Líderes indígenas del Tolima denuncian atentado con arma de fuego y desprotección por parte de la UNP

José Pastor Díaz, gobernador de la comunidad Brisas del Cocuana, fue atacado con arma de fuego junto a su esquema de protección. Además, Edwin Dario Díaz, representante de la ANICOL, ha recibido insultos homofóbicos y amenazas de muerte.

La Asociación Nacional de Cabildos y Autoridades Indígenas – ANICOL denunció un atentado armado contra José Pastor Díaz, gobernador de la comunidad indígena Brisas del Cocuana, ubicada en el municipio de San Antonio, Tolima. El hecho ocurrió el pasado 21 de mayo, cuando el gobernador y sus escoltas fueron atacados con armas de fuego en el corregimiento de Playarrica.

Según Edwin Darío Díaz Mendoza, representante legal de ANICOL, ese día estaba autorizado un desplazamiento desde Ibagué hacia Rovira y luego a Playarrica. Aunque el viaje estaba aprobado para él, debido a las amenazas que ha recibido y el riesgo constante que enfrenta, decidió no viajar. En su lugar, se desplazó el gobernador indígena, quien fue víctima del ataque armado. El vehículo recibió tres impactos de bala, aunque afortunadamente no se reportaron personas heridas.

“Si a nosotros nos llega a pasar algo, (…) hacemos responsable es a la Unidad Nacional de Protección, a la UNP, ya que nosotros hemos pasado, pues todas las denuncias, todo lo que estamos viviendo y la Unidad lo que hace es reportarnos un CERREM ordinario, que porque tenemos un colectivo”, señaló Edwin.

El CERREM, es el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, un mecanismo que la UNP utiliza para analizar las solicitudes de protección. Existen dos tipos: el ordinario, que sigue el procedimiento estándar, y el extraordinario, que se activa ante situaciones urgentes de alto riesgo, como amenazas o atentados recientes.

Por eso, para Díaz, la respuesta de la UNP no ha sido adecuada. Desde hace tiempo, ANICOL ha solicitado una evaluación individual del riesgo para acceder a medidas de protección más eficaces, pues consideran insuficiente el esquema colectivo asignado. “Nosotros no podemos coger de una llanta y repartirla entre cuatro líderes y mandar dos hombres de protección que tenemos, a uno quitarle una mano, un pie, una cabeza, para mandarlo a que cuide a cada persona”, explicó.

El líder también ha denunciado amenazas reiteradas, muchas de ellas con componentes de odio y discriminación por su orientación sexual y su defensa de los derechos LGBTIQ+. En uno de los audios recibidos, se le declara objetivo militar y se profieren insultos homofóbicos y amenazas de muerte explícitas.

“Edwin Darío Díaz Mendoza, usted sigue siendo objetivo militar por parte de nosotros. Perro triplehijueputa, ¿No ha entendido que lo vamos a pelar si sigue mariqueando, gonorrea? Hijueputa, el que es bruto es bruto, ¿no? No entiende razones, catrehijueputa, está advertido. 

Lo vamos a matar a usted y a ese par de gonorreas con las que anda, gran hijueputa, si se sigue metiendo en lo que no se tiene que meter. No sea sapo, perro, setentahijueputa, porque lo vamos es a pelar a usted y a toda su descendencia y su familia. Ah, verdad que este hijueputa no va a tener descendencia porque es marica. Pero póngase de jetón, hijueputa, y siga de jetón y verá que lo vamos a rapar, gonorrea. Ahí tiene, hijueputa. Ya sabe, advertido, por el sur del Tolima ni aparezca malparido, hijueputa”, se escucha en el audio.

A esto se suma que Díaz reside en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, una zona en la que varios lideresas y líderes sociales han sido intimidados  y atacados, “y sabemos que en esta localidad todos los líderes estamos amenazados y eso ha salido por los medios de comunicación los atentados que están haciendo a todos los líderes sociales que estamos en esta localidad”.

El gobernador indígena José Pastor Díaz también ha sido objeto de amenazas recientes, lo que aumenta la preocupación de la comunidad por la falta de respuesta efectiva de las autoridades.

^{Captura de pantalla otorgada por Edwin Díaz.}

“Queremos que la Unidad actúe y nos brinde protección y no nos vulnere los derechos. Tenemos hasta el CERREM que nos dan como ordinario, que eso dice que no pasa nada, pero mire, donde vamos, estamos sufriendo atentados, y la Unidad nada que actúa ni nos brinda protección. Y sabemos que en todo el país, los líderes sociales e indígenas somos objetivo militar de los grupos al margen de la ley”, advirtió Edwin. 

La preocupación de ANICOL se enmarca en un contexto nacional alarmante. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en los primeros cuatro meses de 2025 se ha registrado un aumento significativo en la violencia contra líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz, ha documentado el asesinato de 73 líderes y lideresas sociales en lo que va del año y 1778 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, de los cuales 350 pertenecían a pueblos indígenas.

“Colombia sigue siendo un país letal para quienes defienden la vida, la tierra y los derechos. Entre 2016 y 2025, han sido asesinados cientos de líderes sociales. Aunque el Estado habla de cifras en descenso, lo cierto es que la violencia persiste donde más duele: en los territorios que luchan por transformar su realidad”, declaró Leonardo González Perafán, director de Indepaz.