Cuando Berta Cáceres nació, su madre, una partera indígena, recibió asistencia de algunas de sus compañeras; aquellas mujeres dueñas de saberes ancestrales de como traer niños al mundo, recibieron a la niña en medio de un llanto que retumbó las aguas del río Gualcarque, el mismo que durante años defendió con uñas y dientes de las empresas minero energéticas. Cuando José Cáceres vio a su hija, quedó maravillado por esos ojos vivaces, tenía la mirada intensa como un animal montuno y la piel de bronce como los atardeceres de Intibuca.
Su infancia estuvo marcada por los actos violentos, principalmente contra su familia por parte de agentes del estado que protegían intereses de compañías que veían su natal La Esperanza, un punto estratégico para el desarrollo de varios proyectos que vulnerarían los derechos de los pueblos indígenas. Uno de sus hermanos fue un perseguido político y finalmente, murió abaleado y su crimen permanece en el anonimato. Otro hermano fue secuestrado y torturado y, por último, su madre, la partera indígena que se convirtió en alcaldesa de la población, fue vigilada y secuestrada, crimen que se le atribuye a un coronel del ejército hondureño.
Berta inició su camino en el activismo político en 1993, cuando fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras-Copin, movimiento que lucha por la defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura indígena Lenca y por elevar las condiciones de vida de la población de la región. Esa lucha, le valió diversos problemas, específicamente con el gobierno de Juan Orlando Hernández y, tras el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya, fue una de las lideresas que encabezó las protestas respaldando al político depuesto.
Berta también luchó contra las industrias madereras que talaban miles de hectáreas de bosque nativo sin tener permiso del estado y de las comunidades indígenas. Fueran varias sus luchas en ese sentido de las cuales salió victoriosa, por lo que fue ganando importantes espacios sociales y en el ámbito político, por lo que su nombre empezó a tener fuerza en el plano nacional. Además, su voz tranquila, pero llena de palabras contundentes que expresaban con vehemencia los reclamos de su comunidad, se oía como un millón de voces por la tierra y, que simplificaba los reclamos de un pueblo cansando de los abusos de un gobierno.
Al bajar de las verdes montañas de Opalaca, al norte del departamento de Intibuca, el río Gualcarque baña a cientos de comunidades que tienen al cuerpo de agua como protagonista de su desarrollo. Las dinámicas sociales, económicas y culturales de miles de personas, están trazadas por las aguas de aquel río que, en sus inicios, es un cuerpo delgado con piedras enormes y desperdigadas y con cañones profundos. Al aproximarse a la cuenca del Otoro, el Gualcarque se ensancha permitiendo que el caudal sea furioso, ideal para proyectos energéticos como presas de agua.
Es un río sagrado para el pueblo Lenca, comunidad a la que pertenecía Berta y su familia, por lo que la defensa del cuerpo de agua estuvo en la agenda de la lideresa hasta el final de sus días. En el año 2006 iniciaron las preparaciones para la construcción de cuatro presas, proceso que se ha hecho de espaldas a la comunidad, sin consultarlos, sin tener en cuenta sus reclamaciones y sin considerar sus derechos ancestrales sobre el río. El proyecto ejecutado por la empresa Sinohydro, el Banco Mundial y la firma Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, tiene el total respaldo del estado, quien ha ejercido y, a pesar de la resistencia pacifica de las comunidades, una represión violenta contra los indígenas.
Tras el golpe de estado contra Manuel Zelaya, las licencias de proyectos nocivos para el medio ambiente se multiplicaron en el país, haciendo que, a hoy casi el 30% de la superficie del país, esté comprometida en concesiones minero energéticas. Específicamente, en la comunidad Lenca, los problemas empezaron cuando el Congreso Nacional entregó a la firma DESA una concesión por 20 años para la construcción y puesta en marcha de varias represas sobre el río Gualcarque.
De este río la comunidad Lenca deriva su sustento, es fuente de comida debido a la pesca artesanal. Sus aguas traen sedimentos ricos en minerales que ayudan a que las tierras bajas sean fértiles para la agricultura y, en el cauce medio, en la zona boscosa, las intensas lluvias permiten que la fauna y flora sea conservada. Las cuatro presas ponían en riesgo toda esa cadena surte de vida a la tierra y a la comunidad indígena.
Las protestas lideradas por Berta Cáceres iniciaron desde el primer momento que las obras y la maquinaría se abrieron paso por entre las profusas montañas. Hubo iniciativas de quejas ante organismos internacionales, movilizaciones, plantones y reclamos al Gobierno, que fueron reprimidos con una brutalidad sin precedentes en la región. El 15 de julio de 2003 en medio de una intervención por parte del Ejército de Honduras en una movilización indígena, se presentaron disparos por parte de la tropa, lo que ocasionó varios heridos y un líder asesinado.
Para esos días los señalamientos, que nacieron de funcionarios e incluso altos representantes del Gobierno Nacional, hicieron que una lluvia de amenazas contra Berta Cáceres se diera lugar. El aparataje estatal, promovido desde los medios de comunicación, logró que la opinión pública, mayoritariamente de los habitantes de las grandes ciudades y que ignoraban las condiciones de los pueblos indígenas, se pusiera en contra de la lideresa.
La situación fue escalando hasta al punto de acusarla de cometer varios delitos, principalmente de usurpación, coacción y daños contra la empresa encargada de la construcción de las represas. El proceso de criminalización contra Berta no prosperó, pero el daño social estaba hecho, por lo que sus condiciones de seguridad desde ese momento se fueron deteriorando. Ante esto la opción de Berta fue incrementar sus luchas, las denuncias se multiplicaron y el deterioro de las relaciones con el Gobierno se hizo cada vez más profundo.
Berta Cáceres pasó años denunciando amenazas, seguimientos y hostigamientos contra ella y su familia. Por esta razón, tenía medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero nunca recibió protección por parte del estado, por el contrario, recibió señalamientos y fue criminalizada. En la noche del 2 de marzo de 2016 la lideresa fue asesinada por sicarios que ingresaron a su casa, la voz de la comunidad Lenca fue cercenada, en un crimen que tuvo varios protagonistas muy visibles, entre ellos a David Castillo, directivo de la firma DESA, quien fue declarado culpable por ser el autor intelectual del asesinato de Berta.
