Hoy, 30 de agosto, se conmemora en Colombia el día de las personas dadas por desaparecidas. En el marco del conflicto armado colombiano, y de acuerdo al Informe Final de la Comisión de la Verdad hay 121.768 personas desaparecidas. Las familias que les sobreviven los han buscado todos los días desde el momento en el que nunca regresaron; han recorrido kilómetros visitando municipios en donde les han asegurado que los vieron, visitan oficinas del gobierno, de diversas organizaciones nacionales e internacionales, acuden a los juzgados, hablan aquí y allá e incluso, han conformado organizaciones para darse apoyo y articular procesos.
La lucha por encontrarlos lleva años y su propósito es la búsqueda de verdad, esa verdad que les dé de una vez por todas, la tranquilidad de saber qué sucedió con su ser querido, darle cristiana sepultura e iniciar el camino del duelo. Para miles de familiares el encontrar al menos unos restos que no pueden identificar a simple vista, es suficiente. En ese ir y venir de las familias recorriendo el país, los cementerios se han convertido en testigos silenciosos del padecimiento de quien jamás va a descansar hasta saber qué sucedió o dónde está su padre, madre, amigo, hermano, tío, hijo o abuelos que se perdieron en los horrores de una guerra que se resiste a acabarse y dejar a más de 50 millones de habitantes en paz de una vez por todas.
Desde hace años la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, organizacionales nacionales e internacionales y las familias adelantan trabajos en diversos municipios, en cuyos cementerios puede existir la sospecha que hay restos de personas. Y es que en municipios como Mapiripán, Meta, su cementerio fue usado en su momento por grupos armados ilegales para enterrar el cuerpo de sus víctimas, esto en el mejor de los casos, ya que en otros las víctimas fueron arrojadas a ríos o desmembradas, lo que hace casi imposible encontrarlos para realizar las labores de identificación para posterior entrega a las familias.
Así mismo, corresponde el cuidado de los cementerios para garantizar o ampliar las posibilidades de tener éxito en la labor de búsqueda, en este sentido organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR adelanta el trabajo de organizarlos junto a miembros de las comunidades, ya que, en el país, en esta clase de campos, se llevan a cabo inhumaciones sin tener en cuenta factores técnicos como la señalización e identificación de tumbas, entre otros.
En este trabajo comunitario, el CICR junto a comunidades están realizando labores de limpieza de los cementerios, enmallados perimetrales, marcación de tumbas, incluso, entrenar a campesinos y campesinas en la labor de sepultureros para que, en futuras inhumaciones, el proceso sea lo más técnico posible. Este es el caso de la señora Araminta, mujer campesina de Puerto Alvira en el Meta, quien desde hace un tiempo viene realizando esta labor con mucho cuidado y hoy se muestra orgullosa de su aporte a la comunidad.
“Aquí las comunidades hacemos entre todos eso, no hay sepulturero elegido, cada uno de nosotros buscamos nuestras amistades y hacemos las fosas común y corriente”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, el señor Julio Escobar, manifiesta que tener los cuerpos de sus seres queridos en “paz y seguridad” les da tranquilidad y confianza. Lo manifiesta refiriéndose al encerrado, a la protección contra los animales y por poseer unos conocimientos básicos para adelantar las labores de inhumación de cuerpos, observando unas condiciones mínimas y de carácter técnico.
Estas acciones toman bastante relevancia cuando se observa la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, ya que, en lo corrido de su labor, se han identificado 4.806 sitios posibles de disposición de cuerpos, de ese total han sido confirmados 421 en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas. El trabajo en esos lugares ha sido complejo por la mala disposición de los restos en los que no hay identificación y hay varias personas en un mismo punto.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad manifiesta una problemática casi siempre presente en los diversos episodios de violencia que atravesaron el conflicto armado, y es la invisibilidad de las víctimas y sus familias, quienes tienen que enfrentarse a muchos obstáculos y a una sociedad que hasta ahora empieza observarse a la luz de los hechos. Por esto, resulta muy importante acceder a la información disponible y que la sociedad colombiana se permita dar pasos para la reconciliación y garantizar entre todos y todas la no repetición.
