El 21 de noviembre del 2016 se realizó un cabildo abierto liderado por Acer Agua Viva. Allí participaron, los concejales del municipio en ese entonces, entre ellos, el actual alcalde, Felipe Harman, quien podría perder su investidura por la demanda de un ciudadano, a raíz de ese mecanismo de participación para defender la soberanía de los acueductos comunitarios de la capital del Meta.
Los ‘cabildos’ siempre han estado asociados a las distintas formas de participación ciudadana empleada por los ‘criollos’ desde la época de la corona española. Estos fueron formados como corporaciones municipales originadas en el medioevo español y trasladadas a América por los conquistadores. Fueron una de las instituciones más importantes a partir de los primeros años de la conquista y constituyeron un eficaz mecanismo de representación de las élites locales frente a la burocracia real.
Con los años el término ha evolucionado y con él, sus formas de llevarse a cabo. Actualmente, un cabildo es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Este fue el mecanismo de participación usado por la comunidad de la Comuna 8 y liderado por Acer Agua Viva (Acueductos Comunitarios en Red), el pasado 21 de noviembre del 2016 en el polideportivo del barrio La Rochela. El encuentro se dio con el fin de generar un espacio de defensa de los acueductos comunitarios. Allí participaron el alcalde de ese entonces, Wilmar Barbosa, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio – EAAV, Cormacarena, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los 19 concejales del municipio, la Procuraduría, la Personería municipal y representantes de los diferentes acueductos comunitarios.
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Durante el evento, líderes comunitarios, representantes legales y la comunidad asistente, presentaron al Concejo Municipal 39 ponencias, en las que se reunían problemáticas, análisis y propuestas para el desarrollo de una política, planes y programas encaminados a la defensa de los acueductos comunitarios y su fortalecimiento.
El encuentro sirvió para que la administración de Wilmar Barbosa creara una oficina en apoyo a la gestión comunitaria de los prestadores del servicio de acueducto, que había sido una promesa en el Plan de Gobierno del mandatario y que durante su Alcaldía, hasta ese momento, no se había cumplido.
Además, el actual alcalde de Villavicencio, quien fuera concejal en ese entonces, Felipe Harman, apoyó la realización de este cabildo abierto, teniendo en cuenta que desde mucho antes de ocupar un cargo público venía acompañando a los acueductos comunitarios que operan en el municipio, que según datos de la Administración Municipal de mayo del 2018, sumaban 121, ya que siempre han trabajado desde procesos de autogestión, sin apoyo gubernamental, pero además en la época vivían una persecución para ser privatizados y absorvidos por el acueducto municipal con la excusa de que no estaban prestando un buen servicio a sus comunidades.
No obstante, recientemente se conoció que José Enrique Molina Rojas, como representante legal de una de las veedurías en Acacías, radicó una demanda de pérdida de investidura contra quienes fueron concejales de Villavicencio durante el periodo 2016 – 2019. El despacho de la magistrada Teresa de Jesús Herrera, deberá tramitar y presentar proyecto de sentencia, que será discutido y resuelto en sala.
El demandante usó como argumento que los concejales de ese entonces no contaban con facultades legales para sesionar fuera del recinto, el 21 de noviembre de 2016, fecha en la que se llevó a cabo el ya mencionado cabildo abierto. Por ende, no estaban habilitados para cobrar al municipio los honorarios por concepto de esa sesión fuera de las instalaciones del Concejo.
En ese sentido, quienes podrían perder su investidura son: Juan Felipe Harman, José Ramiro Albornos, Óscar Armando Alejo Cano, Miguel Giovanny Beltrán, Fabián Alberto Bobadilla, Darwin Castellanos, Walter Cock, Héctor Alfonso Cuellar, John Fredy González, Jorge Alejandro Hernández, Stella Carolina León, Jenny Marleidy Montaña, José Antonio Pérez, José Humberto Poveda, Mario German Rey, Alex Alfredo Rincón, Carlos Julio Serrato y Daniel Isaías Murcia.
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Sin embargo, han habido una serie de pronunciamientos en contra de la demanda interpuesta. Uno de ellos fue el de ACER Agua Viva, señalando que rechaza “rotundamente este tipo de demandas», ya que el único objetivo de ese cabildo abierto fue precisamente la búsqueda de conseguir apoyo, promoción y defensa de la gestión comunitaria del agua.”
Asimismo, la organización afirmó que por varios años ha sido desconocida y atacada por las administraciones de turno, porque les han visto como un problema, “cuando la realidad es que hemos aportado a una solución (…) Ese espacio fue solicitado y apoyado por más de 5000 firmas porque buscábamos ser reconocidos, y del único que recibimos apoyo fue del ingeniero Juan Felipe Harman, quien en su momento ejercía como concejal de la ciudad de Villavicencio, gracias a su apoyo se logró que por fin nos abrieran un espacio para el diálogo y participación previa.”
El pronunciamiento de Acer Agua Viva estuvo respaldado por los acueductos comunitarios de Villa del rio, Villa oriente, Doce de octubre, Galán, Buenavista, Teusaquillo, Villa Lorena, Álamos sur, Montecarlo alto, Conjuntos Montecarlo Vereda las Mercedes, Vereda la cuncia, Villas del ocoa, San Luis de ocoa, Gramalote, la Sabana, Llano lindo y Playa Rica.
Por su parte, Yiviney Ávila, administradora del acueducto comunitario Playa Rica, le comentó a El Cuarto Mosquetero que en el 2016, fue la primera vez que una Administración Municipal escuchó a las comunidades y no precisamente por iniciativa propia. La gestión para que se llevara a cabo el cabildo abierto, fue hecha por el entonces concejal Felipe Harman, pues “la administración en su momento no nos quiso escuchar, por tal motivo acudimos al cabildo, si no hubiese sido así, los acueductos comunitarios no habrían sido escuchados”, afirmó.
Tanto así que, según Yiviney, el Concejo Municipal y el alcalde de ese entonces, Wilmar Barbosa, “no creían que asistieran más de 300 personas, su susto fue mayúsculo cuando vieron a más de 1000, entonces entendieron que sí éramos importantes.”
No obstante, la entrevistada mencionó que las respuestas de la Alcaldía y el Concejo Municipal en ese momento no tuvieron sentido y que, aunque se consiguió la creación de la Dirección de Servicios Públicos Municipal durante el cabildo abierto, no le fue de utilidad a los acueductos comunitarios.
“Hasta este año es que la Dirección de Servicios Públicos nos ha brindado el apoyo que esperamos durante muchos años”, aseguró Ávila.
De igual manera, María Elena Montero, del acueducto Llano Lindo, le afirmó a este medio que el cabildo abierto que se realizó en 2016 “fue una gran oportunidad para que la comunidad exprese al Gobierno local nuestras inquietudes como autogestores de nuestros acueductos comunitarios.”
María también se refirió a la Dirección de Servicios Públicos Municipal, señalando que se designaron a dos funcionarios a cargo, “quienes realizaron una caracterización muy subjetiva de los acueductos comunitarios, puesto que realmente no visitaron los acueductos” aseveró.
Durante el cabildo, relató Montero, se manifestó la necesidad de crear una Política Pública de Apoyo y Direccionamiento para los acueductos comunitarios, los cuales son el resultado del trabajo de la comunidad para reinversión en beneficio de esta y que “se han visto abocados al cumplimiento de un sinnúmero de leyes y normas gubernamentales que nunca podríamos llegar a cumplir porque no somos entidades con ánimo de lucro sino asociaciones comunitarias que luchamos por suplir nuestras necesidades básicas”, esas que el Gobierno no les ha garantizado, desacatando lo contemplado en la Constitución Política de Colombia, afirmó.
Al igual que Yiviney, María mostró su apoyo al actual alcalde y rechazó rotundamente la investigación en su contra, “puesto que Felipe Harman es la persona que ha trabajado directamente de la mano con las comunidades más vulnerables de Villavicencio.”
Entre tanto, Harman se pronunció al respecto en sus redes sociales señalando que “Frente a esta investigación estoy tranquilo entendiendo que nos ajustamos al Estatuto de Participación Ciudadana. Y si se trata de defender las comunidades y el agua, que nos abran mil investigaciones más. Si ese es el precio, ¡bienvenido sea!”
Incluso la senadora Angélica Lozano, mostró en Twitter su apoyo al Alcalde de Villavicencio.
Un abrazo a @harmanfelipe alcalde de Villavicencio.
Ud está pisando callos con su gestión y apertura al cambio, quieren tumbarlo sin importar el daño a su ciudad y la falta de argumentos.
Que nada lo distraiga, 100% trabajo por Villavo, los otros se ahogan en la mezquindad.
— Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) August 2, 2020
Por el momento, se espera que el proceso avance y sea resuelto. El Cuarto Mosquetero consultó a la abogada Paula Palacios, quien señaló que en este caso es necesario tener en cuenta el artículo 48 de la Ley 617 del 2000, que se refiere a la “pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales.”
Dentro de este artículo se citan las causales por las cuales los ya mencionados funcionarios pueden perder su investidura y dentro de esas, no se menciona el sesionar en otra sede o recinto diferente al del Concejo Municipal.
Sin embargo, Palacios mencionó que el artículo 23 de la Ley 136 de 1994, establece que solo se puede sesionar por fuera de la sede oficial -cabecera municipal- cuando existan problemas de orden público. De hecho, la sentencia T–1028/03, la respalda señalando que los concejos deben sesionar en su sede oficial, a menos que exista alteración del orden público, “pero no menciona en ningún momento que deba ser en la sede física de la entidad y según lo que leí, sesionaron fue en un polideportivo en Villavicencio, es decir, algo de forma, pero no por fuera de la ciudad.”
En ese sentido, con esa premisa, la sentencia podría ser no favorable para quien demanda.
No obstante, por el momento no se puede afirmar algo concreto hasta no conocerse los fundamentos de derecho en los que se basa el demandante para alegar esa presunta pérdida de investidura y las pruebas practicadas dentro del proceso.
