“Estando yo en uno de los restaurantes que en ese momento tomaba en arriendo, empezaron a entrar las llamadas a las cuales estábamos acostumbradas, las llamadas extorsivas. Pero en ese caso no fue para mí, sino para la dueña del inmueble. Como la señora se negó a pagar la extorsión solicitada, nos pusieron una bomba. Nos mataron a la empleada que estaba en la cocina”. En este relato recogido por la Comisión de la Verdad, una víctima de extorsión da cuenta cómo fueron violentados al negarse a pagar una “cuota” a un grupo armado ilegal.
Las víctimas de este flagelo están presentes en un amplio espectro de la sociedad, no solo se limitó a personas con grandes fortunas, también afectó a campesinos, indígenas y pequeños comerciantes. En ese sentido el nombre varió de acuerdo a la población y al perfil socioeconómico del extorsionado, por ejemplo, se han recabado varios nombres que usaron los grupos armados para referirse a ella: vacunas, cuotas, contribuciones e impuesto de guerra.
Al inició de la extorsión los grupos de guerrilla y paramilitares concentraron sus esfuerzos en personas con grandes sumas de dinero, lo hacían usando la amenaza del secuestro o atentados contra sus vidas como arma para lograr su objetivo de recibir un ingreso por parte de las víctimas de manera regular. Con el paso del tiempo y con la degradación de la guerra, la práctica se fue extendiendo a personas que solo podían pagar sumas muy bajas, pero que al unirlas lograban recaudar recursos considerables para financiar sus grupos.
En todos esos procesos hubo un factor común, el Estado no pudo proteger a los ciudadanos, estos quedaban expuestos a los cobros de los grupos armados, a los secuestros y a lo asesinatos de quienes se negaban a pagar las extorsiones. En ese sentido este flagelo se uso también como mecanismo de control del territorio y de las poblaciones. La Comisión de la Verdad documentó casos de extorsión desde 1985 hasta el año 2018, época de tiempo de concentró la mayor parte de los casos por parte de los grupos de guerrilla y paramilitares. Posterior al año 2018 ha habido una drástica disminución, pero se mantiene principalmente por grupos paramilitares posteriores a la desmovilización, disidencias de las FARC y otras guerrillas como el ELN.
En caso de extorsión a gran escala y que fue recogido por el informe final, es el del impuesto que las FARC, desde la zona del Caguán ordenó imponer a grandes capitales en varas zonas del país y que para el grupo guerrillero emitió bajo la figura de “ley”, como las que crearon en la otrora zona de despeje. Se trataba de un impuesto obligatorio y desde luego ilegal, que pedía la contribución del 10% del valor total de las ganancias en las empresas. Este no tuvo grandes efectos prácticos, pero muchos empresarios fueron víctimas.
En cuanto al pillaje el informe final da cuenta de las acciones que combatientes emplearon al robar pertenencias del enemigo derrotado y a pobladores que tuvieron que ver cómo muchos artículos de uso diario y de comercio, fueron tomadas por miembros de grupos de guerrilla y paramilitares.
“Yo trabajo, el trabajo mío era pescar y empezaron a llegar los paracos al Chocó, nosotros salíamos a pescar y cuando nosotros veníamos entrando ellos estaban esquiniados y lo mejor que traíamos de producción, [dijeron:] “venga, traigan eso para acá que nosotros necesitamos escoger qué es lo que llevan ahí para nosotros comer”, y sin nosotros poderles decir nada. Y una parte por eso me vine de allá del Chocó, porque yo a mi esa gente no me cayó bien, y dije yo, no, yo me voy para otro lado, y en esos tenía a mi papá acá y él me dijo: “mijo, por qué no se viene para acá y nos estamos por acá unos días”. Me vine yo del Chocó porque en realidad que nosotros no podíamos llegar de pescar porque ellos escogían lo mejor”. Este relato muestra como integrantes de un grupo paramilitar robaban pertenencias a pobladores en el departamento del Chocó.
Pero en muchas ocasiones esta práctica no solo se hizo con utensilios o pequeñas propiedades, en algunos casos fue con ganado, vehículos y hasta maquinaría. También grupos armados se establecían en fincas y durante un largo periodo de tiempo tomaban cosas que les servían para mantenerse por esos días, como ganado, comida, combustibles entre otros. La mayoría de los casos no están documentados, el subregistro es demasiado alto, ya que las víctimas estaban en lo profundo de los territorios y hacer denuncias por actos de robo era un suicidio o el trámite era demasiado engorroso para ellos. En muchos casos debían movilizarse hasta un gran centro poblado para instaurar la respectiva denuncia.
Solamente la Comisión de la Verdad logró documentar 751 actos de pillaje a lo largo del conflicto, otras bases de datos dan muestra de esa práctica, pero el subregistro y la escasa información que amplie las denuncias las hacen poco confiables. Entre 1998 y 2002 se presentaron la mayoría de los casos, en donde los paramilitares fueron responsables del 46% de los casos, las guerrillas del 33% y las fuerzas del Estado de un 17%, el valor restante no se logró determinar.
La mayoría de los actos de pillaje se perpetraron de manera conjunta con otras violaciones o generaron o fueron la consecuencia de otros, como amenazas, torturas y desplazamiento forzado. En este último, se generó una especie de ventaja para los perpetradores, ya que, ante la ausencia física de los propietarios, las condiciones para el pillaje favorecían el saqueo. El 72% de los casos de pillaje documentados se originaron como consecuencia de otro acto violento.
Foto de portada diseñada a partir de Infobae
*Esta campaña se realiza con el apoyo del Instituto Colombia-Alemán para la paz -CAPAZ.
