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PTAR en Uribe, Meta: ¿Riesgo para la salud y el crecimiento del municipio?
A menos de 200 metros del casco urbano de Uribe, la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- permanece suspendida mientras crece la controversia por su ubicación, los riesgos ambientales y las posibles irregularidades en el uso del predio. La comunidad no se opone a la obra, sino al lugar donde fue instalada.
Al entrar al municipio de Uribe, en el sur del departamento del Meta, hay una obra que actualmente está suspendida: la PTAR. Esta construcción podría generar una serie de afectaciones socioambientales que la comunidad ha advertido con insistencia.
La construcción de la PTAR ha pasado por múltiples periodos de interrupción, pero la suspensión vigente se encuentra activa desde el 02 de septiembre de 2025 y se ha extendido, según el último registro de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -Cormacarena-, autoridad ambiental del departamento, hasta finales de marzo o principios de abril de 2026.
Entre las razones, según Cormacarena, se encuentran el rediseño del cabezal de descarga, es decir, la estructura por donde se entregan las aguas tratadas al río Duda. El contratista presentó una nueva propuesta, pero la autoridad ambiental determinó que ese cambio debe ser revisado y avalado por la Empresa de Servicios Públicos del Meta -EDESA S.A.-, entidad que elaboró los diseños originales y debe pronunciarse sobre la viabilidad técnica de la modificación; sin embargo, no lo ha hecho según la autoridad ambiental.
Además, en la margen derecha del río Duda hay procesos de erosión asociados a la variación del cauce, lo que implica desgaste y arrastre del suelo por acción del agua, mientras que en la margen izquierda se están generando escorrentías, es decir, aguas lluvias que corren por la superficie cuando no se infiltran, afectando la ladera y la vía donde fue instalada la tubería.
La falta de sistemas de drenaje también ha impactado la vía de acceso: el agua lluvia corre directamente sobre la carretera, provocando el desprendimiento de la bancada. Sin embargo, más allá de estos aspectos técnicos, hay una razón clave por la cual la obra está suspendida: el rechazo contundente de la comunidad del municipio de Uribe a la ubicación de esta PTAR.
Foto: Alejandra Mayorga
Foto: Alejandra Mayorga
Foto: Alejandra Mayorga
La movilización que suspendió la construcción
Uribe está ubicado en el sur del Meta, en la zona de transición entre la cordillera Oriental y la Sierra de La Macarena. Es un territorio en su mayoría rural, atravesado por ríos como el Duda, que cuenta con cerca de 16.500 habitantes. Está marcado por una historia de resistencia por causa del conflicto armado y además hace parte de los municipios PDET, priorizados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC-EP.
Desde Villavicencio son aproximadamente entre siete y ocho horas para llegar a Uribe, pasando por Granada, Mesetas y luego recorriendo una carretera que en su mayoría está sin pavimentar. Menos de 200 metros antes de ingresar al casco urbano, hay una lona verde que indica una construcción, la maleza y los árboles rodeando el lugar y una obra que, de finalizarse, podría afectar negativamente al territorio, afirman líderes y lideresas.
Tras el agotamiento de no tener respuesta a las diferentes solicitudes radicadas ante entes municipales, la comunidad decidió realizar una manifestación pacífica el 27 de octubre del 2025, la cual, según relata Jhan Carlos Rincón, líder campesino y miembro de la Veeduría PTAR, fue efectiva porque “empezaron a movilizarse delegados de personería, alcaldía, Secretaría de Planeación y la opinión pública, debido a que estábamos exigiendo la suspensión de la construcción, porque después de hacerle seguimiento y las mediciones para ver si la obra estaba cumpliendo con las distancias, nos dimos cuenta que estaban incurriendo en graves errores”.
Uribe está ubicado en el sur del Meta, en la zona de transición entre la cordillera Oriental y la Sierra de La Macarena. Es un territorio en su mayoría rural, atravesado por ríos como el Duda, que cuenta con cerca de 16.500 habitantes. Está marcado por una historia de resistencia por causa del conflicto armado y además hace parte de los municipios PDET, priorizados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC-EP.
Desde Villavicencio son aproximadamente entre siete y ocho horas para llegar a Uribe, pasando por Granada, Mesetas y luego recorriendo una carretera que en su mayoría está sin pavimentar. Menos de 200 metros antes de ingresar al casco urbano, hay una lona verde que indica una construcción, la maleza y los árboles rodeando el lugar y una obra que, de finalizarse, podría afectar negativamente al territorio, afirman líderes y lideresas.
Tras el agotamiento de no tener respuesta a las diferentes solicitudes radicadas ante entes municipales, la comunidad decidió realizar una manifestación pacífica el 27 de octubre del 2025, la cual, según relata Jhan Carlos Rincón, líder campesino y miembro de la Veeduría PTAR, fue efectiva porque “empezaron a movilizarse delegados de personería, alcaldía, Secretaría de Planeación y la opinión pública, debido a que estábamos exigiendo la suspensión de la construcción, porque después de hacerle seguimiento y las mediciones para ver si la obra estaba cumpliendo con las distancias, nos dimos cuenta que estaban incurriendo en graves errores”.
El hecho de que la comunidad se organizara y se movilizara, logró la suspensión de la obra. Se creó la Veeduría PTAR, anteriormente mencionada, el 15 de diciembre de 2025, y además, se hizo pedagogía con quienes habitan este municipio y desconocían la finalidad de la construcción y sus impactos, incluyendo a la comunidad indígena del resguardo de Planes, cuya casa “también resulta afectada porque el radio donde se está construyendo alcanza a tomar a la casa indígena, incumpliendo las distancias mínimas legales”, precisa Jhan Carlos.
La construcción de esta PTAR está a 180 metros del resguardo, por lo cual se debía realizar el proceso de consulta previa, libre e informada exigido por el Convenio 169 de la OIT, lo cual no se realizó. Tanto la Defensoría del Pueblo como la Personería Municipal de Uribe coinciden en que el proyecto, tal como está planteado, vulnera derechos fundamentales y colectivos.
Por un lado, la Defensoría del Pueblo advirtió riesgos graves contra la salud pública, el ambiente sano, la vivienda digna y el derecho a la participación ciudadana y subrayó la falta de protección a poblaciones vulnerables como víctimas del conflicto armado y la comunidad indígena del resguardo de Planes.
La personería fue la que solicitó formalmente a Cormacarena y a los consorcios constructores la suspensión de la obra hasta que se aclare la situación jurídica y técnica y el ajuste del proyecto para que sea compatible con las viviendas existentes y las necesidades del municipio.
La construcción de esta PTAR está a 180 metros del resguardo, por lo cual se debía realizar el proceso de consulta previa, libre e informada exigido por el Convenio 169 de la OIT, lo cual no se realizó. Tanto la Defensoría del Pueblo como la Personería Municipal de Uribe coinciden en que el proyecto, tal como está planteado, vulnera derechos fundamentales y colectivos.
Por un lado, la Defensoría del Pueblo advirtió riesgos graves contra la salud pública, el ambiente sano, la vivienda digna y el derecho a la participación ciudadana y subrayó la falta de protección a poblaciones vulnerables como víctimas del conflicto armado y la comunidad indígena del resguardo de Planes.
La personería fue la que solicitó formalmente a Cormacarena y a los consorcios constructores la suspensión de la obra hasta que se aclare la situación jurídica y técnica y el ajuste del proyecto para que sea compatible con las viviendas existentes y las necesidades del municipio.
Foto: Alejandra Mayorga
Foto: Alejandra Mayorga
Foto: Alejandra Mayorga
“Es un adefesio a la salud pública y al ambiente”
Según la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en su artículo 183, la distancia mínima para una PTAR con reactor anaeróbico es de 200 metros. “La metieron dentro del pueblo”, afirma Juan**, un líder social del pueblo, al referirse a que la obra incumple esta normativa. Francisco Garzón, antropólogo y promotor ambiental del departamento explica que lo anaeróbico “hace referencia a que no necesita oxígeno, ya sea un organismo, un proceso o una actividad. En este caso son las tres cosas al mismo tiempo”.
Francisco relata que, en las plantas anaeróbicas, se utilizan microorganismos eficientes, logrando descontaminar el agua: “los meten en unos aparatos llamados digestores, donde están los residuos, las basuras y las bacterias contaminantes, ya sea residuos residenciales, industriales o agropecuarios”. No obstante, advierte que si el manejo es inadecuado o la carga orgánica es excesiva, se generan gases como el sulfuro de hidrógeno, lo que puede atraer insectos y causar problemas de salud, desde dificultades respiratorias hasta afecciones digestivas.
Adriana Baquero, lideresa social y presidenta de ACER Agua Viva, la Red de Acueductos Comunitarios de Villavicencio, concuerda con Francisco y agrega que “el olor sería complejo porque las viviendas que están cerca se verían afectadas constantemente. Por más que traten de controlar los vectores, es decir, los insectos, roedores, zancudos y cualquier cantidad de animales, van a llegar por el mal olor”.
La lideresa de los acueductos comunitarios de Villavicencio, es enfática en decir que “las moscas se la pasan en esas aguas residuales y luego se irían para las casas, lo que puede generar epidemias y virus”. Esa precisamente es una de las principales razones por las cuales una parte de la comunidad de Uribe se opone al lugar de la construcción de la PTAR. Sobre todo por un agravante importante: la consolidación de la vocación turística del territorio luego de la firma del Acuerdo de Paz.
“Casi todos los operadores turísticos tienen planificado hacer rafting en el cañón del río Duda cuando se termine la vía, pero la salida para esa actividad tiene que ser por lugar. Por esos olores, ¿quién va a traer turistas? Eso es un adefesio a la salud pública y al ambiente”, puntualiza Juan.
La construcción de esta PTAR tiene más dudas que certezas. Un asunto que sorprende es la propiedad del terreno: la comunidad encontró que en el Certificado de Libertad y Tradición del predio, ubicado en la vereda El Brasil, el dueño es un particular fallecido, Gabriel Cabrera Calderón, lo que implica que el terreno se encuentra en un proceso de sucesión, impidiendo cualquier movimiento legal por parte del municipio.
Esta situación podría conllevar un presunto peculado culposo, o un posible detrimento patrimonial, si se comprueba que la administración municipal no verificó la titularidad del predio antes de invertir los 7 800 millones de pesos que valdría la construcción de esta PTAR.
Otra de las posibles irregularidades está en la construcción misma del proyecto, a espaldas de la comunidad. María*, una lideresa del municipio reconoce que efectivamente hubo una socialización en la cual se le explicó a las personas que se iba a construir una nueva PTAR, pero pensaron que sería donde estaba la antigua.
Adriana Baquero, lideresa social y presidenta de ACER Agua Viva, la Red de Acueductos Comunitarios de Villavicencio, concuerda con Francisco y agrega que “el olor sería complejo porque las viviendas que están cerca se verían afectadas constantemente. Por más que traten de controlar los vectores, es decir, los insectos, roedores, zancudos y cualquier cantidad de animales, van a llegar por el mal olor”.
La lideresa de los acueductos comunitarios de Villavicencio, es enfática en decir que “las moscas se la pasan en esas aguas residuales y luego se irían para las casas, lo que puede generar epidemias y virus”. Esa precisamente es una de las principales razones por las cuales una parte de la comunidad de Uribe se opone al lugar de la construcción de la PTAR. Sobre todo por un agravante importante: la consolidación de la vocación turística del territorio luego de la firma del Acuerdo de Paz.
“Casi todos los operadores turísticos tienen planificado hacer rafting en el cañón del río Duda cuando se termine la vía, pero la salida para esa actividad tiene que ser por lugar. Por esos olores, ¿quién va a traer turistas? Eso es un adefesio a la salud pública y al ambiente”, puntualiza Juan.
La construcción de esta PTAR tiene más dudas que certezas. Un asunto que sorprende es la propiedad del terreno: la comunidad encontró que en el Certificado de Libertad y Tradición del predio, ubicado en la vereda El Brasil, el dueño es un particular fallecido, Gabriel Cabrera Calderón, lo que implica que el terreno se encuentra en un proceso de sucesión, impidiendo cualquier movimiento legal por parte del municipio.
Esta situación podría conllevar un presunto peculado culposo, o un posible detrimento patrimonial, si se comprueba que la administración municipal no verificó la titularidad del predio antes de invertir los 7 800 millones de pesos que valdría la construcción de esta PTAR.
Otra de las posibles irregularidades está en la construcción misma del proyecto, a espaldas de la comunidad. María*, una lideresa del municipio reconoce que efectivamente hubo una socialización en la cual se le explicó a las personas que se iba a construir una nueva PTAR, pero pensaron que sería donde estaba la antigua.
En este tipo de procesos, entre los asuntos más importantes está consultar a las comunidades en el momento de realizar los estudios y diseños, antes de formular cualquier proyecto, cosa que en este caso, no se hizo, cuenta María. “A la gente siempre le llegan a socializar los proyectos, ni siquiera a pedir la opinión. Cuentan qué van a hacer y así lo hacen. No hay modificaciones. Lo que se debe hacer es vincular a las personas desde la etapa previa”, dice Adriana.
María también cuestiona el rol de Cormacarena: “Es el ejecutor, el dueño del contrato a través de un contratista, también contrata la interventoría y es quien debe cuidar y velar por las normas ambientales y también depende nuestro EOT como municipio. Tienen la sarten por el mango. Son juez y parte”.
El Cuarto Mosquetero consultó al Alcalde de Uribe Deison Cantor Rodríguez y a la Secretaria de Planeación y Ambiente Yineth Marcela Buitrago Montoya, sobre estas posibles irregularidades, tanto de la ubicación de la construcción, como el avance antes de la suspensión, el EOT y la proyección a futuro de esta obra, pero no recibió respuesta.
María también cuestiona el rol de Cormacarena: “Es el ejecutor, el dueño del contrato a través de un contratista, también contrata la interventoría y es quien debe cuidar y velar por las normas ambientales y también depende nuestro EOT como municipio. Tienen la sarten por el mango. Son juez y parte”.
El Cuarto Mosquetero consultó al Alcalde de Uribe Deison Cantor Rodríguez y a la Secretaria de Planeación y Ambiente Yineth Marcela Buitrago Montoya, sobre estas posibles irregularidades, tanto de la ubicación de la construcción, como el avance antes de la suspensión, el EOT y la proyección a futuro de esta obra, pero no recibió respuesta.
La Dulzana, el EOT y el crecimiento del municipio
Justo en la entrada del municipio, setenta familias conformaron la Sociedad Multiservicios y Transportes La Dulzana S.A.S. La mayoría son víctimas del conflicto armado que llevan 13 años trabajando y esperando la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT- del municipio para poder construir las 140 soluciones de vivienda que tienen proyectadas.
El futuro urbano de Uribe permanece bloqueado por una decisión del exalcalde encargado Alex García Meneses, hoy candidato a la Curul de Paz por Meta-Guaviare, quien avaló con su firma la compatibilidad del suelo para la PTAR en un área que él mismo reconoció como de ‘expansión urbana’. Esta contradicción técnica es la que hoy tiene suspendida la actualización del EOT: al firmar ese documento, García Meneses permitió que se proyectara una planta que, por ley, exige un aislamiento de 200 metros, anulando la única salida geográfica de crecimiento para el municipio y limitando el derecho a la vivienda de la comunidad.
La comunidad denuncia que la PTAR se proyectó sin considerar que se ubica en la única salida geográfica viable para la expansión del casco urbano hacia el río Duda. Por su parte, la consultoría del EOT afirma, según María, que nunca se les notificó la construcción de la planta con ese tipo de tecnología y radio de aislamiento.
Otro aspecto importante es la certificación de disponibilidad de servicios públicos. Este documento que lo expide EDESA S.A, es un requisito clave para que un suelo de expansión pueda ser declarado formalmente como urbano, ya que acredita que existen condiciones técnicas para garantizar acueducto, alcantarillado y demás servicios básicos.
Sin embargo, EDESA S.A. no ha expedido esa certificación, según Cormacarena. La empresa condicionó su entrega a que primero se definan con claridad dos elementos: el perímetro urbano, es decir, los límites oficiales hasta donde llega la zona urbana del municipio, y el área de aislamiento, que corresponde a las franjas de protección necesarias, por ejemplo, la PTAR y posibles desarrollos habitacionales como La Dulzana.
Esto significa que mientras no exista una delimitación precisa del territorio y de las zonas de protección, no se podrá certificar la disponibilidad de servicios públicos. Y sin esa certificación, el área no puede consolidarse jurídicamente como suelo urbano.
Justo en la entrada del municipio, setenta familias conformaron la Sociedad Multiservicios y Transportes La Dulzana S.A.S. La mayoría son víctimas del conflicto armado que llevan 13 años trabajando y esperando la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT- del municipio para poder construir las 140 soluciones de vivienda que tienen proyectadas.
El futuro urbano de Uribe permanece bloqueado por una decisión del exalcalde encargado Alex García Meneses, hoy candidato a la Curul de Paz por Meta-Guaviare, quien avaló con su firma la compatibilidad del suelo para la PTAR en un área que él mismo reconoció como de ‘expansión urbana’. Esta contradicción técnica es la que hoy tiene suspendida la actualización del EOT: al firmar ese documento, García Meneses permitió que se proyectara una planta que, por ley, exige un aislamiento de 200 metros, anulando la única salida geográfica de crecimiento para el municipio y limitando el derecho a la vivienda de la comunidad.
La comunidad denuncia que la PTAR se proyectó sin considerar que se ubica en la única salida geográfica viable para la expansión del casco urbano hacia el río Duda. Por su parte, la consultoría del EOT afirma, según María, que nunca se les notificó la construcción de la planta con ese tipo de tecnología y radio de aislamiento.
Otro aspecto importante es la certificación de disponibilidad de servicios públicos. Este documento que lo expide EDESA S.A, es un requisito clave para que un suelo de expansión pueda ser declarado formalmente como urbano, ya que acredita que existen condiciones técnicas para garantizar acueducto, alcantarillado y demás servicios básicos.
Sin embargo, EDESA S.A. no ha expedido esa certificación, según Cormacarena. La empresa condicionó su entrega a que primero se definan con claridad dos elementos: el perímetro urbano, es decir, los límites oficiales hasta donde llega la zona urbana del municipio, y el área de aislamiento, que corresponde a las franjas de protección necesarias, por ejemplo, la PTAR y posibles desarrollos habitacionales como La Dulzana.
Esto significa que mientras no exista una delimitación precisa del territorio y de las zonas de protección, no se podrá certificar la disponibilidad de servicios públicos. Y sin esa certificación, el área no puede consolidarse jurídicamente como suelo urbano.
Foto: Alejandra Mayorga
Foto: Alejandra Mayorga
Foto: Alejandra Mayorga
Adriana cuenta que en el departamento del Meta están las PTAR de Uribe, San Martín de los Llanos, Mesetas, Cumaral y Puerto López. María menciona que en el caso de Mesetas, aunque esté a un kilómetro “cuando hace sol, los olores son insoportables, dicen las personas que habitan allá”.
En Villavicencio, recuerda Adriana, intentaron construir dos pero “quedaron en la mitad del proceso porque no contaban con permisos y no las terminaron entregando al municipio ni a las comunidades, entonces esas infraestructuras quedaron como elefantes blancos. En Llano Lindo y en el sector de Santa Librada”, explica Adriana.
Esto es una problemática nacional: “todos los vertimientos casi que del país van a los ríos y aquí en el Meta llegan al río Orinoco y a toda la Amazonía aguas abajo”, expresa Adriana. De igual forma Juan dice “no estamos cagando el río duda literalmente”. No sólo se ven afectadas las comunidades que se surten sino también las especies de animales y plantas.
“No más aquí cerquita de Villavicencio, en Puerto López. Traen bastante pescado a la ciudad como el Nicuro (Pimelodus blochii) , la cachama de río (Piaractus brachypomus) y mojarra de río (Caquetaia kraussii). Todas esas especies están contaminadas porque habitan donde llegan todas las aguas residuales de Acacías, Guamal, El Dorado y otros municipios”.
La comunidad de Uribe no está en contra de la construcción de la PTAR. De lo que se oponen es del lugar. Jhan Carlos es claro en decir que, de continuar la construcción de la obra, “el mensaje que dejarían a la comunidad y a la veeduría ciudadana, fundamentalmente es que están ignorando las peticiones y solicitudes, que se han estado elevando a la institucionalidad. Están dando un mensaje de que no les importa el beneficio de la comunidad y de las familias que viven allí y que tienen intereses en la expansión urbanística del municipio ya que esto la frenaría completamente”.
Es indispensable que, de cambiar el sitio, se consulte con las comunidades y se diseñe el proyecto de manera conjunta, para que “no se traslade el problema de lo urbano a lo rural”, tal como dice Adriana. Se requiere de voluntad política para que esta obra no quede inconclusa y se convierta en un elefante blanco en la entrada del casco urbano del municipio. En Uribe las comunidades manifiestan que seguirán persistiendo hasta que la PTAR se construya sin que esta afecte la salud pública y el crecimiento del municipio.
**Nombres cambiados por petición de las fuentes.
