Con el fin de hacer seguimiento a las actividades ejecutadas por la Administración anterior y así poder evaluar su compresión y promoción del cambio de modelo de ocupación territorial, propuesto por el Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio (POT), desde el año 2018 se solicitaron a la Administración Municipal una serie de informes de evolución y/o desarrollo de actividades fundamentales en relación a dicho cambio.
Las ocho actividades evaluadas plantean una serie de programas, planes o proyectos que se tenían que desarrollar en el corto plazo, es decir, del año 2016 al año 2019 y que son la base para poder valorar el cumplimiento de las estrategias propuestas por el POT, estas actividades se enmarcan en la política de transformación del modelo de ocupación de Villavicencio, pasar de un municipio monocéntrico a uno policéntrico. Las acciones específicas van desde la formulación de estímulos tributarios que promuevan el desarrollo de la política de descentralización propuesta por el POT, hasta el desarrollo del Plan Maestro de Equipamientos, que tiene el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad a través de la localización estratégica y funcional de dichas infraestructuras.
La respuesta a la última solicitud del año 2019 (Anexo 1), sintetiza el soporte para que la evaluación de desarrollo al final del cuarto año de gobierno de Wilmar Barbosa sea del 0%. Dicha respuesta plantea que para la actividad: “Formular estímulos tributarios que promuevan el desarrollo de la política de descentralización propuesta en el presente plan.” La Secretaría de Hacienda gestionó los Acuerdos 375 y 379 con el fin de conceder incentivos para el pago de cartera de deudores del municipio de Villavicencio y así lograr proyectos de inversión que promuevan la política de descentralización, la valoración de desarrollo de esta actividad es 0% con base en que los acuerdos generados solo incentivan el saneamiento de cartera vencida y no generan la promoción para la inversión dentro de los polígonos de actividad intensiva como lo estipula el Plan de Ejecución del POT.
Para la actividad: “Promover y priorizar la construcción de la infraestructura de equipamientos urbanos y proyectos irradiantes de actividades acordes con la nueva estructura de centralidades” La Secretaría de Planeación expuso que se encuentra sin ejecutar, no obstante, se adoptaron dos planes parciales en las Áreas de Actividad Intensiva o centralidades, la valoración es 0% ya que la adopción de dos planes parciales es insuficiente para el desarrollo de la actividad planteada, teniendo en cuenta que esta promoción y priorización, según el Plan de Ejecución, se tenía que desarrollar en el corto plazo.
En la actividad: “Evaluar y establecer planes de relocalización para los usos de alto impacto en las nuevas centralidades” La Secretaría de Planeación expidió el Decreto 475 de 2017 donde se reglamenta el instrumento de Operaciones Urbanas Estratégicas (OpUrbE), la valoración de desarrollo de la actividad es 0% ya que las OpUrbE no se configuran en los polígonos de las centralidades propuestas y lo que se creó a través de este Decreto fue una disyuntiva en la norma.
Ni ejecución, ni seguimiento, ni evaluación, ese es el legado de la administración de Wilmar Barbosa
Para la actividad: “Consolidar los actuales equipamientos en un sistema jerarquizado, diferenciado e integrado al espacio público que corresponda a las exigencias sociales, funcionales y ambientales” La Secretaría de Planeación informó que había notificado a las entidades correspondientes con el fin de conocer las necesidades técnicas y los requerimientos normativos para consolidar el Plan Maestro de Equipamientos, la valoración de desarrollo de esta actividad es 0% porque lo único que hizo la Administración Municipal fue generar unas notas internas para notificar a las entidades encargadas, pero el Plan Maestro de Equipamientos, que debía formularse en los primeros 36 meses de la vigencia del POT, como se establece en el parágrafo del artículo 229, no se formuló.
En las otras cuatro actividades: “Promover el desarrollo de proyectos de usos integrales sobre las áreas de alta intensidad”, “Establecer los planes de saturación comercial como instrumentos tendientes a garantizar la desconcentración de actividades de la misma naturaleza en un mismo sector”, “Generar estímulos en las nuevas centralidades para los proyectos “verdes” que implementen sanas prácticas constructivas” y “Realizar planes de mitigación y de relocalización de equipamientos de alto impacto”, el valor de desarrollo es 0% porque como lo evidencia el informe de la Secretaría de Planeación, estas actividades no se ejecutaron.
Adicionalmente, es necesario exponer otra de las posiciones de indiferencia de la Administración en relación a la ciudad, al POT y a su seguimiento, el artículo 509 del Acuerdo 287 de 2015 establece que “La Secretaría de Planeación Municipal en un término no mayor a seis (06) meses, establecerá el grupo del Seguimiento al Plan el cual estará adscrito a la misma secretaría y cuya función principal será diseñar e implementar un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del POT” este grupo de seguimiento debía presentar un informe semestral al Consejo Territorial de Planeación, según el Parágrafo 2 del mismo artículo, pero la Secretaría de Planeación en la respuesta a un derecho de petición manifestó que tras una “búsqueda selectiva en base de datos no se evidenció documento generado en virtud del Parágrafo 2 del Artículo 509 del Plan de Ordenamiento Territorial” (Anexo 2), evidenciando que la Administración Municipal y sus dependencias encargadas, en cuatro años, no realizaron ningún tipo de seguimiento y evaluación al POT, a pesar de la importancia que tienen estas actividades a la hora de valorar las transformaciones en el municipio y de establecer la eficacia de las estrategias, políticas y objetivos del POT. Ni ejecución, ni seguimiento, ni evaluación, ese es el legado de la administración de Wilmar Barbosa.
*Opinión y responsabilidad del autor de la columna, más no de El Cuarto Mosquetero, medio de comunicación alternativo y popular que se propone servir a las comunidades y movimientos sociales en el Meta y Colombia.