto para crear la clínica de oncología Carlos Sarmiento Angulo, quedando la salud a merced de uno de los hombres más poderosos del país con nexos políticos evidentes en las campañas presidenciales de los partidos tradicionales y precarizando el derecho a la salud. Dicho proyecto está apoyado por el gobierno nacional y 50 senadores, evidenciando que la salud en Colombia no es un derecho fundamental sino una mercancía y su valor radica en lo económico.
Dentro del marco del Paro Nacional, la jornada de protesta también ha traído consigo gran agitación y a su vez, represión por parte del Estado, que no garantiza el derecho a la protesta enmarcado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. Desde el 28 de abril del 2021, las y los manifestantes se han congregado en las principales ciudades y vías del país, realizando marchas, actos simbólicos y artísticos para mostrar su inconformidad al gobierno nacional. Con el transcurrir de los días se han ido sumando más personas a la movilización y con ello la vulneración a los derechos humanos, según la Human Rights International, al 8 de mayo se reportaron 39 homicidios, 278 hechos de violencia física y 12 hechos de violencia sexual cometidos por miembros de la fuerza pública. y en total, alrededor de 1.814 casos de violencia policial, estas cifras son aproximadas, ya que, se desconocen el número de total de víctimas en ciudades como Cali, en donde la protesta social, ha sido reprimida con las nuevas armas que el gobierno nacional ha adquirido: se cree que aproximadamente 14 billones fueron gastados en aviones de guerra, 10 mil millones en camionetas, 2 millones de dólares en tanquetas, entre otros gastos militares. Esto es una de las razones más fuertes para que manifestantes y senadores de la oposición, quienes reclaman sobre los despilfarros de Duque que favorecen las clases más ricas del país y promulgan el empobrecimiento de la población civil.
Cada rincón del territorio colombiano, hace llamados a la comunidad internacional que permitan defender la vida, el derecho a la protesta y la dignidad de los y las colombianas.
*Opinión y responsabilidad del autor de la columna, más no de El Cuarto Mosquetero, medio de comunicación alternativo y popular que se propone servir a las comunidades y movimientos sociales en el Meta y Colombia.
