Ausencia del Programa de Alimentación Escolar: una realidad del internado de la vereda La Carpa en el Guaviare

En el internado de La Carpa, en la vereda de San José del Guaviare, el Plan de Alimentación Escolar-PAE no llega hace aproximadamente un mes.

Según la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, la Unidad Alimentos para Aprender “contó con $250.000 millones adicionales para apoyar financieramente a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación para garantizar la operación del PAE hasta el final del calendario académico”, sin embargo, en el segundo semestre del 2023, el programa estaba ausente en los centros educativos en el departamento del Guaviare.

Aunque se anunció un incremento financiero para el PAE, hoy más de 4.000 niños y niñas de 46 residencias escolares de esta región se encuentran sin este servicio, debido a que según expresa la Secretaría de Educación Departamental, no se cuenta con los recursos necesarios desde el Ministerio de Educación, por lo que el operador PAE Guaviare 2023, encargado de contratar en la región, no puede hacer llegar a los planteles educativos los alimentos. “Desde vacaciones no hay contrato PAE y el 70% de niños en internados y escuelas no van a clase, muchos son internos, y sin comida prefieren no ir. Varias familias se han ido del campo para evitar reclutamiento”, expresó la organización Viso Mutop a través de su cuenta oficial de Twitter. Esto teniendo en cuenta que, la historia de la región ha demostrado que muchos niños, niñas y jóvenes se van a engrosar las filas de los grupos armados al no contar en sus casas con garantías de derechos básicos, y pensar que con estos actores ilegales van a poder vivir mejor, lo que claramente demuestra la incapacidad del Estado de proteger la población menor de edad de las zonas rurales.

En gran parte de la región del sur del Meta la economía depende principalmente del cultivo de la hoja de coca, a través del procesamiento de la pasta base, ya que los altos costos fluviales y terrestres no permiten la comercialización de otro tipo productos agrícolas, generando una dependencia del campesinado en cultivos considerados de uso ilícito. En la actualidad los alimentos de primera necesidad escasean, ya que se frenó el comercio de la pasta base de coca y por ende no circula dinero en efectivo, aumentando las condiciones de desigualdad, se habla de una crisis humanitaria.

Por ello los internados cumplen un rol fundamental en la educación de la población rural, ejemplo de ello es el que se encuentra ubicado en la vereda La Carpa, que, pese a estar en jurisdicción de Guaviare, se encarga de la formación de cientos de jóvenes de veredas del Meta como Nueva Colombia, La Tigra, Caño Cabra, El Tigre, La Reforma, El Silencio, Caño San José, entre otras. Actualmente, familias de la región expresan su preocupación frente al caso, ya que, si escasamente ahorran el dinero del transporte fluvial y/o terrestre para enviarlos a estudiar, difícilmente pueden pagar en los restaurantes o allegados, para que les vendan la alimentación a sus hijos. “Yo soy la perjudicada porque los mando, y allá me toca pagar un poco de plata y me toca pagar también la comida. Ya empezaron clase en el departamento y yo no puedo dejarlos en la casa porque pierden clase, pero tampoco puedo enviarlos porque no tengo cómo; me queda muy difícil”, explicó para este medio, Yamile Hernández, madre afectada, quien pide a las instituciones encargadas que busquen prontas soluciones y así no negar el derecho a la educación de sus dos hijos.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación interpuso acciones legales contra las entidades responsables del servicio educativo en el mes de marzo, sin embargo, desde mitad de año hasta la fecha continúa la omisión del programa en el sector escolar. “La Procuraduría inició investigación disciplinaria contra el actual secretario de educación de Guaviare, Luis Carlos Granados Gómez, por posibles irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2023”, explicó la Procuraduría General a través del Boletín 359-2023, ya que el funcionario presuntamente omitió su deber de proteger los derechos de las y los menores de edad beneficiados con este programa.

Sixto Rojas, presidente de la junta de acción comunal de La Carpa, expresó que “el internado está funcionando como tal, pero los niños están comiendo en las casas”, lo que supone un gasto adicional para las familias campesinas de la vereda y la región entera.

De acuerdo con la Corporación Viso Mutop, los internados de Cachicamo y Capricho, La Paz, San Isidro, Mocuare, Arawato, Charras, Caño Blanco, Caño Makú, Tomachipán, Golondrinas, Makusito, Moscú, Mesa de la Lindosa, Salto Gloria, Puerto Flórez, María Auxiliadora, Francisca De Paula Santander, Cristo Rey, Lagos del Dorado, Las Damas, Cristalina y La Unión, son algunos de los que están sin la debida atención en Guaviare.

Frente a la grave situación que atraviesa la región, la Defensoría del Pueblo del departamento de Guaviare a través del comunicado expedido el pasado 28 de julio, generó la Alerta Temprana de Inminencia 012 del 2023, advirtiendo que la intención de los grupos armados ilegales por heredar, ocupar o disputar los territorios, ha provocado el aprovechamiento de las necesidades de las y los jóvenes y sus familias; situación que ha derivado en el flagelo del reclutamiento forzado.

Al conocer la situación, El Cuarto Mosquetero se contactó con la Gobernación del Guaviare, pero no hubo respuesta.

Familias afectadas, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la región hacen un llamado al Gobierno nacional y regional, para que, de manera articulada, generen estrategias y planes de acción que permitan solventar la problemática del departamento y garanticen el derecho a una educación de calidad. “Una posible solución sería declarar una urgencia manifiesta para garantizar los recursos o designar recursos de emergencia a través del programa Hambre Cero del Gobierno Nacional”, concluyó Viso Mutop.

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