Diecisiete años tardó el Estado en hacer justicia a la comunidad de Alto Iriqué, Villa Unión y El Paraíso, en Granada (Meta), luego de que líderes ambientales y la Junta de Acción Comunal entablaron, en el año 2006, una demanda de nulidad contra las resoluciones expedidas por la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) por otorgar licencias ambientales que posibilitaron la construcción y funcionamiento del relleno La Guaratara en medio de un ecosistema que debía protegerse.
A 82 kilómetros de Villavicencio se encuentra el municipio de Granada, la capital del Ariari. Y a un kilómetro de ese centro urbano, en la vereda Alto Iriqué, está el relleno sanitario La Guaratara.
Google Earth no miente: el relleno es un parche grande y gris que rompe con el espectáculo de la abundante vegetación del lugar. Quien camine por el territorio verá viviendas campesinas y potreros con vacas y caballos, así como gallinas, perros y gatos de los habitantes que llegaron a improvisar sus casas en los límites del relleno.
Humanos y animales soportan el aire nauseabundo, una mezcla de olor a vinagre y mierda, que emana de las 2.500 toneladas mensuales de desperdicios que llegan de distintos municipios del Meta. Y de los caños Gualas y Cural, que alguna vez tuvieron aguas cristalinas pero que hoy solo expelen aromas fétidos.
A pesar de las afectaciones que sufre el suelo en este territorio, crecen heroicamente cultivos de yuca, maíz, maracuyá y piña, de los cuales se alimentan familias que, a solo 800 metros del relleno, han invadido predios. El lugar se denomina El Paraíso y, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cuenta con 16.000 de los 75.000 habitantes que tiene el municipio de Granada.
Puñalada al medio ambiente
Vehículo de la empresa de servicios públicos del municipio de Granada. Fotografía: Ángel Saavedra.
En 2005 la administración de Granada (Meta) y la Empresa de Servicios Públicos de Granada retomaron cuatro estudios que habían iniciado en 1997 sobre terrenos aptos para la construcción de un relleno sanitario. La exploración era urgente porque en ese entonces, a finales del siglo anterior, el municipio tenía un serio problema de disposición de residuos sólidos: todas las basuras llegaban a un solo predio llamado La Sabana, a cielo abierto.
En los documentos se lee que optaron por la alternativa tres: 10 hectáreas cuyo nombre sería La Guaratara. Un territorio que no cumplía con los requisitos para este tipo de proyectos por su riqueza en fuentes hídricas, lagunas, esteros, y por ser apto para la agricultura. Eso no importó. Las maquinarias llegaron al lugar para apuñalar la tierra y abrir celdas, nombre con el que se designa la infraestructura que evita que la basura, y los líquidos que produce su descomposición –conocidos como lixiviados–, afecten el suelo.
La Guaratara recibe, desde su creación, los desechos de una docena de municipios de los 29 con que cuenta el departamento del Meta. Los restantes envían sus basuras al relleno Bioagrícola del Llano, ubicado en Villavicencio. Solo dos vertederos para 1.088.749 habitantes.
“Este relleno se construyó técnicamente muy mal. Fue muy mala la acción por parte de la Corporación Cormacarena, porque dio licencia para la construcción de rellenos sanitarios en los humedales de una sabana, cerca de la cabecera municipal de Granada”, explica Arístides Rodríguez, ingeniero agrónomo y directivo de Dignidades Agropecuarias del Ariari.
“Era una reserva forestal con nacimientos acuíferos. Estos fueron contaminados con la construcción del relleno; y a eso se le agrega la contaminación de los caños Auralito y Gualas, que desembocan en otras fuentes hídricas que, posteriormente, caen al río Ariari y a una de las principales fuentes hídricas del municipio de Fuente de Oro”, narra Rodríguez.
Aguas del caño Gualas, que nace unos metros arriba del relleno La Guaratara. Fotografía: Ángel Saavedra.
Durante 17 años de funcionamiento de La Guaratara, los habitantes no han parado de exigir que se clausure el relleno sanitario. Las enfermedades, la muerte de animales y el aire contaminado que respiran no les han robado la fuerza a los pobladores de las veredas Alto Iriqué y Villa Unión y, del barrio El Paraíso para exigir el restablecimiento del ecosistema.
“El relleno nos afecta la ganadería porque contamina el medio ambiente, las aguas, los pastos. Genera residuos sólidos, bolsas que en tiempo de altas brisas llegan a los potreros, y eso nos ha generado la muerte del ganado. No ha habido una autoridad competente que controle eso; aunque se han puesto querellas, oficios, no ha sido posible. Se muere un animal y muerto se queda. Nadie responde”, relata Rodrigo Rivera, habitante del sector y uno de los líderes de la zona que han luchado para que La Guaratara deje de existir.
“Teníamos ocho vaquitas, la mayoría estaban preñadas. Pero después de que se acercaban allá a las aguas que salen del relleno, la que no abortaba se me moría. Se murieron cuatro vacas. Nos tocó sacar el ganadito, no tener más animales”, cuenta José Díaz desde su casa, en límites con el relleno.
Y continúa su historia, sin parar, como quien reza un rosario: “Las aguas de acá no se pueden consumir. Me toca cada dos días ir al pueblo a comprar agua. Hubo muchas alergias al principio, y seguro uno se va como acoplando al medio ambiente. Se secaron los frutales; sembramos 50 acacias y ya no quedan sino 15”.
Pedir justicia ambiental
Aves de rapiña sobrevuelan el relleno sanitario La Guaratara, una imagen constante para los habitantes del área. Fotografía: Ángel Saavedra
Cansados de los problemas que trajo el relleno a la salud pública y al ecosistema, la Junta de Acción Comunal de Alto Iriqué, Villa Unión y El Paraíso entabló en 2006 una demanda de nulidad contra las resoluciones expedidas por la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena).
La demanda se estableció en contra de las licencias ambientales que posibilitaron la construcción y funcionamiento del relleno en medio de un ecosistema que debía protegerse, porque el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Granada establecía que ese suelo estaba direccionado a cultivos transitorios y semipermanentes.
La comunidad se enteró del relleno cuando empezaron a circular máquinas para su construcción. “Los demandantes informaron que Cormacarena, durante el trámite de evaluación del licenciamiento ambiental, omitió garantizar el derecho a la participación de la comunidad, porque no promovió espacios de socialización del proyecto y tampoco publicó el auto de inicio de esa evaluación. Aunado a ello, los vecinos se enteraron de forma tardía sobre el desarrollo de la obra”, se lee en la página 6 del fallo de la corte I.3.1., denominado ‘Errores de la fase de prefactibilidad’.
Portón de ingreso al relleno La Guaratara, al que llegan 2500 toneladas de residuos mensualmente. Fotografía: Ángel Saavedra
“Hace años hemos estado en la defensa ambiental en todo el sentido. Lo que pasa es que lamentablemente no hemos sido escuchados. Además, yo tengo escolta, porque por estar haciendo ese ejercicio he sido víctima de atentados y amenazas. Y no son grupos al margen de la ley, es el mismo gobierno que cuando uno los denuncia entonces se van contra los líderes y los tratan de desprestigiar”, narra Wilson Carrillo, defensor de derechos humanos de Granada.
Carrillo asegura que los momentos más complejos que ha vivido en sus diversas luchas ambientales, incluyendo el cierre de La Guaratara, responden al asesinato del presidente de la veeduría, y posteriormente del vicepresidente, quien era su gran apoyo en los aspectos jurídico y logístico.
En efecto, Colombia encabeza la lista de naciones en las que más se asesinan líderes ambientales. Solo en 2022, de los 212 casos reportados en el mundo, 65 habían ocurrido en nuestro país, informa Global Witness, una organización inglesa según la cual “la tasa de impunidad en los procesos de los asesinatos de los líderes es del 92 %”.
La mala administración del relleno
Volqueta cargada de residuos sólidos procedente del municipio de Granada, rumbo al relleno sanitario. Fotografía: Ángel Saavedra
Los pobladores del Ariari no solo han soportado la imposición del relleno, sino también su mala administración. Un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SIU) evidencia todos los incumplimientos a la ley que la Empresa de Servicios Públicos de Granada cometió en el manejo del relleno durante 2019.
Las conclusiones del informe se pueden leer en la siguiente infografía
La evaluación también revela que en esa visita seguían sin resolverse los problemas encontrados en 2016, “relacionados con el cubrimiento de residuos, el control de vectores y la señalización del sitio de disposición”.
Cormacarena, por medio de un derecho de petición, responde que, por incumplimiento de la normativa ambiental, así como de los requerimientos efectuados por esta corporación mediante actos administrativos, impuso medidas preventivas y sancionatorias a la Empresa de Servicios Públicos de Granada ESPG S. A., E. S. P.
No pasó nada. A pesar de las inconsistencias en el manejo, y de tener vida útil solo hasta el dos de mayo de 2019 –como se lee en el informe–, lograron ampliar su existencia tres años más. Tres años de daños ambientales que pocos cuentan.
¿Justicia ambiental?
Valla sobre la vía de acceso al relleno. Fotografía: Ángel Saavedra
17 años después de interpuestas las demandas, las comunidades recibieron la respuesta del Consejo de Estado: El relleno sanitario debe ser clausurado en un plazo de 18 meses, contados a partir del 26 de enero de 2023.
En la decisión tomada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, se lee: “La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida por la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Iriqué y por los ciudadanos José Uriel Peña Cortes, Luis Alberto Rivera Ramírez, Rodrigo Rivera Vega, Marcos Fidel Rubiano González, Luis Eduardo Sánchez López y Luz Marina Sánchez de Cortés, en contra de las resoluciones 2.06.05.-1015 del 14 de octubre de 2005 y 2.6.06-0008 del 13 de enero de 2006, expedidas por la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena”.
Los demandantes siempre tuvieron razón. Así lo acepta el fallo de la Corte, con fecha del 26 de enero de 2023:
Natalia Quijano, subdirectora de gestión ambiental de Cormacarena, responde mediante un derecho de petición que, tras estas decisiones, la tarea de la corporación es poner en conocimiento a los actores acerca de la imposibilidad de ampliar la vida útil del relleno sanitario La Guaratara porque el predio no tiene áreas para construir celdas y, además, por los términos en los que falló la sentencia.
¿Representa esto un paso para hacer justicia ambiental? Liora Mashe Cortés, habitante de la región y ambientalista, responde contundentemente: “A nosotros no nos van a resarcir por una razón: la zona tenía un valor cuando toda era ambiental. La única medida de justicia ambiental que puede hacer el gobierno municipal y departamental es que definitivamente se cierre el crecimiento de la ciudad de Granada por esa zona (del relleno) y se permita continuar con la vocación agrícola semiintensiva”.
De forma más política, Cormacarena responde que en el marco de la licencia ambiental que tiene la Empresa de Servicios Públicos de Granada deberán recuperar el área intervenida por medio de la reconformación morfológica, el restablecimiento de la cobertura vegetal y la revegetalización de taludes, entre otras acciones propias del proceso de clausura y posclausura del relleno.
Los municipios que se benefician del relleno La Guaratara ya ejecutan acciones frente a su inminente cierre, como se muestra en la siguiente infografía.
La recuperación del ecosistema queda en manos de una empresa que, según las evaluaciones de la SIU, no manejó adecuadamente el relleno. Una paradoja de cara a la justicia ambiental.
Bajo un cielo azul, envueltos en un aire contaminado y nauseabundo, los lugareños cuentan los meses que restan para que se cumpla la sentencia que tardó 17 años, y para empezar a sumar el tiempo que tardará la recuperación de un espacio que nunca debió convertirse en un vertedero de basuras.
Al cierre de este reportaje, la Empresa de Servicios Públicos de Granada no respondió ninguna comunicación para hablar del tema.
Por: Francy González
Esta historia forma parte del especial periodístico ‘Historias en clave verde: reportajes sobre justicia ambiental’, como resultado de la formación ‘CdR/Lab Memorias de la tierra: periodismo para cubrir temas de justicia ambiental’, apoyada por el Servicio Civil para la Paz de Agiamondo en Colombia.
