Miraflores se prepara para la actualización del catastro multipropósito en medio de desafíos y expectativas

Miraflores es un municipio del departamento del Guaviare ubicado en medio de la selva amazónica. Allí confluyen diversas comunidades campesinas, resguardos indígenas y ecosistemas estratégicos. Con una economía basada en la agricultura, la pesca y la ganadería, el municipio enfrenta problemáticas relacionadas con el acceso a vías de comunicación y la formalización de la propiedad rural. En este contexto, la actualización del catastro multipropósito surge como un proceso clave para la planificación territorial y el reconocimiento de los derechos sobre la tierra.

Este territorio se viene preparando para esta actualización catastral, impulsada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, que ha llevado a cabo procesos de formación dirigidos a liderazgos comunitarios. El objetivo es brindar herramientas que les permitan comprender y socializar el catastro en sus comunidades, despejando dudas y evitando malentendidos sobre su implementación.

Sin embargo, la participación en estos espacios ha sido reducida. Según un presidente de junta, aunque se convocó a todos los líderes comunales, solo dos lograron culminar la formación. Aun así, quienes han participado valoran el proceso y reconocen que gracias a este han cambiado su percepción sobre la actualización catastral, viéndola como una oportunidad para el ordenamiento del territorio y no solo como una medida para el cobro de impuestos.

El municipio enfrenta las dinámicas propias de la ruralidad dispersa, con comunidades que luchan contra problemas como la deforestación y la presencia de grupos armados que ejercen control territorial. Además, Miraflores pertenece a las Zonas de Reserva Forestal declaradas en la Ley Segunda de 1959. Esto se hizo con el propósito de conservar los recursos naturales y regular el uso del suelo. 

Esta normativa ha generado desafíos para las comunidades campesinas, ya que restringe la titulación de tierras y limita actividades económicas como la agricultura y la ganadería. Aunque la ley busca frenar la deforestación y proteger los ecosistemas estratégicos de la Amazonía, en la práctica ha llevado a tensiones entre las comunidades y el Estado, pues muchas familias llevan décadas habitando estos territorios sin posibilidad de formalizar su propiedad. En el contexto de la actualización del catastro multipropósito, la presencia de zonas bajo Ley Segunda representa un reto adicional, ya que es necesario encontrar mecanismos que permitan reconocer los derechos de quienes viven en estas áreas sin afectar la conservación ambiental. Además, la vía que conecta con Calamar se encuentra con una medida cautelar, lo que sigue siendo una preocupación constante para la población. 

Escuelas itinerantes de comunicación para la paz

En este contexto, las escuelas itinerantes de comunicación para la paz llevadas a cabo por El Cuarto Mosquetero en este municipio, han sido espacios fundamentales para que los presidentes de junta adquieran herramientas que les permitan informar a sus comunidades sobre la implementación del catastro multipropósito, evitando desinformación y posibles resistencias. 

Por otro lado, la actualización catastral también plantea retos particulares en los resguardos indígenas, donde la autonomía de las autoridades tradicionales debe ser respetada dentro del proceso. Esto añade el reto de la integralidad en la implementación del catastro multipropósito en estos territorios.

A pesar de los desafíos, hay expectativas positivas. Rigoberto León, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Milagrosa, expresó que se espera que se contraten promotores comunitarios del territorio para acompañar el proceso en sus veredas. Asimismo, el interés de la Alcaldía por avanzar en la actualización catastral, especialmente en la zona rural, podría ser clave para consolidar este esfuerzo.

Las comunidades, en particular los liderazgos comunales, seguirán desempeñando un papel central en la socialización y apropiación del catastro multipropósito, con la esperanza de que este proceso aporte al ordenamiento territorial y al desarrollo local sin afectar los derechos de quienes habitan estas tierras.