
Rechazan ataques contra activista trans
Desde la Fundación GAAT se activaron las rutas legales para exigir justicia y se hizo un llamado público a verificar cualquier mensaje que circule en nombre de la organización o de Danne Aro, ante posibles intentos de suplantación. Pero más allá del caso particular, el ataque evidencia un problema estructural: la normalización de la violencia contra las identidades de género diversas en espacios que deberían ser seguros.
Estas prácticas, relata Danne, impactaron de manera profunda su vida cotidiana, modificando sus hábitos alimenticios, sus vínculos y hasta los espacios educativos que podía habitar. Para la activista, estas supuestas “curas” no solo carecen de sustento científico, sino que generan graves afectaciones a la salud mental, fracturan relaciones familiares y niegan la posibilidad de que las diversidades sexuales y de género puedan reconocerse plenamente, incluso en el ámbito de la espiritualidad.
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La defensa de los derechos sexuales y reproductivos y de las diversidades sexuales y de género, advierte Danne, suele implicar riesgos personales que se intensifican en contextos de disputa política y electoral. Con plena conciencia de ello, su propia experiencia como víctima de estas violencias y la urgencia de garantizar medidas de protección la llevaron a impulsar, junto a otras personas y organizaciones, el Proyecto de Ley No hay nada que curar, una iniciativa que busca prohibir y sancionar las mal llamadas “terapias de conversión” para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
Sin embargo, señala que la visibilidad de este trabajo también ha tenido consecuencias: sectores fundamentalistas y antiderechos han reaccionado con campañas de desprestigio y difamación, dirigidas a socavar la legitimidad de la Fundación GAAT y a desacreditar su labor en la defensa de la vida y la dignidad de las personas trans.
Violencia sistemática que sigue en la impunidad
Estos ataques se inscriben en un patrón de violencia por prejuicio que se expresa tanto en ataques físicos como en amenazas, estigmatización y exclusión social. En este caso, la agresión ocurrió en un servicio privado de transporte, lo que abre interrogantes no solo sobre la respuesta estatal posterior, sino también sobre la responsabilidad de las plataformas frente a la seguridad de sus usuarias y usuarios, especialmente de quienes enfrentan riesgos diferenciados por su identidad de género.
La Defensoría del Pueblo y la Secretaría de la Mujer del Distrito de Bogotá rechazaron la agresión y le hacen un llamado a la plataforma a aplicar las debidas sanciones al conductor del vehículo en el que se encontraban. La violencia transfóbica no se limita al daño físico inmediato. Tiene impactos profundos en la vida, la dignidad y la libertad de las personas trans, restringiendo su derecho a circular, a trabajar, a habitar el espacio público y a existir sin miedo, según Caribe Afirmativo.
Rechazamos enérgicamente el acto de violencia por prejuicio ocurrido en la madrugada del 01 de febrero de 2026 contra Danne Aro Belmont Gray, mujer trans, activista y directora de la @FundacionGAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans), y su pareja, quienes fueron víctimas…
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) February 1, 2026
Organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que este tipo de violencias no son hechos aislados ni accidentales. Temblores ONG expresó su solidaridad con Danne Belmont y además explicó que la violencia transfóbica “es estructural, persiste en la impunidad, y continúa cobrando vidas y vulnerando de manera sistemática los derechos de las personas trans en Colombia”.
Caribe Afirmativo también se sumó al rechazo categórico y a la exigencia de “una investigación inmediata, exhaustiva y con enfoque de violencia por prejuicio”. El Observatorio de Derechos Humanos de esta organización, en lo que va del 2026 ha documentado nueve casos de asesinatos en el país de diversidades sexuales y de género. La ausencia de enfoques diferenciales en las políticas de seguridad y la falta de formación en diversidad sexual y de género para operadores de justicia y empresas de servicios profundizan esta vulnerabilidad.
Desde la Fundación GAAT se reiteró el compromiso de seguir alzando la voz y exigiendo verdad, justicia y no repetición. La solidaridad expresada por organizaciones, colectivas y personas defensoras de derechos humanos ha sido clave para visibilizar el caso y recordar que la violencia contra las personas trans no es un problema individual, sino una problemática estructural.
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Foto principal: Danne Belmont, joven trans y activista trans. Suministrada a Semana A.P.I y tomada de semana.com


