Informe final de la Comisión de la Verdad: tomas, arrasamiento de pueblos, uso indiscriminado de armas no convencionales y minas antipersona III

Para la Comisión de la Verdad el Estado colombiano no ha tenido la capacidad suficiente de integrar varios territorios, especialmente zonas rurales o de frontera a su integridad territorial. Sus políticas de integración en la mayoría de los casos han estado supeditadas a la presencia de la fuerza pública o entendiéndose que con la movilización militar se resuelven varios problemas, desconociendo políticas sociales que favorezcan la atención integral de la población.

Ante esta situación, los grupos armados como las guerrillas pudieron establecerse de manera rápida y fácil en cientos de municipios y vastas zonas del territorio, quedando estos como la única ley que las comunidades reconocieron durante décadas. De otra parte, otro aspecto que profundizó el aislamiento de las regiones, fue el acuerdo bipartidista que dio origen al Frente Nacional, generando como consecuencia el resentimiento de comunidades enteras, despojo de tierras y el ver a las insurgencias como una respuesta entendible para sus reclamos sociales.

En este sentido los gobiernos del bloque Conservador y Liberal agrupados en el acuerdo para el establecimiento del Frente Nacional, señalaron a estas zonas del país como áreas rojas, lo que agudizó el distanciamiento y terminó favoreciendo a los grupos de guerrilleras que encontraron en estos espacios respaldos importantes para su lucha armada. Las comunidades fueron sometidas a tratos que vulneraron sus derechos mediante asesinatos y detenciones arbitrarias con la intención de eliminar los apoyos a las guerrillas. Nada de esto dio los resultados esperados y las consecuencias sobreviven hasta nuestros días.

Así mismo, a pesar de las laxitudes con las que contó la insurgencia en las regiones debido al descontento popular, se generaron múltiples episodios violentos por parte de las guerrillas contra la población con el ánimo de crear estructuras de poder y de organización coercitiva. En todo caso, la población que fue atropellada durante por un Estado cada vez más ausente, también lo fueron con los grupos armados ilegales que dominaban y fungían como la única ley conocida en las regiones.

La Comisión ha establecido tres tipos de escenarios en la dinámica del control territorial y social por parte de las guerrillas. En primer lugar, figura la cotidiana y por afinidad política, establecida en algunas regiones de los Santanderes, el Magdalena Medio, Urabá, El Ariari, El Pato y El Caguán. Como segunda instancia está la generada por el oportunismo, en esta el detonante fue la economía ilegal derivada del narcotráfico en zonas como la Amazonía, la costa nariñense y las fronteras con Ecuador y Perú.

Por último, figura la configurada en un escenario de expansión territorial de las guerrillas en el marco de las hostilidades, como la perpetrada por las FARC en el occidente de Cundinamarca y otras regiones del país. Allí hubo procesos muy fuertes de presencia e imposición de las decisiones de la guerrilla que detonó en desplazamientos masivos, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, entre otros.

Por parte de la experiencia del ELN, estos se dedicaron a cooptar las agendas políticas de las poblaciones que reclamaban respuestas por parte del Estado. Al cabo de un tiempo en regiones como Arauca y el Catatumbo las comunidades quedaron sometidas a las ordenes e intereses del ELN. Desde luego, ese proceso, no fue pacífico.

Esas formas de presencia y control armado originaron, de forma inevitable, que las guerrillas dictaran disposiciones como si fueran ley. Se estructuraron las economías locales, tomaron partido en la solución de problemáticas o diferencias comunitarias y se cometieron varios abusos que no tuvieron respuesta por parte del Estado. Para agravar la situación, el Estado y sus narrativas señalaron a las comunidades, poniéndolas en posición de indefensión y vulnerabilidad con todos los grupos armados, como los paramilitares.

Uno de los casos del rechazo a los continuos abusos de la guerrillas de las FARC contra una comunidad entera, fue el narrado por un habitante del municipio de Topaipí, Cundinamarca: “Ellos explicaban todo eso de la revolución y todo eso que por qué venían, si nos parecía bien esto que estaba haciendo el Gobierno, los grandes terratenientes que explotaban a la gente, que todo eso, […] pero después no, ya no, yo ya me vine de allá y ahí se fueron como expandiendo y así a los grandes finqueros y eso, empezaron a hacer pagar a la gente un salario, y los sábados y los domingos que no se pagaban […] reconocerle la semana completa y como hacerle reconocer los derechos. […] »[El conflicto empezó] porque la gente ya se empezó a cansar, ya empezaron los abusos, a pedir plata por todo, por ejemplo, ya se paraban a la entrada del pueblo y que, si usted traía una carga de naranja, de caña o de panela, entonces tocaba darles la mitad a ellos, que si ganado, que los que tuvieran carro les tocaba dar una cuota que por el transporte, y que tenían que colaborar”.

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