AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
Los desafíos de los acueductos comunitarios en Colombia: “Para cuidar el agua hay que cuidar la biodiversidad y los ecosistemas” | ENTREVISTA
–La colombiana Adriana Baquero es la presidenta de la Red de Acueductos Comunitarios de Villavicencio ACER Agua Viva, cargo desde el cual impulsó la creación de una política pública local de gestión comunitaria del agua en Villavicencio, Meta.
–Los acueductos comunitarios juegan un papel fundamental en la conservación de las cuencas hídricas y de especies de flora y fauna como el mono zocay (Plecturocebus ornatus), endémico de la región.
–Más de 9 millones de personas en Colombia se abastecen de agua gracias a la labor de los acueductos comunitarios.
–Con el liderazgo de Baquero han sido suspendidas tres licencias ambientales de minería de arena en el departamento del Meta.
–Los acueductos comunitarios juegan un papel fundamental en la conservación de las cuencas hídricas y de especies de flora y fauna como el mono zocay (Plecturocebus ornatus), endémico de la región.
–Más de 9 millones de personas en Colombia se abastecen de agua gracias a la labor de los acueductos comunitarios.
–Con el liderazgo de Baquero han sido suspendidas tres licencias ambientales de minería de arena en el departamento del Meta.
“Mujeres mensajeras en defensa de la madre naturaleza” es el mensaje que se lee en la camisa de Adriana Baquero. Esta mujer, de 45 años, llegó a Villavicencio, la capital del departamento del Meta en el oriente colombiano, cuando tenía once meses. En ese momento, diez casas separadas entre sí se asomaban en la montaña del barrio Montecarlo Alto, donde su familia se ubicó. No había vías de acceso, luz ni agua. Fue en la década de 1980. Algunos años después, su padre llegó a ser presidente de la Junta de Acción Comunal, organización comunitaria de base que representa a quienes habitan un barrio o vereda en Colombia y gestiona iniciativas locales para su bienestar.
Las familias fundadoras del barrio construyeron vías de acceso y el acueducto comunitario. Las mujeres traían el agua con baldes y lavaban la ropa en el río conocido como Caño Pendejo, mientras los hombres trabajaban con pico y pala en la construcción de la bocatoma. Adriana Baquero, entonces una niña, disfrutaba de las caminatas por la montaña y se bañaba en la quebrada. “Duraron muchos años organizando para tener lo que ahora se tiene”, cuenta la lideresa. Así vivió y conoció la historia de su territorio.
Cuando tenía 34 años, inició su trabajo comunitario como tesorera de la Junta de Acción Comunal y luego pasó a ser delegada de la Comisión Empresarial del Acueducto, una empresa comunitaria nacida de la Junta. En 2016 fue elegida como administradora y coordinadora del acueducto, convirtiéndose en la primera mujer en asumir ese cargo.
Existen distintas cifras sobre el número de acueductos comunitarios en Villavicencio: la Alcaldía reconoce 76, la Superintendencia de Servicios Públicos -SSPD-, institución de carácter nacional, sólo tiene información de 15 o 10 registrados y cinco con quejas-, pero la Red de Acueductos Comunitarios ACER Agua Viva de la Orinoquía, una organización no gubernamental creada en 2019, ha identificado y censado 126 acueductos. Baquero relata que este conteo se logró a través de recorridos y trabajo con la gente en barrios de la ciudad.
Existen distintas cifras sobre el número de acueductos comunitarios en Villavicencio: la Alcaldía reconoce 76, la Superintendencia de Servicios Públicos -SSPD-, institución de carácter nacional, sólo tiene información de 15 o 10 registrados y cinco con quejas-, pero la Red de Acueductos Comunitarios ACER Agua Viva de la Orinoquía, una organización no gubernamental creada en 2019, ha identificado y censado 126 acueductos. Baquero relata que este conteo se logró a través de recorridos y trabajo con la gente en barrios de la ciudad.
De los casi 500 000 habitantes de Villavicencio, entre un 30 % y un 40 % -más de 200 000 personas-, se abastece de los acueductos comunitarios, según ACER Agua Viva. El resto recibe este recurso de la Empresa de Agua y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV).
Actualmente, el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS), del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tiene un registro de 3649 organizaciones comunitarias que brindan el servicio del agua en Colombia. Sin embargo, se estima que puedan existir alrededor de 12 000 acueductos comunitarios que prestan el suministro de agua potable al 40 % de la población rural en el territorio nacional.
En América Latina existen más de 145 mil Organizaciones Comunitarias de Sistemas de Agua y Saneamiento (OCSAS). Abastecen a más de 70 millones de personas que habitan zonas rurales de acuerdo con los datos recopilados por la Confederación Latinoamericana de OCSAS (ClOCSAS), la cual reúne a representantes de 15 países de la región. Baquero hace énfasis en la particularidad de Villavicencio, debido a que las cifras nacionales y de la región reflejan historias rurales, pero esta es la capital de un departamento, lo cual la convierte en un caso excepcional: una ciudad intermedia donde los acueductos comunitarios no solo persisten sino que sostienen buena parte del suministro urbano.
—Usted ha dicho que con las redes de agua del municipio media ciudad queda excluida. ¿Qué falta para que toda la población cuente con este servicio básico?
—El Estado no ha llegado a la ruralidad colombiana: no hay alcantarillados y el agua es manejada por las comunidades. Acá en Villavicencio lo paradójico es que dentro de la ciudad hay muchos acueductos comunitarios en la zona urbana, pero es porque cuando fueron construidos eran parte, en su mayoría, de la zona rural.
La diferencia entre los acueductos comunitarios rurales y los urbanos es que aquí en la ciudad somos más visibles, pero funcionamos de manera similar. Los que tienen cerca el río, tienen su tubo conectado allá directamente. Otros hacen pozos y sacan de ahí el agua: por ejemplo, en dos cuadras de un sector se reunió la comunidad y crearon un acueducto de pozos de aguas subterráneas para que lo surtan a ellos y solucionar el problema de no tener acceso.
Se supone que estos pozos tienen unos parámetros. Pero aquí en Villavicencio, mientras usted pague, no se aplica. Cada conjunto o urbanización tiene su propio pozo y pueden estar separados por 100 metros. Eso no debería ser así. Lo que pasa es que como estamos en un piedemonte, Villavicencio tiene algo diferente a todas las otras ciudades y es que aquí el nivel freático es muy alto, lo que significa que hay abundante recurso hídrico subterráneo. Se hace una perforación y se encuentra agua a cinco metros.
Sin embargo, a pesar de tanta agua, la ciudad ha tenido una planeación muy mala y un tema de corrupción. Más de 30 años en lo mismo y no pasa más allá de un estudio. Si usted va a ver la historia del acueducto municipal, toda la vida han hablado de estudios y diseños.
Actualmente, el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS), del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tiene un registro de 3649 organizaciones comunitarias que brindan el servicio del agua en Colombia. Sin embargo, se estima que puedan existir alrededor de 12 000 acueductos comunitarios que prestan el suministro de agua potable al 40 % de la población rural en el territorio nacional.
En América Latina existen más de 145 mil Organizaciones Comunitarias de Sistemas de Agua y Saneamiento (OCSAS). Abastecen a más de 70 millones de personas que habitan zonas rurales de acuerdo con los datos recopilados por la Confederación Latinoamericana de OCSAS (ClOCSAS), la cual reúne a representantes de 15 países de la región. Baquero hace énfasis en la particularidad de Villavicencio, debido a que las cifras nacionales y de la región reflejan historias rurales, pero esta es la capital de un departamento, lo cual la convierte en un caso excepcional: una ciudad intermedia donde los acueductos comunitarios no solo persisten sino que sostienen buena parte del suministro urbano.
—Usted ha dicho que con las redes de agua del municipio media ciudad queda excluida. ¿Qué falta para que toda la población cuente con este servicio básico?
—El Estado no ha llegado a la ruralidad colombiana: no hay alcantarillados y el agua es manejada por las comunidades. Acá en Villavicencio lo paradójico es que dentro de la ciudad hay muchos acueductos comunitarios en la zona urbana, pero es porque cuando fueron construidos eran parte, en su mayoría, de la zona rural.
La diferencia entre los acueductos comunitarios rurales y los urbanos es que aquí en la ciudad somos más visibles, pero funcionamos de manera similar. Los que tienen cerca el río, tienen su tubo conectado allá directamente. Otros hacen pozos y sacan de ahí el agua: por ejemplo, en dos cuadras de un sector se reunió la comunidad y crearon un acueducto de pozos de aguas subterráneas para que lo surtan a ellos y solucionar el problema de no tener acceso.
Se supone que estos pozos tienen unos parámetros. Pero aquí en Villavicencio, mientras usted pague, no se aplica. Cada conjunto o urbanización tiene su propio pozo y pueden estar separados por 100 metros. Eso no debería ser así. Lo que pasa es que como estamos en un piedemonte, Villavicencio tiene algo diferente a todas las otras ciudades y es que aquí el nivel freático es muy alto, lo que significa que hay abundante recurso hídrico subterráneo. Se hace una perforación y se encuentra agua a cinco metros.
Sin embargo, a pesar de tanta agua, la ciudad ha tenido una planeación muy mala y un tema de corrupción. Más de 30 años en lo mismo y no pasa más allá de un estudio. Si usted va a ver la historia del acueducto municipal, toda la vida han hablado de estudios y diseños.
—Desde los acueductos comunitarios en Villavicencio se conservan el ambiente, la flora y la fauna. ¿Cómo es este trabajo?
—Para cuidar el agua hay que cuidar la biodiversidad y todos los ecosistemas. A nosotros la autoridad ambiental, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena [Cormacarena] nos da una captación por ejemplo de 8 litros por segundo y debido a esto tenemos que hacer una compensación. Nos toca sembrar 850 plantas en el lugar que escojamos.
Nosotros le hicimos esa observación a Cormacarena: su enfoque ha estado en la siembra de especies nativas de la región, como las que suelen utilizar los asaderos, que en su mayoría son árboles maderables. Estos contribuyen al sostenimiento del recurso hídrico, pero no necesariamente a la conservación de la fauna.
Les dijimos: “Aaunque algunas especies no sean endémicas de la zona, es necesario sembrarlas para proteger la fauna”. En esta cuenca, por ejemplo, hay muchos árboles de cacao y café, que también cumplen un rol importante en ese equilibrio. En la última mesa de trabajo, dijeron que efectivamente iban a modificar esa relación.
Cuando usted empieza a ver que los monos están bajando a los barrios es porque se están acabando los árboles frutales que hay allá arriba. Nosotros tenemos aquí en la Comuna Ocho, en la parte alta de la montaña, al mono zocay (Plecturocebus ornatus), que es endémico del Meta, está en peligro de extinción y son los polinizadores de la montaña. Por eso se deben ampliar los polígonos de reserva hacia este sector.
En la Comuna Ocho no hay zonas de conservación y desde los acueductos comunitarios le estamos mostrando a Cormacarena cuál es la importancia de ampliar esos polígonos de conservación hacia la montaña de la comuna. Aquí en este sector se identificaron más de 120 especies de aves con las escuelas de polinizadores con niños, niñas y adolescentes.
Hacemos talleres de avistamiento y hemos visto una pantera (Panthera onca), un tigrillo (Leopardus tigrinus), serpientes (Serpentes), tarántulas (Theraphosidae). Aquí no se volvieron a ver nutrias (Lontra longicaudis) porque las volquetas para ir hacia la mina pasaban por el río. Esa fue una de las cosas que se peleó porque los mineros tenían que tener un permiso de ocupación del cauce y un puente y no lo hicieron, sino que pasaban por el río. Y entonces empezaron a matar las nutrias.
—Para cuidar el agua hay que cuidar la biodiversidad y todos los ecosistemas. A nosotros la autoridad ambiental, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena [Cormacarena] nos da una captación por ejemplo de 8 litros por segundo y debido a esto tenemos que hacer una compensación. Nos toca sembrar 850 plantas en el lugar que escojamos.
Nosotros le hicimos esa observación a Cormacarena: su enfoque ha estado en la siembra de especies nativas de la región, como las que suelen utilizar los asaderos, que en su mayoría son árboles maderables. Estos contribuyen al sostenimiento del recurso hídrico, pero no necesariamente a la conservación de la fauna.
Les dijimos: “Aaunque algunas especies no sean endémicas de la zona, es necesario sembrarlas para proteger la fauna”. En esta cuenca, por ejemplo, hay muchos árboles de cacao y café, que también cumplen un rol importante en ese equilibrio. En la última mesa de trabajo, dijeron que efectivamente iban a modificar esa relación.
Cuando usted empieza a ver que los monos están bajando a los barrios es porque se están acabando los árboles frutales que hay allá arriba. Nosotros tenemos aquí en la Comuna Ocho, en la parte alta de la montaña, al mono zocay (Plecturocebus ornatus), que es endémico del Meta, está en peligro de extinción y son los polinizadores de la montaña. Por eso se deben ampliar los polígonos de reserva hacia este sector.
En la Comuna Ocho no hay zonas de conservación y desde los acueductos comunitarios le estamos mostrando a Cormacarena cuál es la importancia de ampliar esos polígonos de conservación hacia la montaña de la comuna. Aquí en este sector se identificaron más de 120 especies de aves con las escuelas de polinizadores con niños, niñas y adolescentes.
Hacemos talleres de avistamiento y hemos visto una pantera (Panthera onca), un tigrillo (Leopardus tigrinus), serpientes (Serpentes), tarántulas (Theraphosidae). Aquí no se volvieron a ver nutrias (Lontra longicaudis) porque las volquetas para ir hacia la mina pasaban por el río. Esa fue una de las cosas que se peleó porque los mineros tenían que tener un permiso de ocupación del cauce y un puente y no lo hicieron, sino que pasaban por el río. Y entonces empezaron a matar las nutrias.
—Usted tuvo un papel protagónico en la lucha contra empresas mineras de arena que estaban afectando el cauce de los ríos y el abastecimiento de agua de los acueductos comunitarios. ¿Cómo fue ese proceso?
—Cormacarena les dio licencias de explotación a cielo abierto con una viabilidad a 30 años para sacar arena de la montaña. Y allá es donde nace el agua de muchos sectores de los acueductos comunitarios. Ellos, al explotar y tumbar los árboles, afectaron los reservorios de agua, por lo que se han visto más inundaciones.
Son una familia: ahí hay sobrinos, tíos. Cometieron delitos ambientales, incumplieron el tema de las licencias, explotaron fuera de los polígonos, sobreexplotaron el suelo, dañaron el paisajismo y las fuentes hídricas y nunca recuperaron nada. Se hizo resistencia desde las comunidades que nos opusimos y se llegó a un proceso sancionatorio. Cormacarena, la autoridad ambiental, no tuvo otra opción más que suspenderles temporalmente las licencias porque las comunidades logramos demostrar los daños que le causaron al recurso hídrico en esta parte de la ciudad.
Hace cuatro años suspendieron esas tres licencias. En 2019 las cerraron preventivamente mientras hacían unas mesas de trabajo con nosotros para verificar los cumplimientos. Y ya en 2020 se dio el cierre hasta nueva orden. Hasta que no se vean los cumplimientos de ellos, no pueden darle apertura nuevamente a las licencias.
—Cormacarena les dio licencias de explotación a cielo abierto con una viabilidad a 30 años para sacar arena de la montaña. Y allá es donde nace el agua de muchos sectores de los acueductos comunitarios. Ellos, al explotar y tumbar los árboles, afectaron los reservorios de agua, por lo que se han visto más inundaciones.
Son una familia: ahí hay sobrinos, tíos. Cometieron delitos ambientales, incumplieron el tema de las licencias, explotaron fuera de los polígonos, sobreexplotaron el suelo, dañaron el paisajismo y las fuentes hídricas y nunca recuperaron nada. Se hizo resistencia desde las comunidades que nos opusimos y se llegó a un proceso sancionatorio. Cormacarena, la autoridad ambiental, no tuvo otra opción más que suspenderles temporalmente las licencias porque las comunidades logramos demostrar los daños que le causaron al recurso hídrico en esta parte de la ciudad.
Hace cuatro años suspendieron esas tres licencias. En 2019 las cerraron preventivamente mientras hacían unas mesas de trabajo con nosotros para verificar los cumplimientos. Y ya en 2020 se dio el cierre hasta nueva orden. Hasta que no se vean los cumplimientos de ellos, no pueden darle apertura nuevamente a las licencias.
—El 1° de septiembre pasado entró en vigencia el Decreto 0960, que reglamenta la gestión comunitaria del agua en Colombia. ¿Por qué es importante esta normativa y en qué beneficia a los acueductos comunitarios y al ambiente?
—El Decreto tiene varios enfoques, sobre todo el reconocimiento del agua como bien común y el fortalecimiento a los acueductos comunitarios que en su momento se reconocieron ante la SSPD como prestadores del servicio.
Nos perseguían hasta que muchos accedieron a inscribirse, pero la SSPD no tenía un enfoque diferencial en requerimientos: nos exigían igual que a una empresa prestadora de servicios públicos, entonces muchos terminaron sancionados y muchos otros se perdieron. Pero otros resistieron y entonces este decreto les da un respiro porque la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRAG) y la SSPD van a iniciar una elaboración ya de resoluciones y por fin se les va a dar ese enfoque diferencial.
A quienes no estamos inscritos nos va a reconocer como acueductos comunitarios y eso implica que ya podemos acceder a recursos del Estado, no solamente por medio de subsidios, sino también en temas de infraestructura, fortalecimiento operativo y administrativo.
Esto es un escalón más avanzado, un logro de las comunidades organizadas. El Gobierno nacional reconoce también la mesa de interlocución que se ha venido teniendo desde hace más de seis años. Ahora se le va a dar un tema jurídico más representativo a las organizaciones, vamos a tener voz y voto de ahora en adelante en la reglamentación. Sin embargo, todavía estamos esperando que salga la ley propia.
Además se logró incidir en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 274, en el que hay cinco numerales de aplicación para el fortalecimiento de los acueductos comunitarios que no se habían implementado porque las instituciones del Estado decían que no había un documento donde se reglamentara o se definiera nuestra naturaleza.
—El Decreto tiene varios enfoques, sobre todo el reconocimiento del agua como bien común y el fortalecimiento a los acueductos comunitarios que en su momento se reconocieron ante la SSPD como prestadores del servicio.
Nos perseguían hasta que muchos accedieron a inscribirse, pero la SSPD no tenía un enfoque diferencial en requerimientos: nos exigían igual que a una empresa prestadora de servicios públicos, entonces muchos terminaron sancionados y muchos otros se perdieron. Pero otros resistieron y entonces este decreto les da un respiro porque la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRAG) y la SSPD van a iniciar una elaboración ya de resoluciones y por fin se les va a dar ese enfoque diferencial.
A quienes no estamos inscritos nos va a reconocer como acueductos comunitarios y eso implica que ya podemos acceder a recursos del Estado, no solamente por medio de subsidios, sino también en temas de infraestructura, fortalecimiento operativo y administrativo.
Esto es un escalón más avanzado, un logro de las comunidades organizadas. El Gobierno nacional reconoce también la mesa de interlocución que se ha venido teniendo desde hace más de seis años. Ahora se le va a dar un tema jurídico más representativo a las organizaciones, vamos a tener voz y voto de ahora en adelante en la reglamentación. Sin embargo, todavía estamos esperando que salga la ley propia.
Además se logró incidir en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 274, en el que hay cinco numerales de aplicación para el fortalecimiento de los acueductos comunitarios que no se habían implementado porque las instituciones del Estado decían que no había un documento donde se reglamentara o se definiera nuestra naturaleza.
—En Villavicencio se logró la construcción de una política pública del agua. ¿En qué estado está actualmente la implementación?
—La política pública se sacó para el fortalecimiento de los acuerdos comunitarios, para que la alcaldía tuviera un soporte para poder hacer inversión en infraestructura y capacitación en temas operativos, en temas ambientales. Pero ahí está estancada. Se aprobó a finales de 2021. Pero no se implementó.
Hace poco tuvimos una reunión de política pública con la Dirección de Servicios Públicos de la alcaldía y nos manifiestan que no hay plata para la implementación, entonces que la van a modificar. Nos toca, como comunidades, oponernos y meter presión social, porque eso lo deben pasar por el Concejo Municipal.
La tienen que implementar porque es un acuerdo municipal de estricto cumplimiento que tiene indicadores que se miden cada año hasta los 12 años, porque así solicitamos que quedara. Quieren modificar todas las 27 metas donde se hable de “proyecto” o donde se hable de implementación, ya que de no cumplirlo les acarrea sanciones de no ejecución. Se debe realizar un proyecto al año, es decir, 12 proyectos. Todos esos indicadores están en cero.
—La política pública se sacó para el fortalecimiento de los acuerdos comunitarios, para que la alcaldía tuviera un soporte para poder hacer inversión en infraestructura y capacitación en temas operativos, en temas ambientales. Pero ahí está estancada. Se aprobó a finales de 2021. Pero no se implementó.
Hace poco tuvimos una reunión de política pública con la Dirección de Servicios Públicos de la alcaldía y nos manifiestan que no hay plata para la implementación, entonces que la van a modificar. Nos toca, como comunidades, oponernos y meter presión social, porque eso lo deben pasar por el Concejo Municipal.
La tienen que implementar porque es un acuerdo municipal de estricto cumplimiento que tiene indicadores que se miden cada año hasta los 12 años, porque así solicitamos que quedara. Quieren modificar todas las 27 metas donde se hable de “proyecto” o donde se hable de implementación, ya que de no cumplirlo les acarrea sanciones de no ejecución. Se debe realizar un proyecto al año, es decir, 12 proyectos. Todos esos indicadores están en cero.
—¿Qué otras amenazas tienen los acueductos comunitarios de la región?
—El petróleo es otra de las amenazas. En Cumaral y en Restrepo, municipios del Meta, quisieron hacer explotaciones de nacimiento. En el sector de Humadea, el turismo no controlado también afecta las fuentes hídricas y cuando se hicieron las denuncias allá por la contaminación del río causada por los campos petroleros, dijeron que eran las matas de palo. En Castilla La Nueva, en Acacías, todo eso ya es zona petrolera. También está la palma africana, que seca el agua en San Carlos de Guaroa y en Mapiripán.
Además le hemos hecho seguimiento a varios alcaldes que viajaron a Israel para sostener conversaciones relacionadas con seguridad ciudadana y seguridad hídrica. Uno de esos fue el de San José del Guaviare. Visitaron plantas de tratamiento de agua y se sacaron fotos y videos hablando de lo maravillosa que ha sido la empresa Mekorot. En Bucaramanga incluso va a haber una consultoría para el manejo y tratamiento de aguas residuales.
Hemos visto que las comunidades en Argentina están protestando contra Mekorot. Allá, varias provincias firmaron convenios con esta empresa que es la misma que maneja el suministro de agua en Israel y que además ha sido señalada por su papel en la crisis humanitaria en Gaza.
** Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y El Cuarto Mosquetero
—El petróleo es otra de las amenazas. En Cumaral y en Restrepo, municipios del Meta, quisieron hacer explotaciones de nacimiento. En el sector de Humadea, el turismo no controlado también afecta las fuentes hídricas y cuando se hicieron las denuncias allá por la contaminación del río causada por los campos petroleros, dijeron que eran las matas de palo. En Castilla La Nueva, en Acacías, todo eso ya es zona petrolera. También está la palma africana, que seca el agua en San Carlos de Guaroa y en Mapiripán.
Además le hemos hecho seguimiento a varios alcaldes que viajaron a Israel para sostener conversaciones relacionadas con seguridad ciudadana y seguridad hídrica. Uno de esos fue el de San José del Guaviare. Visitaron plantas de tratamiento de agua y se sacaron fotos y videos hablando de lo maravillosa que ha sido la empresa Mekorot. En Bucaramanga incluso va a haber una consultoría para el manejo y tratamiento de aguas residuales.
Hemos visto que las comunidades en Argentina están protestando contra Mekorot. Allá, varias provincias firmaron convenios con esta empresa que es la misma que maneja el suministro de agua en Israel y que además ha sido señalada por su papel en la crisis humanitaria en Gaza.
** Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y El Cuarto Mosquetero
