Del 14 al 16 de marzo se dio inicio a un nuevo ciclo de la Mesa de Diálogo de Paz entre el Estado Mayor de los Bloques y Frentes comandados por Calarcá Córdoba, el gobierno nacional, países garantes, comunidades y organismos de derechos humanos esta vez en el municipio de La Macarena, Meta. En el encuentro, poblaciones campesinas, indígenas y autoridades territoriales, manifestaron la necesidad de prorrogar el cese al fuego bilateral que vence el próximo 15 de abril.
En octubre del 2024 el Gobierno Nacional amplió la prórroga de seis meses del cese al fuego bilateral con esta disidencia, que está pronta a terminar. Lo que representa temor en las comunidades de que de no ampliarse, pueda significar aún más enfrentamientos además de los ya existentes por la disputa territorial que hay entre actores armados en el Meta, Caquetá y el Guaviare. “Lo que los campesinos replican y se requiere, es la continuación de la Mesa de Diálogo”, nos explica Rosendo, líder social de esta región.
Las preocupaciones de las comunidades fueron expuestas tras la instalación de jornada y por ello una de las mesas de trabajo que se creó fue la de derechos humanos donde incluyeron el tema de la continuidad del cese al fuego, la posible reactivación de operaciones como Artemisa, operativos en el marco de la “guerra contra las drogas”, entre otras. Así mismo se reiteró al EMC, pero también a las fuerzas militares, la importancia de no dejar en medio de estas disputas a las y los campesinos como ha sucedido históricamente, “se solicitó la desvinculación total de la población campesina en esta disputa de la división de las FARC entre la gente de Calarcá e Iván Mordisco (…) si ellos tienen un conflicto que saquen a la población civil de esta situación, porque además están apareciendo muchos otros grupos que toman diferentes nombres y se dificulta saber quién es quién”, dijo a El Cuarto Mosquetero Edilberto Daza, defensor de derechos humanos de la Fundación DHOC.
Recordemos que según cifras de la Unidad de Víctimas-RUV, el conflicto armado en Colombia ha dejado en la Amazorinoquía de 1.398.260 personas afectadas, de las cuales, 291.721 pertenecen al departamento del Meta, 379.861 a Caquetá y 102.098 del Guaviare.
Entre las conclusiones de la jornada, se reiteró en la importancia de la implementación de procesos de ordenamiento territorial donde se desarrollen programas como el Catastro Multipropósito, una delimitación precisa respecto a zonas de parques, de reserva forestal y resguardos indígenas que permitan el reconocimiento de políticas como la agraria, de desarrollo sostenible y ambientales.
Esto teniendo en cuenta que es imperante la regularización, normalización y titulación de tierras a población campesina e indígena, y se precisa en el documento, la necesidad de “la proscripción de acaparamiento de tierras y de la deforestación al servicio de la ganadería extensiva, de las economías al servicio del narcotráfico y del extractivismo”.
El llamado al Gobierno Nacional
Si bien se llegaron a compromisos importantes para la continuidad de los diálogos de paz, que desde la percepción de las y los asistentes en los más de cinco ciclos -se está iniciando el sexto- es la primera vez identifican avances más concretos, también se avanzó en poder seguir dialogando sobre la posible reactivación de la Operación Artemisa implementada por el Gobierno de Iván Duque, la cual con la excusa de frenar y judicializar a quienes estaban detrás de la “hemorragia deforestadora” y proteger los bosques, destruyó viviendas, puentes y persiguió, estigmatizó y asesinó al campesinado que habita en áreas protegidas.
“Sabemos que con el cambio de gobierno se puede desempolvar el plan Artemisa y las operaciones de erradicación forzada, por eso en el proceso de los diálogos de paz se busca asegurar que haya compromisos que a futuro eviten que esto suceda (…) y se va a tener una reunión en Bogotá entre líderes, instituciones como la Defensoría del Pueblo para discutir sobre este tema, porque todavía hay procesos vigentes de judicialización de campesinos, personas que fueron afectadas por la quema de sus viviendas y se planteó también tener una reunión con los comandantes de las fuerzas militares, Fiscalía y organizaciones sociales para hacer un análisis del contexto de los territorios”, puntualizó Edilberto.
Ante el panorama anterior, hacen un llamado al Estado al cumplimiento de la garantía de derechos humanos, así como a dar respuestas y claridad a procesos judiciales. Las exigencias hacia el Gobierno Nacional son claras, respecto a posibilitar el acceso a servicios esenciales que históricamente se les han negado y la protección de la vida, “una de las primeras necesidades que hemos tenido durante todos estos años es el derecho a la vida, educación, vivienda, vías de comunicación para poder sacar nuestros enfermos y nuestros artículos” contó a El Cuarto Mosquetero un líder campesino que prefiere resguardar su identidad.
También, en el espacio se gestaron conversaciones sobre la Ley Segunda que tiene relación con la conservación de Parques Nacionales Naturales, así como se precisó en la importancia de la priorización de la formación de las Zonas de Reserva Campesinas-ZRC, ya que según las declaraciones de las comunidades ante la Mesa de Diálogo en La Macarena, esto permitiría, “la transformación territorial para la paz” y el reconocimiento de los derechos del campesinado, los cuales estén “en armonía con la defensa de las áreas protegidas y su biodiversidad”.
El encuentro finalizó con el llamado a que se garantice la participación amplia de diferentes sectores de la Amazonía en este ciclo de negociaciones y la necesidad de la persistencia del diálogo como único camino para garantizar la paz en estos territorios.
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