El pasado mes, tras empezar a recolectar firmas para realizar una audiencia pública a un proyecto hidroeléctrico, Sebastián Agudelo tuvo que abandonar su hogar para salvaguardar su vida. 

Sebastián Agudelo es del municipio de Cocorná al oriente del departamento de Antioquia, donde se ha formado como un reconocido líder social y ambiental llevando a cabo iniciativas en pro del bienestar de su comunidad. Estas acciones lo han convertido en blanco de amenazas, recibiendo aproximadamente seis, por su oposición a la presencia de las grandes centrales mineras e hidroeléctricas en el territorio, y el control político que viene realizando a funcionarios del lugar. 

La batalla por el agua

A finales de marzo, desde la Corporación Cocorná Consciente -la cual representaba en ese momento- empezó a recolectar firmas para llevar a cabo una audiencia pública ambiental al proyecto hidroeléctrico Cocorná III. Este municipio antioqueño fue bendecido con gran abundancia hídrica, pero esta también lo ha convirtió en el escenario propicio para atraer empresas generadoras de servicio energético a costa del agua. 

Iniciando 2020, tras 10 años de trámite, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) otorgó una licencia ambiental, para la construcción de una nueva hidroeléctrica en la cuenca del río Cocorná. El proyecto -que está demandado por el movimiento social y ambiental del territorio ante el Tribunal Administrativo de Antioquia-, se denominó Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Cocorná 1, y pretende generar 7,5 megavatios de energía. 

Aunque Cornare afirmó en su momento que la licencia otorgada cuenta con sustentos técnicos, jurídicos, académicos y científicos, vocerías de las comunidades aseguraron que no hubo un debido proceso de socialización y que las afectaciones serían graves para la cuenca del río Cocorná. 

Sebastián se ha mantenido en una lucha constante por la conservación del agua. Foto: Sebastián Agudelo

En ese entonces, Sebastián ya estaba abogando por la conservación de las fuentes hídricas del municipio realizando la marcha “Por la defensa de nuestros ríos”. Y aunque la lucha ha sido férrea, el poderío económico ha terminado por arrinconar a las comunidades y su deseo por conservar su patrimonio natural. “En Cocorná hay cuatro proyectos hidroeléctricos que son El Popal, Los Molinos, San Matías y San Miguel, y hay una licencia para el proyecto Cocorná I. Cocorná II está adelantando también el proceso de licenciamiento. Luego está Cocorná III y Pantágoras, este último logramos archivarlo”, le comentó a El Cuarto Mosquetero. 

Pero su lucha siguió contra Cocorná III, la cual está tramitando ante Cornare el otorgamiento de la licencia ambiental para llevar a cabo el proyecto de la hidroeléctrica. Para demostrar por qué no es conveniente para el municipio este plan, eran necesarias muchas firmas de la ciudadanía con el fin de llevar a cabo una audiencia pública. Poco después Sebastián recibió una amenaza. “Mandaron a decir con un familiar que si seguía jodiendo con el tema hidroeléctrico y no me iba del pueblo, me iban a matar”, recordó. Él ignoró esas palabras, no era la primera vez que lo intentaban intimidar. En 2016, lideró en Cocorná la campaña del Sí para el plebiscito que preguntaba a las y los colombianos si estaban de acuerdo con el Acuerdo de Paz, como consecuencia recibió una amenaza de un grupo paramilitar. Luego siguió recibiendo este tipo de intimidaciones debido a su activismo ambiental y control político. 

La amenaza que por poco le cuesta la vida

Pero en esta ocasión, esa última amenaza dejó de ser verbal y el pasado 22 de mayo, hacia las 10:00 de la noche, se convirtió en víctima de intento de asesinato, del que prefirió no dar detalles “porque alimenta el morbo” y aleja a las personas de la problemática real: “A los líderes sociales nos están sacando del territorio por nuestro activismo”, afirmó. Tras esa experiencia decidió irse del pueblo e interponer la denuncia ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección. En estos momentos está a la espera del accionar de estas entidades para salvaguardar su vida. 

En agosto del 2020, la organización internacional Global Witness publicó un informe que mostraba a Colombia ocupando el segundo lugar con asesinatos de líderes ambientales en el mundo con 24 víctimas, siendo superado por Filipinas, con 30 homicidios. Este año, la misma organización informó que el país escaló al primer lugar, con 64 asesinatos. El Acuerdo Escazú, que esperaba ser ratificado por el Congreso en el 2020, representaba una esperanza para hacerle frente al oscuro panorama, pero este acuerdo internacional que promueve la transparencia, el acceso a información ambiental oportuna y la protección de los líderes ambientales, ha sido frecuentemente aplazado. Como lo muestran las cifras, Colombia sigue siendo inseguro para quienes abogan por la protección y conservación de la riqueza ambiental.