El aislamiento causado por la falta de vías de acceso y el impacto del Fenómeno de El Niño, con sequías e incendios forestales han puesto a Miraflores en crisis. Se pide levantar la medida cautelar de la vía que comunica con Calamar.
La población de este territorio sigue siendo víctima del aislamiento provocado por la no garantía de vías de acceso optimas por parte del Estado. Ante esto, el alcalde de Miraflores, Edwin Díaz, ha resaltado la crítica situación que enfrenta la región debido al Fenómeno de El Niño, el cual ha aumentado las sequías y desencadenado una serie de incendios forestales.
Estos eventos no sólo amenazan los ecosistemas, sino que también ponen en peligro la seguridad, los medios de vida y el transporte de las y los habitantes del municipio.
Miraflores está ubicado al sur del departamento del Guaviare. Sus únicas vías de acceso son aérea y fluvial, ya que la carretera que va desde Calamar tiene una medida cautelar interpuesta el 01 de marzo de 2021 por un juez del departamento que buscaba frenar la deforestación y la siembra de coca.
Según el alcalde, la disminución de los caudales ha afectado el transporte de la alimentación, combustible y medicamentos para el municipio, repercutiendo negativamente en los 15 resguardos, cinco consejos comunitarios y 38 juntas de acción comunal -aproximadamente 14.500 habitantes- que están en Miraflores. El Departamento del Vaupés también se ve perjudicado ya que estos insumos básicos tampoco llegan a través del río.
Una de las habitantes del municipio y exconcejala, Encarnación Enciso, expresó que “la crisis es muy grave y todo se ha vuelto demasiado caro”. Dijo que el alto precio no sólo es en artículos como los cárnicos y los lácteos sino también los demás insumos que se transportan por el río.
Incluso algunas obras públicas pueden suspenderse. Hace tres semanas se inició una pavimentación en el casco urbano. También hace menos de 15 días comenzó una infraestructura para el adulto mayor y el inicio de las mejoras de la planta de beneficio. Pronto comenzaría la ejecución de unas viviendas en el casco urbano, pero se necesitan los materiales correspondientes enviados desde San José del Guaviare.
Debido a esto, una de las medidas que ha tomado Edwin Díaz junto al Consejo Municipal de Riesgo ha sido la expedición de un decreto que le permita establecer un plan de acción para atender la situación. El objetivo es que se pueda escalar al Consejo Departamental de Riesgo y a instancias nacionales.
La carretera sobre la que reposa una medida cautelar
Desde la Alcaldía de Miraflores también se ha hecho una solicitud para que se levante la medida cautelar que restringe el acceso terrestre a la zona, lo que permitiría una respuesta más ágil y eficiente a la emergencia.
Las manifestaciones en contra del cierre de esta carreta no son nuevas. En enero de 2022, más de 600 personas exigían al Gobierno Nacional soluciones frente al desabastecimiento de alimentos y combustibles que también se estaba viviendo en ese entonces. Tuvieron retenido un avión de pasajeros y carga de forma pacífica durante dos días.
El alcalde también ha enfatizado en que “no se sobrepongan los intereses del medio ambiente sobre los derechos humanos”. Dijo que se ha reunido con transportadores, comerciantes instancias municipales, Ejército, Policía, gerencia del hospital y todas las personas que conforman el Consejo Municipal de Riesgo para oficiar al juez que decretó la medida cautelar contra la carretera.
La solicitud la van a radicar esta semana y como se trata de una situación de calamidad pública, exigen respuestas inmediatas. Esa respuesta depende lo que considere el juez para ponerle fecha a la audiencia y levantar o continuar con la medida.
Hugoberto Torres, uno de los comerciantes de Miraflores, afirmó que una de las soluciones es que el Gobierno Nacional “se personalizara, viniera y viera la situación y así quitar la medida cautelar”. Además, dijo que debería ser “una carretera y no una trocha” la vía que comunica con el municipio de Calamar.
Edwin Díaz considera que “el acceso, goce y uso efectivo de derechos es permanente y la medida cautelar es desproporcionada, no cumple ninguna finalidad y ya lleva mucho tiempo de su aplicación”. Según el alcalde, se trataba de una medida preventiva, pero ya han pasado tres años “y no ha sucedido nada, pero sí se ha afectado el acceso, goce y uso de derechos de todo un municipio y también se está condenado al departamento del Vaupés”.
Se pretende que cuando la medida cautelar contra la vía sea desmontada, hacer un registro de la población que habita el territorio colindante y que sean estas mismas personas las que vigilen la vía, la cuiden y la defiendan de la deforestación.
“La comunidad nos va a ayudar a detectar a los acaparadores de tierra que son las principales problemáticas. Esta es una propuesta de las Juntas de Acción Comunal -JAC- y de las comunidades y que se pueda replicar con el resto del departamento y la nación”, concluyó el alcalde.
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