En menos de un mes, las comunidades campesinas de la región del Guayabero han tenido que recurrir a dos cercos humanitarios para exigir al Gobierno Nacional que cumpla con su promesa de detener los operativos de erradicación forzada.
Recientemente, la Guardia Ambiental y Campesina de la Región del Río Guayabero, publicó un comunicado señalando que, junto a organizaciones sociales del Meta, Guaviare y Caquetá pertenecientes a COSCOPAAS, vienen realizando un cerco humanitario desde el 15 de noviembre en la vereda Lejanías del municipio de La Macarena.
Esta sería la segunda vez que el campesinado debe recurrir a la protesta pacífica, pues la semana pasada también habían realizado un cerco humanitario en la vereda Alto Yarumales de La Macarena. En esa ocasión, intervino la Defensoría del Pueblo como mediadora y se pactaron algunos compromisos que, al parecer, no se están cumpliendo.
Para ampliar la información: Campesinado del sur del Meta exige al Gobierno Nacional cumplir la promesa de terminar con operativos de erradicación forzada
Esta vez, al igual que la anterior, el cerco humanitario ha consistido en realizar un plantón de manera pacífica en el lugar donde está ubicado el Ejército, con el fin de buscar un diálogo y, a su vez, lograr que el Gobierno Nacional escuche a las y los campesinos, y cumpla las promesas hechas durante y después de la campaña electoral. “Además, somos claros que la presencia de la Fuerza Pública pone en riesgo la vida de las y los habitantes del territorio”, dice el comunicado.
Las exigencias de la población manifestante siguen siendo las mismas que se pactaron durante el cerco humanitario anterior: “es necesario que existan claridades por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio de Ambiente en lo relacionado con las políticas para la ruralidad, entendiendo que el actual presidente, Gustavo Petro, durante sus discursos, antes de su posesión, aseguró que las erradicaciones a los cultivos de hoja de coca quedarían suspendidos, pues se buscaría una solución eficaz y que beneficiara a las y los campesinos”, se lee en el documento, en el que se añade que esos cultivos son la única alternativa de sustento de las familias que habitan esos territorios con histórico abandono estatal.
Durante el cerco humanitario pasado, Ezequiel, vocero de la comunidad, señaló que, las y los pobladores tienen absoluta voluntad de erradicar sus cultivos de coca, pero necesitan garantías para sustituir esa actividad económica por una lícita. El 01 de noviembre, durante los Diálogos Regionales Vinculantes que se llevaron a cabo en Villavicencio, el campesinado del Meta, Guaviare y Caquetá, conversó con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa, y se pactó que, en este nuevo Gobierno, se detendrían las erradicaciones forzadas y las aspersiones con glifosato en los predios de las y los campesinos y se buscaría una sustitución voluntaria.
Pese a la esperanza de cambio que les representaba un Gobierno Alternativo, los campesinos y campesinas están denunciando “que la Fuerza Pública no ha cumplido con lo acordado, siguen los atropellos y las violaciones a los Derechos Humanos, continúan lasn erradicaciones, haciendo quemas de viviendas y además, hombres encapuchados vestidos de negro que no se identifican amedrentando y causando zozobra en la población civil”.
Otra inconformidad del campesinado es que, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, ha manifestado con antelación que, dentro de la Política Pública del Gobierno actual, la erradicación se realizaría únicamente a cultivos industriales, dando suspensión al uso del glifosato. De hecho, en agosto de este año, la funcionaria anunció que este Gobierno presentaría un proyecto para prohibir la aspersión con este químico con el fin de combatir los cultivos ilícitos, dadas las afectaciones que generaría el químico en la salud de las comunidades y los ecosistemas.
La situación frente a la Resolución 7067 del ICA, es otra de las preocupaciones del campesinado, pues en esta se pretende que el ganado que esté dentro de áreas de Parques Nacionales debe ser sacado en su totalidad, con plazo hasta el 31 de diciembre del presente año. “Esta política es nefasta para las y los campesinos que habitamos estos territorios de forma armónica, que vivimos hace muchos años en esta parte del país, que hemos construido nuestra vida, hemos formado familia y logramos tener alguna estabilidad económica, (…) el propósito principal de este Gobierno es hacer las políticas desde y para el pueblo evitando afectaciones negativas en estos territorios tan necesitados”, señaló la Guardia Ambiental y Campesina del Río Guayabero.
Según el comunicado, durante esta protesta pacífica, se ha establecido diálogo y acompañamiento con la Defensoría del Pueblo del Guaviare para que sea esta, junto a la Guardia Ambiental y Campesina de la Región del Río Guayabero y la vocería de la Coordinadora COSCOPAAS quienes establezcan interlocución con la Fuerza Pública, “nuestra intención como se ha manifestado siempre, es pacífica para evitar choques violentos”.
Cabe recordar que Ezequiel sugirió que los Diálogos Regionales Vinculantes que se están desarrollando en las capitales, sean llevados a los territorios donde habitan las poblaciones de las zonas rurales más recónditas que constantemente son vulneradas. “Ahí es donde nosotros los campesinos podemos estar y podemos dar a conocer las claras evidencias de lo que está sucediendo en el territorio y la problemática como tal de la pobreza que hemos pasado los campesinos debido al abandono estatal”, explicó.
Los Diálogos Regionales Vinculantes más cercanos para las poblaciones de estos territorios se desarrollarán este 19 de noviembre en el SENA de San José del Guaviare. Aunque a algunos habitantes de zonas rurales se les cubre viáticos -y no en su totalidad- para asistir a este evento, no todos cuentan con este beneficio. La falta de vías y el mal estado de las existentes más los costos del transporte fluvial, comida y hospedaje, representa todo un reto para que las y los campesinos lleguen a participar de este encuentro.
Mientras tanto, el campesinado espera que en el menor tiempo posible se logre un acercamiento con los ministerios de Defensa, Ambiente, del Interior y el gabinete del Gobierno Nacional en el territorio para poder dar a conocer sus peticiones y que se cumpla lo prometido con soluciones reales y sobre todo, garantías de bienestar.
También exigen el cumplimiento a lo pactado durante el Paro Nacional que se realizó en Villavicencio y Altamira, con respecto al desmonte total del Plan Artemisa, pues actualmente se encuentra suspendido.
