Por: Leidy Alejandra Guaca Ijají
El Cauca ha sido históricamente un escenario de conflictos, marcado por la presencia de grupos armados que han influenciado las dinámicas políticas, económicas y sociales del departamento. La violencia, en sus múltiples facetas, es un problema complejo que ha impactado profundamente a la región. Según datos de Indepaz para el año 2024, desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 19 de febrero de 2024, se ha registrado en Colombia el asesinato de 1 460 líderes y lideresas y defensoras de los derechos humanos. De este total, 286 corresponden al Cauca.
Los líderes y lideresas desempeñan un papel muy importante en la sociedad, su trabajo está profundamente arraigado a las estructuras sociales y políticas del país. Esta conexión intrínseca los expone a numerosos desafíos y amenazas en el desempeño de sus funciones. La relevancia del liderazgo social y la participación ciudadana radica en la necesidad de estar informados y participar activamente en las decisiones que conciernen al Estado y su interacción con las políticas sociales.
En lo que va corrido de este año, la ola de violencia, persecución, amenazas y asesinatos en el Cauca ha ido en auge. Estas acciones provenientes de diferentes actores armados y bandas criminales ocurren a causa de su disputa por el control del territorio, los cultivos de coca, narcotráfico, minería ilegal, entre otros. Haciendo de la violencia un patrón histórico contra el liderazgo social que ha marcado el desarrollo del conflicto armado en Colombia.
Esta crisis de derechos humanos a la cual se enfrentan los líderes y lideresas sociales, no exime al Estado de su responsabilidad patrimonial de acción u omisión en su deber de brindar garantías de prevención y protección.
No basta con crear una estrategia de Gobierno dirigida a la prevención y protección, se necesitan acciones contundentes para salvaguardar la vida e integridad de los líderes y lideresas sociales, lo que incluye que los actuales programas por parte de la institucionalidad se ajusten a las necesidades de cada región, porque un celular o un chaleco antibalas no es sinónimo de efectividad cuando en muchas zonas del país no se cuenta ni siquiera con conectividad móvil o de energía eléctrica, así como una camioneta no puede ingresar a zonas sin vías carreteables.
Por ello, la construcción de paz sigue siendo el mayor anhelo y reto para las comunidades caucanas, en donde ser líder o lideresa más allá de ser un desafío, en sus manos radica el poder de la resiliencia, el perdón y la reconciliación, los principales ingredientes para caminar hacia la paz soñada. De ahí que el valor de la juntanza, la experiencia de las organizaciones y el reconocimiento de los activos locales hayan permitido el trabajo colaborativo en los territorios para alcanzar la utopía de una sociedad mejor, más justa y equitativa.
De este modo, para transformar el sistema y las relaciones de poder que en él se tejen, es necesario convocar a la generación de nuevas estrategias que permitan facilitar solidaridades entre las diferentes comunidades, reconocer la energía que hay en los recursos locales y los liderazgos comunitarios como base para la transformación. Es necesario crear una política pública sobre liderazgo social y defensa de los derechos humanos que sea dinámica, atienda la coyuntura y el contexto social y territorial. Además de ir acompañada de una estrategia que visibilice la importancia del trabajo de los líderes y así transformar esa narrativa que les estigmatiza, no solo en la sociedad, sino también en la misma institucionalidad estatal. Se requiere de un trabajo coordinado que busque la justicia y seguridad para todas las personas.
