En las profundidades del sur del Meta se erige la figura de la lideresa Paola Mahecha, una mujer que ha persistido y resistido en medio de los conflictos y violencias que han atravesado tanto al territorio como a la historia de su vida.
“Marlon Stiven Mahecha” leyó, mientras poco a poco los «todo está bien, mamá» de las últimas llamadas se desvanecían, cerró los ojos por contados segundos y volvió a leer “Marlon Stiven Mahecha”. Aquel 07 de marzo de 2021 se filtró un listado de jóvenes que habrían muerto en un bombardeo perpetrado por las Fuerzas Aéreas a orillas del río Ajajú, en Calamar, Guaviare.
Dos días después, el 09 de marzo, tras un viaje de cinco horas, Paola llegó a la sede de Medicina Legal en Villavicencio. Al consultar la base de datos, no se encontró ningún registro de Marlon. “me dicen que él no estaba ahí, que quién me había dicho eso”. Descartar la noción de que su hijo estuvo presente en el bombardeo le otorgó un efímero consuelo.
Sobre aquel operativo las autoridades anunciaron la muerte de diez integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales, -GAOR- a cargo de Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’. Sin embargo en este murieron más de diez personas, entre ellas jóvenes de Nueva Colombia y una menor de edad, Dana Lizeth Montilla de 15 años, que como ya contamos en El Cuarto Mosquetero, “supuestamente había sido reclutada forzosamente por las disidencias de las Farc cuando se enteraron de que murió en el bombardeo; para sus seres queridos esta información es falsa”.
Ante esto, Diego Molano, exministro de defensa calificó de “máquinas de guerra” a los menores reclutados, y en diálogo con RCN manifestó que dejan de ser “víctimas cuando cometen delitos”, agregando también que “desafortunadamente se convierten en criminales”.
Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad -CEV- el reclutamiento forzado entre 1990 a 2017 registró 2.977 víctimas en el Meta y en Guaviare 1.105, siendo los departamentos con uno de los mayores porcentajes. Por lo tanto, tal declaración del exministro, desconoce a las familias que enfrentan procesos de duelo y refuerza el estigma que se tiene con quienes habitan estos territorios.
El 10 de marzo, recién llegada a San José del Guaviare, llaman a Paola de Medicina Legal para comunicarle que debe devolverse para el Meta porque el día anterior dos cuerpos llegaron a la entidad, y que al identificarlos arrojó que uno de ellos era el de su hijo, Marlon. “En la Fiscalía me dicen que mi hijo había sido asesinado en un suceso a parte pero el día 06 de marzo de 2021”, en Solano, Caquetá.
Es importante señalar que, la información proporcionada hasta el momento por las autoridades respecto al caso de Marlon carece de claridad. En un principio, a Paola se le informó que él estuvo presente en el bombardeo del 02 de marzo, posteriormente se le comunicó que falleció en un enfrentamiento el 06 de marzo entre el Ejército y las disidencias. Ante esto, persiste la incertidumbre acerca de lo sucedido y si el cuerpo enterrado corresponde verdaderamente al de su hijo ya que el féretro le fue entregado sellado por el grado de descomposición del cuerpo. “Perdí a mi hijo en medio del conflicto en unas razones que todavía no son claras”. Marlon como gran parte de los niños y jóvenes rurales que encuentran desafíos para garantizar condiciones económicas, se había ido a trabajar como raspachin con los cultivos de coca entre el Meta y el Guaviare, es lo último que había contado a su madre.
Paola en diálogo con VerdadAbierta.com explicó que ella no podía “garantizar si mi hijo estaba o no estaba allá. Y si estaba allá, no sé los motivos. De pronto por las necesidades económicas, no sé”, reconoce Paola, pero insiste en que, “el Estado está en la obligación de dar garantías a nuestros jóvenes, no de matarlos”. Para los niños y/o jóvenes que mueren en el marco del conflicto posiblemente haciendo parte de grupos armados ilegales, no llegan las ayudas, sus padres deben resolver cómo darles cristiana sepultura en medio de su dolor, mientras a su vez resisten a las miradas acusadoras, para Paola no fue diferente. A ella aún no se le ha reconocido como víctima, ella ya dejó de intentarlo sabe que es una batalla perdida.
Ella recuerda a Marlon como un niño muy carismático e inteligente. Cuenta con una sonrisa que de hecho él no llevaba cuadernos al colegio porque argumentaba que no necesitaba de eso: “cuando le hacían evaluaciones, le preguntaban ¿dónde tiene escrito?, y decía, pregunteme que yo le respondo”.
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Paola Mahecha y su camino en las veredas
Fue criada en el campo y a la edad de nueve años es llevada a la ciudad. En ella hay una particular fusión de raíces campesinas entre su padre quien era tolimense y su madre costeña. A los 12 años, Paola se enfrentó al duelo de perder al fundador de la vereda Charco Trece en el municipio de Puerto Lleras, pero su padre alcanzó a dejar sembrada en ella la semilla de servir a la comunidad.
Retornó al campo siendo madre soltera con 15 años de edad, y empezó a trabajar en las labores que este espacio le ofrecía, una de esas era jornalear, actividad que le permitió sostener a su hijo y ayudar a su madre.
Su paso por las veredas lo vivió entre la preocupación y la incertidumbre de las estrategias de las Fuerzas Militares y los mandatos presidenciales. Cada vez que escuchaba la llegada del Ejército, debía huir, abandonando todo a su paso, ya que «esas personas no tenían respeto por nadie».
En Colombia, durante los años 2002 a 2008, bajo el mandato presidencial de Alvaro Uribe Velez se llevó a cabo el Plan Patriota. “Fue un plan militar que se orientó a desarticular las comunicaciones, la movilidad y las finanzas de las FARC-EP”, según la CEV.
Ella recuerda que en alguna ocasión el helicóptero de los militares sobrevolaba sobre su casa con intención de disparar. “A mí tocó salir con mi hijo pequeño de la casa y con un trapo blanco a gritarles que no”. Esta experiencia es solo una entre muchas en las que fue víctima del conflicto y a su vez desplazada. Se presentaron 752.964 víctimas de desplazamiento forzado en el país entre 1985 y 2016, según el informe presentado por la Comisión.
Paola tuvo que coexistir entre ese plan y las Ejecuciones Extrajudiciales. “Familia muy cercana fueron víctimas de los falsos positivos y, desafortunadamente también, mi hijo, Marlon”, pues para ella, su hijo no era un delincuente como lo hizo ver el gobierno de turno. Según la JEP, entre 2002 y 2008 se registraron por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de falsos positivos, el cual “agrupa el 78 % del total de las que hay registro”.
Tejiendo Paz desde el territorio
Su primer acercamiento al liderazgo fue a los 18 años cuando aceptó la invitación de integrarse en reuniones y actividades de la Junta de Acción Comunal. Aún recuerda la primera vez que en la vereda se dio un foro sobre Derechos Humanos -DDHH-.
En la vereda Diamante uno del Municipio de la Macarena, empezó como secretaria regional. Luego pasó a ser promotora departamental de La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia -DHOC-, en la cual coordinaba a seis organizaciones.
Cuando Paola llega a Nueva Colombia fortalece su liderazgo, este territorio lo habitó por nueve años. Se enfrentó a la crisis donde “el gobierno con su aparato armado llegó a llevarse el ganado y a atropellar todo el que se encontraba por el camino”.
Cuando se le pregunta sobre su experiencia durante la implementación del Plan Artemisa, estrategia aplicada durante el mandato del expresidente Iván Duque, para supuestamente frenar la deforestación, ella comenta: «toda la fuerza se la descargaron a las comunidades», y luego añade: «es mejor acercarse con propuestas que con armas y veneno, porque ha habido muertes, judicializaciones, persecución y estigmatización».
Plantea que estas comunidades han tenido que sobrevivir de la coca por la falta de garantías económicas y que crear ese plan después de ellos estar ahí no aportó soluciones. “Acabar el problema con más guerra nunca va a ser la solución y está demostrado”. Según su perspectiva, «la paz no se negocia, se construye», a través de escuchar las necesidades y también mediante inversiones adecuadas.
Y por ello tiene su esperanza puesta en los diálogos de paz, considera que la participación de quienes habitan los territorios dentro de las mesas es fundamental, porque finalmente son ellos los que han sufrido las consecuencias de la guerra de manera directa. “Debemos estar ahí y decir qué nos duele y cómo nos duele y cuál sería la solución”, ya que “Cada persona tiene una cicatriz del conflicto”.
Cree también que las organizaciones y entidades no solo deben destacar, reconocer y homenajear a las mujeres que lideran estos procesos, sino también respaldarlas en su fortalecimiento.
Paola es una de las fundadoras y exrepresentante legal de la Asociación de Campesinos Productores de la Región del río Guayabero -ASCATRAGUA-. Esta organización nació en el 2011 con la intención de aportar a la paz, y la defensa del territorio. Está conformada por centros poblados y veredas del Sur del Meta y el Guaviare y trabajó en más de 90 veredas de esta región, actualmente está en un proceso de reestructuración para continuar o no con su trabajo en la región. Pero más allá de la organización a la que pertenezca Paola, su trabajo continúa.
Luz Dary Herrera, describe a su hija, Paola, como una mujer luchadora, buena hija, madre, amiga y compañera. Destaca su capacidad para sostener su hogar y trabajo. Aunque siente preocupación por la inseguridad debido a los riesgos que enfrenta en su labor.
Parte del sueño de Paola es ver que sus hijos e hija de 15 años también quieran trabajar con las comunidades, pero comprende que la elección es personal, “yo les he explicado cómo es mi trabajo y el porqué lo hago y la necesidad de hacerlo”.
Por su parte, Andrea Guevara, presidenta del centro poblado Las Colinas, destaca la disposición y el compromiso de Paola en apoyar las comunidades frente a las dificultades que enfrentan los territorios. Resalta que se siente representada y ve en ella un ejemplo para que otras mujeres lideren procesos desde sus lugares de enunciación.
La historia de Paola Mahecha demuestra que quienes habitan los territorios se enfrentan directamente a los estigmas e impactos persistentes de un conflicto que parece interminable, y que ha sido tratado con medidas que los excluye y violenta. Su compromiso y visión de un futuro en paz fortalece el camino de muchas comunidades del sur del Meta y de Colombia.
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